El gobierno busca legalizar la existencia de
“información secreta”: sería clasificada a criterio del director de los
servicios de inteligencia sin un marco de contralor claro del Poder
Legislativo, sólo se podría acceder a ella con autorización del presidente
–cuya decisión sería inexpugnable– y el Poder Judicial no tendría la
posibilidad de solicitarla. Los artículos de la Sección II del proyecto de la Luc votados ayer en el Senado conforman
un combo de opacidad difícil de separar del legado de la inteligencia uruguaya
en relación con el control social mediante la vigilancia y la represión.
“Me pregunto qué tienen de
mí, qué quieren de mí, qué temen de mí. […] ¿Por qué inteligencia militar se
toma ese trabajo con periodistas y defensores de derechos humanos? ¿Qué tienen
ellos para o...
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