Nos sorprende haber dejado de oír, en estos días, la cantinela de la relevancia de los equilibrios macroeconómicos y la virtud de la regulación por el mercado; la cantinela de que toda intervención del Estado genera su distorsión y, en función de ello, toda la sociedad lo paga, y la cantinela de la necesidad de reducir los gastos del Estado y abrir las fronteras para que nuestros mercados reciban nuevas inversiones, etcétera. Son máximas que, por ser constantemente repetidas, aparecen como verdades absolutas. En una palabra, se subordina nuestra convivencia social a las leyes económicas, que, además, se presentan como imposibles de cambiar.
La pandemia del coronavirus nos ha hecho volver a la realidad de forma estrepitosa. Vivimos en sociedad y cada sociedad forma parte de una comunidad de sociedades. A su vez, la sociedad está conformada por interrelaciones sociales entre seres humanos, desde las más simples, que implican contactos personales, hasta las más complejas y sofisticadas, que se dan a través de los medios electrónicos (las redes) y los medios masivos de comunicación.
Tener en cuenta que vivimos en la sociedad y dependemos de ella continuamente nos lleva a preguntarnos cómo esta es posible, nos obliga a reflexionar sobre cuestiones centrales: cómo la construimos, aun cuando sabemos que es una unidad compleja, y cómo logramos su cohesión interna. Por otro lado, casi como consecuencia de lo anterior, nos preguntamos también cómo tomamos decisiones colectivas que tengan vocación de ser unánimes para todos los que vivimos en la sociedad.
El gran mecanismo de cohesión en una sociedad es la solidaridad social. La perspectiva solidaria modifica ampliamente nuestra mirada sobre el mercado de trabajo y, en particular, sobre cómo evaluamos el trabajo, no por su valor económico, sino, justamente, por su valor solidario.
1. La cohesión social en torno a la lucha contra el coronavirus.
En una primera línea solidaria encontramos al personal de la salud, que se la está jugando en esta lucha. El ministro de Salud señalaba (en cifras muy preliminares) que el 10 por ciento de los enfermos de covid-19 son trabajadores de la salud. Posiblemente, este es el sector en el que se concentra la mayor cantidad de infectados por el momento. Todo indica, además, que en las siguientes fases de la pandemia en nuestro país trabajarán sometidos a cada vez más presión. Debemos ser solidarios con ellos, porque ellos son solidarios con toda la sociedad. También debemos serlo con quienes asisten a enfermos, ancianos y niños con dificultades, en sus casas o en hogares, porque estos trabajadores están muy expuestos a contagiarse. Es el caso de los asistentes personales del Sistema Nacional de Cuidados, quienes juegan un papel fundamental en este contexto. La experiencia de los países desarrollados muestra que es en los hogares de ancianos donde más mueren enfermos en fase de contagio generalizado. ¿No sería necesario buscar la forma de que tanto el personal de la salud como el personal de asistencia tuvieran un apoyo muy fuerte y controles regulares (test) para prevenir eventuales contagios en una fase temprana, tanto por ellos mismos como por la población de alto riesgo?
En una segunda línea de fuego están quienes trabajan en la cadena de la alimentación y otros servicios básicos. Mantener esta cadena en plena actividad es crucial para que la sociedad siga funcionando. Por lo que se sabe, se han tomado medidas de apoyo para los trabajadores de este sector, pero fundamentalmente con los que tienen una relación directa con el público. Aun así, nuestra percepción es que algunas de las medidas tomadas no se cumplen. El sábado, en el horario reservado para los adultos mayores, pululaban en los supermercados personas de todas las edades. Es necesario saber si no deberían también adoptarse medidas para quienes están en las fases intermedias de la alimentación, como la de distribución. Es muy importante la activación, ante los riesgos de contacto, de cadenas de venta directa para que el consumidor reciba los alimentos directamente en su casa sin tener que concurrir a los centros de acopio ni a los supermercados. Esto es muy positivo, ya que reduce interrelaciones sociales y, con ello, posibles contagios. Pero ¿se están tomando todos los recaudos para evitar el contagio en estas cadenas? En muchos países se han prohibido las ferias; en otros se ha regulado la distancia entre los puestos de venta de fruta y verdura, y se controla el acceso a ellos limitando a 100 la cantidad de clientes que pueden comprar al mismo tiempo. También en esta cadena larga y compleja están los trabajadores rurales que producen alimento. En Francia, se han creado protocolos para que en las actividades rurales se mantenga una distancia estándar entre los trabajadores. No olvidemos que estos lugares de trabajo, en su mayoría, están alejados de los centros de salud. En la alimentación, los protocolos de seguridad sanitaria y su vigilancia, tanto para los trabajadores como para los clientes, son imprescindibles, ya que no existe en este sector la tradición que puede haber en el de la salud.
Otro sector de la segunda línea es el de los servicios públicos, empezando por quienes los utilizamos cotidianamente, porque justamente son eso: servicios públicos. Nos sería muy difícil vivir en medio de la pandemia sin luz, agua, electricidad y medios de comunicación, y dejar de percibir nuestras jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Podríamos seguir con una lista muy larga de servicios imprescindibles para la sociedad. Mantenerlos de forma eficiente también supone que muchos de los trabajadores que permiten que sigan funcionando corran el riesgo de contagiarse. ¿Qué medidas y previsiones se están tomando para que sigan funcionando si la pandemia se agrava?
