La reforma que las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Consejo de formación en educación (CFE) quieren implementar en la formación en educación es un borrador impreciso e incompleto, reñido con la ética académica y con carencias importantes en el diseño del plan. Para defender este borrador, se invisibiliza sistemáticamente la voz de los actores directamente implicados.
Parece insólito que las autoridades aún sostengan que la reforma va a ser implementada en el 2023. Esta es la única idea que no ha sido borrada, sino subrayada, a pesar de que la Asamblea Técnico Docente (ATD), los gremios estudiantiles, el sindicato docente y las salas nacionales han indicado que este apuro es irresponsable e improvisado. Estamos frente a una doble impericia: el plan muestra carencias académicas relevantes y existe un riesgo importante al pretender implementarlo con tantas indefiniciones. Además, la voz de los colectivos docentes y estudiantiles ha sido sustituida por 64 designaciones directas que tienen a cargo la concreción de la currícula.
En este contexto, los profesores de los distintos departamentos académicos de formación en educación nos autoconvocamos de forma espontánea y produjimos documentos en los que fundamentamos el rechazo al plan propuesto. Esta autoconvocatoria obedece a que las autoridades, al no confirmar los cargos de los coordinadores nacionales desde marzo de 2022, borraron los departamentos académicos que los nuclean a nivel nacional. Los cometidos de los departamentos incluyen el análisis académico de planes y programas. Al desmantelar esta estructura académica se acalla la voz docente, que mayoritariamente rechazó la reforma en las ATD.
Se ha creado una coordinación de salas nacionales, desde la que venimos intentando dialogar con las autoridades y con otros actores sociales y políticos. Buscamos difundir los fundamentos académicos del rechazo a la propuesta. Asimismo, advertimos sobre el caos que provocaría una implementación apresurada de una reforma que afectará la formación de maestros y profesores de generaciones futuras. La negativa a escucharnos no es un capricho político; es una concepción de cómo hacer política educativa alejada de cualquier forma de participación real de los actores directamente involucrados, que son excluidos de incidir desde su lugar académico colectivo. En su lugar, se convoca a seudoparticipar en grupos atomizados y con tiempos imposibles.
Como corolario, el pasado 12 de octubre en la Comisión de Educación de Diputados, el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, mostró estar -al igual que el documento que propone la reforma- en modo borrador. Resulta sintomática la forma en la que Pizzichillo subestima nuestro lugar como referentes académicos, al decir que «hay manifestaciones de sala», pero «que no es la manifestación de la sala, porque formalmente el consejo no realizó una convocatoria a salas nacionales».
En primer lugar, Pizzichillo reconoce la decisión de no convocar a las salas nacionales. A ello respondemos que nos autoconvocamos, precisamente, porque el CFE no nos concedió las condiciones de participación, a pesar de que somos actores legítimos y necesarios para tratar cualquier propuesta de reforma en la formación en educación. Destacamos que continuaremos trabajando para que nuestra voz sea difundida y amplificada, porque parte de nuestro rol profesional consiste en comprometernos con la defensa de la participación en cuestiones académicas.
Cuando leemos lo expresado por las autoridades en la Comisión queda claro que hay muchos aspectos no resueltos y que, aunque el presidente Pizzichillo le reste importancia, son cuestiones para resolver con celeridad, precisión y con el acuerdo de los diferentes actores involucrados. En esta situación reconocemos muchas incertidumbres. Por ejemplo: ¿cómo se llevará a cabo la acumulación de horas semestrales?, ¿cuáles son las unidades curriculares y los programas con sus respectivos contenidos para que los docentes puedan elegir horas o cargos con claridad?, ¿cuáles son las condiciones laborales de los docentes interinos, que a nivel nacional son dos tercios del total de los docentes del CFE?, ¿cuáles serán los criterios de reválidas y cuál es el régimen de evaluación y pasaje de grado? Estos son ejemplos de los muchos aspectos sustantivos que se dejan para más adelante.
