El “delito” de Valencia fue colocar en portada declaraciones del presidente Ollanta Humala referidas al gobierno aprista que lo precedió, y relacionadas a las obras inconclusas de la gestión de García. La querella había sido desestimada en una primera resolución (junio de 2013), pero fue vuelta a presentar por la defensa del ex presidente en un iracundo escrito donde se tilda al periodista de delincuente (hecho que sí califica como querellable). El juez del caso la desestimó pero decidió inhibirse. El nuevo magistrado que tomó el asunto, William Lugo, continuó con el juicio y dictó la sentencia. El caso, por lo irregular, pone de manifiesto la evidente influencia del ex mandatario en el Poder Judicial. El líder aprista ha culpado de su desastrosa campaña en las elecciones de la semana pasada –donde su partido apenas logró ingresar al parlamento– a algunos medios de prensa, y todo parece indicar que esta se trata de una venganza con nombre y apellido, ya que otros medios que también publicaron la noticia no fueron enjuiciados.
Valencia ha denunciado tenazmente las irregularidades de García durante su gobierno, por ejemplo la liberación de más de mil sentenciados por narcotráfico a cambio de dinero. La defensa del periodista está preparando una denuncia ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Se está consumando una vulneración a la libertad de expresión de un periodista peruano sólo por el hecho de cumplir su misión. Eso es grave porque ya no estamos en tiempos de dictadura, donde el Poder Judicial estaba manejado por intereses políticos. Obviamente apelaremos y este proceso llegará a la Corte Suprema, veremos si la mentada influencia del partido aprista en el Poder Judicial se sigue imponiendo en todas las instancias”, declaró Carlos Rivera, abogado del sentenciado.
Fernando Valencia no podrá salir del país sin autorización del juez durante por lo menos un año.