Una tercera línea de fuego está en quienes trabajan fabricando productos indispensables para combatir la enfermedad, como el alcohol en gel y las máscaras de protección, que difícilmente podremos importar en esta coyuntura. Por su actual demanda y su potencial crecimiento, la producción de estos requiere una rápida capacidad de adaptación a partir de las líneas ya existentes. Ello será posible gracias a la gran capacidad de adaptación de nuestros trabajadores. Una pregunta central es la siguiente: el Latu o quien sea, ¿está supervisando la calidad de estos productos, fabricados a veces en forma artesanal? Por ahora, no se ha escuchado hablar de los lentes protectores para los trabajadores de los hospitales. En muchos países, se les está cambiando el formato para que no perjudiquen a los trabajadores que los usan muchas horas por día. ¿Se está haciendo algo al respecto aquí, en Uruguay? Celebramos los convenios del Msp con la Udelar y el Instituto Pasteur sobre los test de diagnóstico de la enfermedad, superando absurdas reticencias ideológicas (el diario El País evitó reconocer a la Udelar y sus científicos, y le otorgó todo el crédito al Msp). Sabemos que países como Corea y Singapur han logrado extraordinarios resultados al detectar tempranamente el virus, con el objetivo no de curarlo, sino de aislar a los contagiados para que no expandieran la enfermedad. Preocupa, con todo, la producción de respiradores para las nuevas fases de la pandemia. Lo que sabemos es que esto se está transformando en un auténtico cuello de botella en países como Italia, Estados Unidos y Francia, por lo menos. Tenemos noticias de alguna iniciativa privada aquí, en Uruguay, para adaptar equipos y transformarlos en respiradores. ¿No sería una buena cosa solicitarle a la Facultad de Ingeniería de la Udelar que diseñara equipos que pudieran transformarse rápidamente en estos respiradores? Sabemos que en Italia se han adaptado con este fin equipos originalmente destinados a la pesca submarina. Por la competencia de muchos de nuestros trabajadores, tenemos total confianza en que rápidamente accederían a fabricarlos si se les dieran las condiciones para hacerlo. Este enorme esfuerzo de creatividad y adaptación tiene también un fuerte valor solidario. Aun así, el cierre definitivo de Funsa no nos permite pensar cómo podrían producirse guantes de látex, tan necesarios en este momento.
2. La cohesión social contra el efecto devastador del coronavirus en el mercado de trabajo.
La pandemia ha tenido otro impacto negativo: la contracción generalizada del mercado de trabajo. Esta afecta, sobre todo, a los trabajadores que se encuentran en una situación de mayor fragilidad. Según la encuesta que el 20 y el 21 de marzo hizo el Monitor Trabajo de Equipos Consultores: “El 80 por ciento de los trabajadores considera que es probable que el covid-19 cause importantes dificultades económicas en su hogar. En el caso de los cuentapropistas, este porcentaje aumenta hasta el 94 por ciento”. El 6 por ciento de los trabajadores (asalariados) declara que se ha despedido a algún trabajador de su empresa –valor que asciende al 10 por ciento en el sector del comercio– y el 27 por ciento considera que es probable o muy probable que se lo envíe a seguro de paro.
En cuanto a los cuentapropistas y los patrones: “El 52 por ciento declaró haber tenido que cerrar o paralizar sus actividades productivas. Casi el 70 por ciento de estos trabajadores declara que hubo días en que no pudo salir a trabajar, que trabajó menos horas y que dejó de percibir ingresos. Estas consecuencias se vieron con mayor intensidad en el caso de los cuentapropistas y patrones informales que en los formales”.
En este clima de grandes dificultades, una nota positiva es que a los trabajadores de las empresas les han informado claramente de los planes de acción vinculados al covid-19 (un 70 por ciento lo afirma) y que, en este contexto, el 61 por ciento siente que los responsables del trabajo se preocupan por su bienestar –aunque este porcentaje baja al 52 por ciento en los empleados del comercio.
Aunque en los barrios populares y los pueblos del Interior la población no necesitó conocer las estadísticas para lanzarse a organizar ollas populares con trabajo voluntario solidario, se nos viene una ola de pobreza como en la crisis del principio del siglo XXI. Estos emprendimientos, aunque inevitables, presuponen la concentración de personas, lo que puede ser riesgoso desde el punto de vista sanitario si no se toman recaudos.
Más allá de las canastas alimentarias y los ajustes de los seguros de paro que el gobierno ha implementado, más allá de redistribuir la masa salarial y parte de la renta de los jubilados para favorecer a los más necesitados, ¿no habría que pensar que a los sectores más pudientes de la sociedad –que, por cierto, no son los asalariados públicos ni la gran mayoría de los jubilados– también habría que “forzarlos” a ser solidarios con el resto de la población para encarar esta crisis social y sanitaria? ¿No habría que pensar que en esta situación trágica que vivimos se requiere una auténtica ley de urgente consideración, que deje para más adelante las temáticas de los borradores que se habían elaborado? Total, las mayorías parlamentarias se tienen –y no van a cambiar– como para sacar leyes como si fueran decretos.
* Sociólogo