Las actas de un tribunal de honor y la historia de los delitos económicos en la dictadura

En la conserva

Las revelaciones de las actas del tribunal de honor de Armando Méndez, publicadas por Brecha, ubican en el centro del debate los reales motivos que llevaron al Ministerio de Defensa a adoptar esta decisión.  A propósito, el historiador Carlos Demasi afirmó que estos negociados del poder dictatorial tuvieron un blindaje que les garantiza la impunidad. El Frente Amplio espera la respuesta a dos pedidos de informes, pero está dispuesto a convocar a las autoridades para pedirles explicaciones.

El ministro Javier García en Presidencia, en mayo Mauricio Zina

Recién salido de la cárcel, en los albores de la restauración democrática, Wilson Ferreira Aldunate concedió una entrevista en la que denunció, públicamente, uno de los negociados de la dictadura uruguaya: la Operación Conserva. En sus declaraciones, el líder nacionalista apuntó contra el dictador Gregorio Goyo Álvarez como uno de los partícipes del jaleo. La firme posición de Ferreira Aldunate y su encono contra Álvarez lograron que se excluyeran de la ley de caducidad «los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico». Pero la realidad fue más fuerte: esos delitos económicos nunca fueron investigados.

Casi 40 años después, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dirigente surgido del cerno wilsonista, decidió declarar la reserva por 15 años de la totalidad de las actas del tribunal de honor del coronel retirado Armando Méndez, procesado por crímenes de lesa humanidad, referido a esos sucesos. La medida fue una respuesta a un pedido de la organización Madres y Familiares para acceder al legajo personal del militar.

La decisión se basó en el artículo noveno de la ley 18.381 (sobre el derecho de acceso a la información pública), que habilita la reserva de información cuando esta pueda «poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona». En declaraciones a la prensa, García justificó su decisión en que se trató de «un tema comercial de hace 40 años», que «no tiene nada que ver con el tema de los derechos humanos». Y afirmó que, a diferencia de lo que sucedió en anteriores administraciones, el actual gobierno entregó toda la información sobre violaciones a los derechos humanos (Informe Capital, 25-X-21).

Sin embargo, las actas de ese tribunal de honor forman parte del legajo de Méndez y fueron entregadas por el exministro de Defensa Jorge Menéndez (hoy fallecido) al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en 2018. Este, a su vez, se las entregó a Cruzar, un proyecto universitario multidisciplinario para sistematizar archivos militares. Allí se describen parte de esos negociados que quedaron en la impunidad (véase «La marca indeleble del poder», Brecha, 29-X-21).

Atender el juego

La declaración de reserva provocó críticas de activistas de derechos humanos y de actores políticos. Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares, afirmó que la decisión marca «un antecedente jodido», ya que implica una censura que «no está buena»: «Acá se trata de ocultar hechos y nombres, y las causas no las sabemos exactamente, en principio diría que hay un ocultamiento».

El diputado frenteamplista Gerardo Núñez, integrante de la Comisión de Defensa de la cámara baja, en tanto, consideró que la decisión fue «totalmente desacertada e inoportuna» y apuntó que, desde el punto de vista formal, no está fundamentada. Por este motivo, el legislador envió un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para conocer el fundamento de la resolución y otro a la Unidad de Análisis de la Información Pública (UAIP) de Presidencia para saber cuál fue su intervención en este proceso.

El abogado Iván Luzardo, del estudio jurídico MvdLegal, explicó a Brecha que cuando un organismo declara la reserva de una información ante un pedido de acceso a información pública debe enviar la resolución a la UAIP para que esta evalúe si tal clasificación está ajustada a derecho. En caso de considerar que se incumplió con la norma, la unidad puede solicitar la desclasificación de la información, explicó Luzardo.

En esta línea, el abogado aclaró que la ley de acceso a la información pública impide declarar la confidencialidad de documentos referidos a violaciones de los derechos humanos. En efecto, en su artículo duodécimo, la norma prohíbe la reserva cuando «la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos».

Ese es parte del debate detrás de la decisión ministerial. En este sentido, Núñez consideró como «poco convincente» la explicación del ministro García de que el tribunal de honor aborda temas personales. «Que se diga que por tratarse de asuntos personales o elementos vinculados a delitos económicos no es un tema de interés general para la investigación de los delitos que se cometieron en la dictadura es un extremo totalmente objetable y criticable», afirmó Núñez a Brecha.

El legislador dijo que está a la espera de las respuestas del MDN y la UAIP a sus preguntas, y que si estas no llegan o no resultan convincentes se procederá a convocar a las autoridades al Parlamento para que expliquen su accionar. Para Núñez, conocer cuál fue el rol de la UAIP es clave, ya que es el organismo encargado de analizar si existe una justificación para la reserva: «Si no estaríamos frente a posibles abusos de autoridad [de jerarcas] que declararían permanentemente, a su criterio y a su juicio, información reservada que podría ser valiosa para el esclarecimiento de diferentes hechos desde el punto de vista histórico, judicial, de la memoria o la verdad».

Contexto dictatorial

Los delitos económicos de la dictadura son un tema escasamente abordado en Uruguay. El foco de la investigación dejó de lado estos aspectos significativos ocurridos durante los años del terrorismo de Estado. En este contexto, el historiador Carlos Demasi, que se abocó al análisis de estos temas, dijo a Brecha que la aparición de las actas de este tribunal de honor es un elemento relevante para entender la dimensión de la dictadura cívico-militar.

