La política, en su más amplio sentido, es virtuosa cuando está comprometida con el bien común. Ese propósito, heredero de la Ilustración europea, apunta al bienestar, no individual, sino de toda la sociedad. Implica que los actores políticos –ya sean los que se sientan en el Palacio Legislativo, los que se reúnen en la torre presidencial o los que trabajan en reparticiones estatales– deberían asegurar políticas públicas adecuadas, competentes y eficientes.
Esos entendidos de la política y la gestión estatal están cambiando poco a poco, reorientándola a los ámbitos y decisiones individuales. Episodios que para muchos resultarían desconectados, como la renuncia de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, o el manejo de la crisis en el agua potable, expresan ese viraje.
EL INDIVIDUO CARGA CON LOS RIESGOS
La decisión gubernamental de aumentar los niveles de sodio y cloro en el agua que se distribuye en el área metropolitana está enmarcada en un peculiar razonamiento político: el Estado se retrae, se libera de responsabilidades, achacándoselas a la sequía (como parecen decir el presidente y otros jerarcas), y transfiere las incertidumbres y los riesgos a los ciudadanos. Cada vecino deberá decidir si utiliza o no el agua de OSE, en tanto ese ente dejó de asegurar su potabilidad. Deberá evaluar por sí solo su estado de salud, los riesgos de acuerdo a sus patologías médicas e, incluso, debería calcular los miligramos de sodio consumidos cada día. Considerará gastar dinero en comprar agua embotellada, y habrá de desentrañar sus etiquetas para descubrir las concentraciones en sodio.
Lo que antes debía ser asegurado por el Estado para atender el bienestar colectivo ahora quedó en manos de individuos. Esto inmediatamente provoca desigualdades. Mientras algunos superarán esta crisis por disponer de conocimientos, paciencia o dinero, amplios sectores populares serán afectados. Allí estarán quienes no tienen dinero para comprar agua embotellada, quienes desconocen sus antecedentes de salud, y hasta es una incógnita cómo se manejarán con indicaciones que se expresan en miligramos (qué quiere decir esa unidad, se preguntan varios).
Al mismo tiempo, siempre que los riesgos sobre el bienestar colectivo, como los referidos a la salud y el ambiente, son trasladados a los ciudadanos, se expresa también una incapacidad del Estado. OSE ya no tiene capacidad para asegurar que el agua que distribuye es potable, el ministro de Ambiente lo reconoce, pero la de Salud Pública tolera ese incumplimiento. La gestión estatal se volvió incapaz y lo confiesa.
Los dichos de una jerarca que propone que en lugar de gastar dinero en gaseosas se compre agua embotellada no solo muestran falta de empatía, sino que revelan que se minimiza toda la situación, asumiéndose que se resolvería con cambios en las compras y en el presupuesto del hogar.
La confianza en los controles y en la información que brinda el Estado seguramente se resquebrajó para muchos sectores ciudadanos. Es que ni siquiera hay certeza sobre cuál es el real aumento en las concentraciones de sodio y cloro, tal como pusieron de manifiesto los análisis de la Intendencia de Montevideo y las advertencias del sindicato de OSE.
Este caso es una evidencia más de un viraje en los modos de entender, sentir y practicar la política. Se retrae el Estado, se relega sus capacidades para buscar el bienestar colectivo, y se privatizan las acciones y los riesgos. Ese cambio se camufló bajo el eslogan de la «libertad responsable» y las medidas tomadas durante la pandemia, aprovechando la aceptación o resignación de buena parte de la ciudadanía.
Por lo tanto, así como ahora OSE les traslada sus limitaciones a los vecinos, otro tanto ocurre en otros sectores. Languidece la educación pública estatal, pero, bajo la libertad entendida de aquel modo, quien puede enviará a sus hijos a escuelas o liceos privados. La seguridad en las calles se deteriora, pero todos son libres de comprar alarmas, cámaras o servicios de vigilancia.
LO VOLVERÍA A HACER
Las elites políticas empujan hacia este viraje. Ellas pueden pagar por el agua embotellada, los colegios o la seguridad privada. Entienden que esa búsqueda del bienestar común es una cháchara pasada de moda, y buscan suplantar la justicia social –por su tufillo izquierdista– con un asistencialismo caritativo, tanto gubernamental como empresarial.
El viraje político es posible porque sus promotores no aceptan errores ni aprendizajes. Lo dejó muy en claro Irene Moreira al renunciar al Ministerio de Vivienda, con su desafiante declaración de que volvería a dar «a dedo» un apartamento. Más allá del caso, lo que es revelador es no sentir vergüenza por ello y afirmar que repetiría el mismo proceso. En ese volver a hacer descansa no solo sentirse un privilegiado más allá de las normas, sino naturalizar la repetición de errores sin aprender de ellos, sin avergonzarse.
Esta paulatina privatización de las políticas públicas es disimulada por campañas de publicidad, gestos y símbolos. El caso más estridente en estos días es el de un Ministerio de Ambiente dedicado a preparar una nueva feria y exposición en el parque Batlle, mientras se transita una gravísima crisis del agua.
Todo esto es posible porque el presidente ha priorizado organizar la gestión estatal en función de los partidos de la coalición. No se elige a los ministros por sus competencias o experiencia en los temas de cada cartera, sino que las designaciones están en manos de líderes partidarios que siguen otros criterios. Ese procedimiento resultó en Salud Pública, pero viene fracasando en el Ministerio de Ambiente, así como en otros. La mala gestión se puede disimular con la publicidad, pero más tarde o más temprano colapsará.
De estos y otros modos asoma un viraje en cómo se concibe la política. Es paulatino y está escondido en las reivindicaciones de libertad y responsabilidad. Es un recorte de las capacidades estatales mientras se reemplaza la justicia social por una mezcla de publicidad y filantropía. Es carcomer esa esencia de la política, como búsqueda y construcción virtuosa del buen vivir en común, y reemplazarla por decisiones individuales. Pero, claro, no faltará quien diga que este viraje es culpa de la sequía y el gobierno nada tiene que ver.
