El gobierno busca legalizar la existencia de “información secreta”: sería clasificada a criterio del director de los servicios de inteligencia sin un marco de contralor claro del Poder Legislativo, sólo se podría acceder a ella con autorización del presidente –cuya decisión sería inexpugnable– y el Poder Judicial no tendría la posibilidad de solicitarla. Los artículos de la Sección II del proyecto de la Luc votados ayer en el Senado conforman un combo de opacidad difícil de separar del legado de la inteligencia uruguaya en relación con el control social mediante la vigilancia y la represión. “Me pregunto qué tienen de mí, qué quieren de mí, qué temen de mí. […] ¿Por qué inteligencia militar se toma ese trabajo con periodistas y defensores de derechos humanos? ¿Qué tienen ellos para o...
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