Por otra parte, Pizzichillo reconoce la imprecisión de la propuesta de multimodalidad, propuesta en el documento del plan, y olvida mencionar la investigación y la extensión. Estas actividades definen la cultura universitaria largamente dilatada para la formación en educación. Son mencionadas en el documento, pero no son contempladas dentro de los departamentos académicos ni de la estructura curricular o de créditos. El propio presidente del CFE reconoce que esta administración no ha renovado los cargos de coordinador académico y que la propuesta del CFE carece de una estructura académica. Clara señal del desmantelamiento de un espacio que recoge las iniciativas de trabajo conjunto de la docencia en el país, la investigación y la extensión por especialidad; un espacio de gestión horizontal, reconocido y reclamado por los actores directamente implicados.
Asimismo, es preciso aclarar que no es cierto lo que sostiene Pizzichillo con relación a que «todas las salas docentes que están trabajando sobre los programas están estableciendo los criterios de equivalencia desde el punto de vista de las cuestiones laborales y de las cuestiones académicas para los estudiantes». Es necesario puntualizar que el CFE procedió a llamar individualmente a algunos docentes efectivos y otros que no lo son, sin respetar el escalafón de docentes. No es cierto, como afirmó Pizzichillo, que «para la construcción de las comisiones programáticas, nosotros vamos llamando a todos los efectivos», pues son muchos los docentes efectivos de los primeros lugares que no han sido convocados. No se llamó a todos ni se siguió un orden de prelación escalafonario. Muchos colegas, asimismo, no aceptaron participar en el diseño de las mallas y de los programas de una reforma masivamente rechazada. El procedimiento de llamada personal es un atajo para cumplir un único objetivo: implementar la reforma en 2023, con tiempos que no son los que la educación requiere. Estas estrategias esquivas no colaboran con el diálogo, como pregonan a diario las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Pizzichillo tampoco es preciso cuando se refiere a los «grupos que están trabajando», pues en algunos profesorados no hay siquiera docentes participando y en otros no pasan de uno o dos los docentes que los integran. Es evidente que una malla diseñada en un mes por dos o tres personas es una tarea que compromete la seriedad académica y profesional de la propuesta. Esos pocos docentes no podrían abordar la totalidad de contenidos que implica una carrera.
Por último, Pizzichillo subraya que «pronto tendremos la definición de la oferta para primer año», como si fuera posible pensar en una propuesta curricular sumando niveles, sin perspectiva de continuidad e integralidad en las carreras. Este procedimiento olvida que es derecho del estudiante conocer integralmente la carrera que aspira cursar. Claramente, los derechos sucumben bajo dos lógicas que confluyen. Por un lado, una forma de trabajo que desconoce a los profesionales de la educación y a la sólida formación académica que muchos de nosotros hemos adquirido por nuestros propios medios. Por otro lado, se manejan tiempos que desconocen las complejidades de las construcciones conceptuales que sostienen una formación docente de calidad académica.
Otro ejemplo del desdén que manejan las autoridades del CFE se refleja en la entrevista que intentamos acordar con ellos para el miércoles 12 de octubre. Luego de varias confirmaciones, el horario pautado no se cumplió: se pospuso para cuatro horas más tarde. En el nuevo horario, Pizzichillo tampoco se presentó. Allí mismo solicitamos nueva fecha de reunión urgente con el Consejo en pleno. Recién ayer recibimos una respuesta.
Hemos escuchado muchas veces a las autoridades de la ANEP manifestar públicamente que están abiertas al diálogo con los docentes. También han declarado que los docentes no tienen propuestas para ofrecer. No obstante, hacemos públicas las dificultades para dialogar con el CFE: no hemos logrado que nos escuchen, a la vez que ofrecen en el Parlamento información que no es veraz. Reclamamos una, una vez más, que el CFE nos escuche, comprenda nuestros argumentos y responda las propuestas.
No queremos borradores ni borraduras. Los planes no pueden ser cambiados por capricho político. La educación que necesitamos exige responsabilidad presupuestaria, técnica, académica, política y social. ¡Todo lo que las autoridades han borrado!
* La Coordinación de salas nacionales de profesores de los departamentos académicos del CFE es un grupo de profesores autoconvocados. Referentes: Álvaro Revello, Laura Flores y Anahí Laroca.
