El (vil) precio de la sangre

Mucho se han denunciado los expolios directos que acompañan las intervenciones militares que las potencias occidentales llevan a cabo periódicamente, sobre todo en África, bajo diversas coberturas, en especial la de las «misiones de paz»: la ocupación más o menos duradera de partes de territorios, la apropiación de recursos naturales, los beneficios obtenidos por empresas originarias de los países interventores en los proyectos de «reconstrucción» y otras formas de aprovechamiento ligadas, a menudo, a la instalación o la permanencia de gobiernos «amigos» en los países «ayudados». Menos se habla de un aspecto de esas intervenciones que sus protagonistas (los gobiernos y las fuerzas armadas interventoras) presentan como «un acto de responsabilidad con las poblaciones locales»: las indemnizaciones que pagan por los daños (muertes, heridas y destrucción de viviendas, campos y lugares de trabajo) causados a los habitantes de los países donde son «llamados» a actuar.

Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias occidentales «practican regularmente, desde hace más de 20 años, una política de indemnizaciones financieras» en los países en los que intervienen, apunta una investigación publicada a lo largo de las últimas dos semanas por el portal francés Mediapart. Todas dicen sentirse orgullosas de hacerlo, al punto de que en Francia, por ejemplo, el sitio web del Ministerio de Defensa llegó a presentar una crónica (un artículo de propaganda, en realidad) de la sacrificada y meritoria jornada de un oficial encargado del pago de reparaciones.

Pero no por nada todo lo relacionado con los detalles de estas indemnizaciones se mantiene bajo un estricto secreto. En Francia ni siquiera el Parlamento tiene control sobre esos gastos, que llegan a varios millones de euros al año. El silencio que los rodea, sugiere Mediapart, probablemente se deba a que el Ejército no quiere que se sepa hasta qué punto sus integrantes cometen atropellos en los países extranjeros en los que operan ni el monto de las reparaciones, que son estimadas en función de cálculos estratégicos y a menudo son insultantes. Algunos pocos millones de euros para un presupuesto que supera los 37.000 millones al año son una bicoca, observa la publicación.

El portal logró acceder, por primera vez, a documentos internos del Ministerio de Defensa francés que dan cuenta de casos catalogados en el rubro de daños colaterales referidos a intervenciones en distintas regiones: desde los Balcanes –en los años noventa, en el marco de la guerra en la antigua Yugoslavia– hasta la República Centroafricana y la zona del Sahel –hace muy pocos años–, pasando por Afganistán y las Comoras. También entrevistó a algunas víctimas que están litigando contra los militares franceses o las autoridades de sus propios países o que han llegado a cobrar esas indemnizaciones y cuyos expedientes están identificados como «protocolos transaccionales».

PRIORIDADES

La mayoría de las tropelías no llegan a ser reparadas. Raramente lo son las violaciones, por ejemplo, que a menudo tienen embarazos como resultado. Son de las situaciones más insultantes para el honor militar. En general, los casos son filtrados por los evaluadores designados por las propias fuerzas armadas, a los que la burocracia militar designa como «encargados de los contenciosos». «Es habitual que las víctimas exageren», dice en un informe de 2014 uno de los oficiales que operaron en Afganistán. De ahí se parte: de las «exageraciones» de los reclamantes.

En los casos que sí son reparados, las indemnizaciones aparecen como totalmente arbitrarias y hasta ridículas. Los montos son regateados como si se tratara de «una negociación en un mercado de alfombras», según otro oficial, y varían en función del interés que pueda presentar para el Ejército mantener buenas relaciones con tal o cual población. En los países del Sahel, un cinturón entre desértico y sabanero que abarca una decena de países extremadamente pobres, prácticamente no ha habido pagos o han sido muy muy exiguos. «Una decena por año», según integrantes del Estado Mayor del Ejército interrogados por Mediapart. Parece extremadamente poco «en relación con el número potencial de “daños colaterales” (desde muertes hasta incendios o la destrucción de campos y viviendas, pasando por accidentes con vehículos militares) causados por la presencia de militares» en la zona del mundo en que Francia dispone de su mayor contingente en el exterior.

París comenzó interviniendo en Malí en 2013 –al principio, a pedido del gobierno local para combatir al yihadismo, en el marco de la Operación Serval– y se extendió luego a otros cuatro países de la zona: Mauritania, Burkina Faso, Níger y Chad –a través de la Operación Barkhane–. Lo menos que se puede decir, observa el portal, es que indemnizar a la población civil no figura para nada entre las prioridades del Ejército del «país de los derechos humanos» en el Sahel.

