Entre un público que llevaba pins con la leyenda “Por los derechos de todos, yo no firmo”, los oradores insistieron en las desventajas de bajar la edad de imputabilidad y endurecer las penas. Si bien el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, planteó que no hay que “disimular” el incremento de la participación de menores fundamentalmente en rapiñas y hurtos, y marcó una “discrepancia” con la unicef y las ong que dicen que esa participación es del 5 por ciento, sostuvo que “muchos representantes de organismos internacionales nos han advertido que en todo el mundo esas políticas (las de bajar la edad de imputabilidad y agravar las penas) fracasan, y en poco tiempo producen lo contrario a lo que buscan, llevando a que la edad en la que se cometen delitos tienda a ubicarse cada vez más por debajo de la edad de imputabilidad”.
Los oradores hicieron hincapié en que varios de los puntos incluidos en la iniciativa de reforma constitucional del Partido Colorado (pc) ya están siendo tratados en el Parlamento –como la creación de un instituto en materia de responsabilidad penal juvenil y el mantenimiento de los antecedentes–, por lo que la consulta plebiscitaria de cara a las elecciones de 2014 sería, en palabras del diputado Julio Bango, “inútil, incoherente, contradictoria y demagógica”. En ese sentido, el presidente del sindicato del inau (suinau), Joselo López, afirmó que al senador Pedro Bordaberry “no le interesa una solución al problema, le interesa posicionarse para las elecciones”.
Por su parte, Guillermo Paysée, defensor de menores, planteó que la propuesta implicaría un aumento en la duración de las penas, al tratar a los infractores mayores de 16 años como adultos, más allá de que la privación de libertad esté enmarcada en un instituto exclusivo para jóvenes de 16 a 18 años. Asimismo, señaló que el Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado en 2004 contiene normas que respetan la Convención de los Derechos del Niño con la que se comprometió Uruguay. “No me parece bueno que esos temas estén tan politizados en lugar de ser planteados desde un punto de vista técnico, sobre todo en asuntos que involucran a niños y adolescentes que no tienen voz propia”, apuntó Paysée.
En el mismo sentido, la unicef advirtió que de aprobarse la rebaja de la edad de imputabilidad se estaría contraviniendo la convención sobre los derechos de los niños firmada por Uruguay en 1990. En su comunicado, la unicef sostiene que “hay consenso entre múltiples actores sobre las inaceptables condiciones en las cuales los adolescentes cumplen la privación de libertad. Esta situación, sumada al significativo número de fugas, alimenta la percepción de impunidad en parte de la opinión pública”.
Por otra parte, el rol de los medios de comunicación y su tendencia a sobredimensionar el papel de los adolescentes infractores sobre el total de los delitos fue un tema recurrente. Javier Salsamendi, presidente del inau, opinó que a los medios “les importa vender y no informar”. Paysée se refirió al manejo informativo de algunos medios cuando aluden a los adolescentes incluso por la negativa: ante delitos cometidos por adultos, acotó, se emplea la frase “no estarían involucrados menores”.
Entretanto, Bango aportó algunos datos significativos: de un total de 260 mil adolescentes en Uruguay, sólo 350 están internados en hogares del inau privados de libertad, y entre 300 y 350 se encuentran con medidas alternativas. Mientras, son 8.800 los adultos presos.
CONTENER. El presidente del inau se refirió a los contenedores en los que se alojará a 32 jóvenes presos. Las imágenes de aquéllos fueron difundidas por una funcionaria del instituto y causaron revuelo por su semejanza con los utilizados en el penal de Libertad.
Salsamendi sostuvo que los contenedores “no eran un secreto; los mostramos seis meses antes, salió en todos los canales de televisión y en todos los diarios. Aclaramos que son una solución provisoria que precisamos porque no es posible reparar el Centro de Ingreso Transitorio, un lugar tan tenebroso; mientras tanto hay que llevar a los gurises a otro lugar. Tan provisorios son que no los compramos, son alquilados”. Por su parte, Joselo López planteó que “la solución de fondo no puede ser la habilitación de contenedores. Ahora bien, queremos decirles a los que no conocen la situación en la que hoy están alojados los gurises, que como alternativa transitoria no nos animamos a descartarla”.
NO PERO SÍ. Mientras que el siunau no acuerda una postura respecto al mantenimiento de los antecedentes, el Frente Amplio (fa) presentó ayer jueves a la Asamblea General –en conjunto con los acuerdos multipartidarios logrados en la comisión bicameral de seguridad– la propuesta de legislar el mantenimiento de los antecedentes ante cinco tipos de delito considerados “gravísimos”: rapiña, copamiento, homicidio, secuestro y violación. Ya Bonomi había anunciado una postura favorable al mantenimiento de los antecedentes, que finalmente obtuvo consenso en el fa con el apoyo de Bango, que aunque en un primer momento no era partidario de esta medida finalmente aceptó; e hizo su mea culpa por la inclusión de delitos que, según el aporte del defensor de menores, no son atribuibles a adolescentes. Es que, según Paysée, en las 3 mil defensas de menores que lleva hechas nunca se topó con un adolescente involucrado en un caso de secuestro, y como mucho una vez ante uno de violación. (Cabe aclarar que la modalidad de secuestro express entra en la tipificación de copamiento y no de secuestro.)
Mientras, Bonomi explicó a Brecha que el mantenimiento de los antecedentes debe ser por un tiempo limitado, y sin especificar luego de qué lapso serían borrados, sostuvo que los acuerdos internacionales firmados por el país establecen que los antecedentes deben eliminarse después de transcurridos, como máximo, dos años.
Acerca del nuevo Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente que se intenta instrumentar, y que sustituiría al actual Semeji, Salsamendi planteó que la intención es que posea un presupuesto claramente definido y una autonomía tal que permita jerarquizar otras áreas del inau muchas veces relegadas. También reclamó la participación y el apoyo de los ministerios de Salud, Interior, Desarrollo Social, Educación y Cultura y de la anep; “no es un tema para una sola institución”, dijo. En el nuevo instituto se prevé desarrollar dos nuevos programas relativos a medidas curativas (en drogadicción y psiquiatría) y reintegro social o egreso.
Los acuerdos multipartidarios alcanzados en la comisión bicameral de seguridad fueron presentados ayer jueves a la Asamblea General. El fa espera que para el 31 de mayo se logre una definición en el Parlamento respecto a la creación del nuevo instituto y la permanencia de los antecedentes.