Demasi considera que la Operación Conserva fue un caso emblemático, que formó parte del paquete de hechos nunca esclarecidos: «Fue el caso que más impulsó Ferreira Aldunate cuando recuperó la libertad. En seguida de salir de la cárcel denunció directamente a Gregorio Álvarez», recordó. Ese negociado fue concebido como el modelo de las maniobras económicas hechas por los militares, que provocaron millones de pesos de pérdidas –que pagó el Estado– y suculentas ganancias para los particulares.

El historiador apuntó que este negocio se produjo justo en un período de debacle económica de la dictadura (entre 1982 y 1984) y se vincula con la compra de carteras deudoras, que fue «una jugada más pesada y más gravosa» que derivó en sustanciosas ganancias para los bancos extranjeros. El Bank of America fue un actor clave en la Operación Conserva y en este proceso (véase «El pecado original», Brecha, 16-V-15).

Según el historiador, todo este proceso no puede entenderse sin analizar la participación de empresarios civiles: «Si bien es cierto que los militares que estuvieron en estos negociados pasaron a retiro, los empresarios civiles con los que hicieron estos arreglos siguieron como empresarios en democracia, y hubo un esfuerzo grande para que parte de su acción no quedara a la vista».

Demasi recordó que existieron varios civiles con estrechos lazos con el poder dictatorial, con las cúpulas militares, que durante el proceso de transición «dieron una voltereta» y se plegaron al bloque democrático. Ese pasaje se hizo sin ninguna inquisición, pero también sin romper los vínculos con sus anteriores aliados. En este punto, el historiador explicó que la Cámara de Industrias del Uruguay tuvo una actitud ambigua durante ese período, ya que, «si bien no se pone la bandera de la dictadura, tampoco la denuncia y se beneficia en lo que puede», en particular, con la persecución de los sindicatos. «En general los empresarios se beneficiaron, en la medida en que en la dictadura se ató de manos a los sindicatos.»

Por todo eso, la aparición de estas actas –opina Demasi– aporta al conocimiento de la historia reciente. Más si se tiene en cuenta que allí suelen aparecer detalles desconocidos o nunca antes revelados: «Pareciera que los militares hacia afuera ocultan todo, pero hacia adentro cuentan su versión sobre cosas que tienen que ver con la entidad del Ejército como institución». Y si bien en este caso Armando Méndez podría no estar diciendo toda la verdad, «lo notable es que quienes lo escucharon archivaron la denuncia y quienes estaban involucrados ella no movieron un dedo, no lo acusaron de violentar ninguna norma». Con estos elementos, Demasi dijo que no está claro por qué se debe declarar la reserva de estas «acusaciones sobre manejos turbios».

El historiador recordó que esta causa fue investigada por la Justicia, pero terminó archivada: «Hay como un blindaje que ni siquiera durante los gobiernos del Frente Amplio se pudo atravesar». Y si bien un expediente archivado puede reabrirse ante la aparición de nuevos elementos, es difícil que una causa de estas características tenga andamiento a nivel judicial. La jurisprudencia internacional, al menos en la región, no ampara la tipificación de estos delitos económicos como crímenes de lesa humanidad, por lo que estarían alcanzados por el régimen de prescripción general.

A pesar de ello, estos delitos fueron excluidos en forma expresa de la ley de caducidad, por lo que pudieron ser investigados durante todos estos años. A modo ilustrativo, recientemente, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó la formalización de cinco militares por los crímenes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como por otra decena de homicidios y violaciones a los derechos humanos perpetrados por los servicios represivos de la dictadura uruguaya en Argentina. En esa causa, el fiscal solicitó la imputación de estos militares por el delito de rapiña bajo el argumento de que, si bien se trata de un delito contra la propiedad, también afecta la libertad de la víctima. En esa acusación, Perciballe dejó asentado que la persecución de opositores políticos y la violación de sus derechos humanos también tuvo una intención económica. Pero ese enfoque no encuadraría en las estafas o los negociados cometidos por jerarcas estatales durante la dictadura.

Definió su bando

El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, fue consultado hace unos días sobre las revelaciones de las actas del tribunal de honor de Armando Méndez y la decisión del MDN de declararlas reservadas. En este contexto, el presidente respaldó al ministro Javier García y afirmó que el gobierno ha sido muy abierto y ha entregado toda la información sobre violaciones a los derechos humanos: «Cada información que tengamos la hacemos pública, no la declaramos secreta ni la mandamos a un archivo».

Pero para justificar su posición, el mandatario se plegó a la teoría de los dos demonios. Según Lacalle Pou, el gobierno difundirá toda «información relevante para la historia reciente y para saber qué pasó en nuestro país, con la verdad de que aquí existieron dos bandos que creyeron que se podían abrogar la potestad de hacer un mejor país por fuera de la democracia: por un lado los atentados, el terrorismo, y por otro lado la dictadura» (El Eco Digital, 30-X-21). La postura del mandatario se conoce a pocos días de recibir en su despacho a un grupo de personas, cuya cara visible es la escritora Mercedes Vigil, que reclama por la liberación de los militares, policías y civiles recluidos en la cárcel Domingo Arena.

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