35 BUEYES, 70 BUEYES

Un instructivo militar recomienda negociar «duramente» el valor de una pierna, un brazo, un ojo. Siempre en función de lo establecido por las leyes del país «receptor». Nunca de las leyes francesas. Narcisse Mbetinguiza, nacido en Bangui, República Centroafricana, recibió 252 euros de indemnización por un balazo fait en France que le perforó el abdomen. Si hubiera sido baleado en París, habría cobrado entre 8 mil y 20 mil euros, estima el portal. Para que al indemnizado no se le ocurra querellar en los tribunales franceses (algunos pretendieron hacerlo) se le hace firmar un documento que estipula que, para poder cobrar lo que se acuerda en su propio país, que Francia avala (más vale pájaro en mano que cien volando, se les sugiere), debe renunciar a cualquier otro reclamo.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que para calcular las indemnizaciones se echaba mano, incluso, de las «costumbres» locales. En los ochenta, en Chad, en el marco de la Operación Manta, recuerda Mediapart citando un libro de dos comisarios franceses que operaron en ese país africano, las indemnizaciones a pagar «en caso de la muerte accidental de un ciudadano local provocada por un militar francés eran calculadas sobre la base de un baremo establecido por el derecho tribal en función del sexo»: por un varón, 75 bueyes; por una mujer, 35. Jamás un militar francés (o estadounidense, o británico) será juzgado por los tribunales locales, aunque sea culpable de asesinatos o violaciones. Así lo establecen, negro sobre blanco, los acuerdos firmados con los gobiernos de los países «asistidos» antes del desembarco de las tropas.

EL NEC PLUS ULTRA

El caso de Malí es extremo. Con el pretexto de que había sido convocado por el gobierno local, el Ejército francés impuso como condición que cualquier «error» que pudieran cometer sus soldados fuera cubierto por los malienses, que debían montar una institucionalidad ad hoc para hacerse cargo de las eventuales reparaciones civiles de las víctimas.

Medipart da cuenta de varios casos de horrores ocurridos en Malí en los últimos siete años, desde que comenzó la Operación Serval. Por ejemplo, el del campesino Idrissa Maiga, que en la mañana del 11 de enero de 2013 perdió a su pareja y a sus tres hijos chicos (y todos sus bienes) en el bombardeo de su casa. Se probó que en la operación el papel clave lo jugaron helicópteros franceses. Un peritaje judicial estableció que por la muerte de sus familiares debía cobrar el equivalente a unos 60 mil euros (45.734 por «los daños colaterales a tres niños fallecidos» y 13.720 «por los daños colaterales a la esposa fallecida»), pero nadie los pagó. Lo mismo sucedió con el ametrallamiento de una camioneta que transportaba ganado en la que viajaban tres varones de entre 12 y 48 años y con un niño de 10 años que cuidaba unos burros. Fueron confundidos con combatientes yihadistas y asesinados «por error». Al niño lo enterraron clandestinamente. Nadie sancionó a los culpables ni reparó a los familiares. En todos estos casos, y en muchos otros, los franceses se lavaron las manos en virtud del acuerdo firmado. El sistema que debía montarse en Malí para hacerse cargo de las reparaciones jamás se puso en funcionamiento. Un dato al pasar: Malí es uno de los países más pobres del mundo, el 188 en los 192 del ranking de ingresos per cápita de Naciones Unidas (ONU).

Compromisos como el que Francia impuso a Malí no deberían tener validez alguna, «ni ante el derecho ni ante la moral», considera el abogado maliense Seydou Doumbia, presidente de Abogados sin Fronteras-Malí, quien litiga habitualmente en jurisdicciones penales internacionales. Son, sin ir más lejos, violatorios de convenciones de derechos humanos suscritas por el Estado francés. «En casos de violaciones a los derechos humanos, los tratados prevén la obligación de hacer investigaciones y, llegado el caso, trasladar a sus autores a los tribunales y acordar una reparación para las víctimas. Lo establecen claramente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la jurisprudencia europea», dijo a Mediapart Elvina Ponthelet, doctoranda en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra e investigadora especializada en el derecho internacional aplicable a los conflictos armados. Y agrega: «Un Estado no puede simplemente delegar a otro el deber de investigar y reparar las violaciones cometidas por sus propios soldados y menos despreocuparse por lo que ocurre en la práctica».

Por supuesto que lo que vale para Francia vale para otros países interventores, especialmente para la potencia imperial, que se arroga el derecho de nunca responder por ningún crimen en la Corte Penal Internacional, a la que sí exige que someta a sus enemigos. Un recurso de acceso a la información presentado por dos periodistas de Dinamarca permitió saber que el país nórdico pagó 6.700 euros por la muerte de una niña de 5 años y las graves heridas causadas a su hermana y su padre, y 36 mil euros por el asesinato «por error» de cinco personas en Afganistán, entre ellas, dos niños. En Estados Unidos, a estos gastos por muertes o heridas infligidas a civiles los llaman condolence payments (pagos por condolencias). En 2010 miles de documentos al respecto fueron liberados por el Ministerio de Defensa tras un recurso presentado por la Unión por las Libertades Civiles. De acuerdo a esos y otros archivos, entre octubre de 2005 y setiembre de 2014, Estados Unidos pagó, sólo en Afganistán, unos 5,1 millones de dólares por concepto de condolence payments.

Los oficiales estadounidenses disponen de un manual de instrucciones para saber cómo manejarse en estos casos. Se titula Commander’s Guide to Money as a Weapons System Handbook, algo así como «Guía del comandante para utilizar el dinero como sistema de armamento», y en su primera página incluye una cita del general David Petraeus, que fue comandante de las fuerzas de intervención del país norteamericano en Irak y Afganistán: «Mi arma más importante en esta guerra es el dinero».