Entre ideología y gestión

Sucede que cada tanto los clasificadores, ese colectivo de personas que vive de lo que seleccionan de la basura, irrumpe en la ciudad mostrando que detrás de cada gestión siempre hay una ideología.

“La gestión se impacientó y hoy la cuadra toda llena de basura,

la ideología dudó si era por conflicto o era la cultura.

La gestión se está asustando y la ideología corre y nunca llega,

fueron por un hombre nuevo y lo que trajeron fue un nuevo inversor.”

(La Mojigata, 2017)

En estos días, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) se movilizó con el fin de encontrar solución para los miles de trabajadores que viven de la recolección de residuos. En concreto, la medida tomó fuerza porque se volvió a poner en práctica un reglamento que impide a esas personas ingresar al sitio de disposición final a recolectar residuos, tal como sucediera durante el período de la dictadura cívico-militar cuando los clasificadores comenzaron a volcarse a las calles frente a la imposibilidad de recuperar materiales del vertedero municipal. Sucede que, cada tanto, ese colectivo de personas que vive de lo que seleccionan de la basura irrumpe en la ciudad mostrando que detrás de cada gestión siempre hay una ideología.

El intendente Daniel Martínez marcaba en una entrevista con El Observador (8-VII-16), que la empresa responsable de armar el mecanismo de levante del contenedor de residuos, los armó del lado izquierdo cuando en Uruguay deben ir del lado derecho. Martínez le atribuye parte de la crisis de la basura que tuvo que enfrentar la ciudad los meses previos a este desafortunado suceso que retrasó el arribo de cinco nuevos camiones (hecho fundamentado también por el director de Limpieza). En una nota de La Diaria (14-VI-16) el nuevo jerarca afirmaba que el problema de la basura se soluciona con más camiones y también con nuevos hábitos ciudadanos. Quizás confiando en que no cometerá el mismo error dos veces, la IM informó que estaba en proceso una licitación para la compra de otros 15 camiones que iban a llegar a fines del año pasado.

Hay entretelones invisibles detrás del fallido sistema “al revés” de los contenedores. De lo que no se habla es que la basura no es sólo un problema a erradicar lo más lejos posible de la vista del ciudadano, sino que una fracción de esos residuos es también un recurso que le da de comer a miles de personas. Estas coexisten en una extensa y compleja red de intermediación privada que determina quiénes se apropian del valor de este recurso. Unas cientos de manos concentran el grueso de él, y esto es posible debido a la explotación más dura de seres humanos y al deterioro sin control del medio ambiente. Lo que está al revés no es el armado del camión, es todo el sistema mismo: contenedores, camiones e injusticia social incluidos.

Importando tecnología, excluyendo trabajadores. En Montevideo viven algo más de 1,3 millones de personas y se estima que generan aproximadamente unas 1.600 toneladas por día de residuos sólidos urbanos (Rsu). De ese total, la IM gestiona aproximadamente unas 1.300 toneladas. En el período de Ana Olivera, se reglamentó en Montevideo la ley 17.849 (“Uso de envases no retornables”). En ese contexto el sistema de recolección y tratamiento de los Rsu sufrió varias modificaciones que perjudicaron sustantivamente el trabajo de los clasificadores.

Como resultado de la resolución municipal 5383 (de 2012), que formalizó los levantes especiales de residuos de medianos y grandes generadores y propició una privatización de los Rsu más ricos, este material dejó de estar en manos de miles de clasificadores, que lo levantaban asiduamente a sus llamados “clientes” (restaurantes, supermercados, etcétera) y lo recuperaban. Esta normativa habilitó a un conjunto de empresas privadas a realizar tareas de recolección, manipulación y transporte de desechos, al mismo tiempo que prohibió el acceso a los clasificadores. Se consolidó así un proceso excluyente de acceso a los residuos y su potencial valor económico.

A escasos meses después de haber quitado los levantes especiales, los clasificadores fueron impedidos, mediante la resolución 12.089 de la Junta Departamental de Montevideo, de ingresar a la Ciudad Vieja. La medida busca eliminar paulatinamente la circulación de carros a través de la restricción de su ingreso a determinados barrios, donde se encuentran los materiales más valiosos.

A partir de 2014, el nuevo sistema del gigante Teyma incorporó contenedores que imposibilitan la extracción de materiales recuperables, lo cual les impidió a los clasificadores acceder a la basura de una extensa y céntrica zona de la ciudad. Por otro lado, la solución para los clasificadores fue la instalación de cuatro plantas de clasificado en la periferia de la ciudad, empleando en total a 128 trabajadores con un potencial de recuperación de 13 toneladas por día.

Eran 10, eran 20… Existen varios esfuerzos por estimar cuántos son los clasificadores exactamente, sobre todo en Montevideo. Lo que encontramos más allá del número puntual, es que existe una fuerte fluctuación que se relaciona con el ciclo económico, el valor de los materiales y las políticas públicas que fomentan o reprimen la actividad.

El alto y duradero crecimiento económico de los últimos años, las bajas tasas de desempleo combinados con las mencionadas políticas represivas de circulación y acceso a los residuos más ricos, junto a las obvias desventajas de los clasificadores a la hora de incidir en el precio de los productos que venden en cadenas poderosas y monopólicas, hace que en la actualidad exista un piso mínimo en la cantidad personas que viven de esta tarea.

Más allá de esta coyuntura, el rol de los clasificadores en la recuperación de desechos es muy importante. Según la Encuesta Continua de Hogares del 2015, había entre 2 mil y 3 mil clasificadores ese año, que ganaban en promedio 5.700 pesos por mes por la venta de los materiales recuperados, y generaban un ingreso total anual de 180 millones de pesos por el mismo concepto. Según estos datos, y calculando un precio promedio de venta, puede estimarse que los clasificadores informales recuperaron algo más de 136 toneladas de Rsu por día, es decir, aproximadamente la mitad de la recuperación total.

Por otro lado, si miramos el mundo de los residuos más allá de la gestión de la limpieza, de los Rsu que llegan al sitio de disposición final (Sdf), aproximadamente el 41 por ciento son orgánicos; si sumamos a estos algunos materiales no recuperables, se llega a que algo más de la mitad no tiene valorización en la cadena económica, con la tecnología de actualidad. De los materiales potencialmente recuperables, un 29 por ciento es efectivamente recuperado, mientras que el 71 por ciento restante se entierra en el sistema de disposición final.

Esto significa que solamente se recupera un tercio del material que podría recuperarse. Por tanto, una proporción importante de materiales reutilizables son enterrados en el Sdf, lo que implica una doble pérdida: se contribuye a la saturación de los rellenos sanitarios, y se pierde un material que podría ser reincorporado al reducido circuito industrial. Para aumentar los niveles de recuperación de materiales, se vuelve necesario “mirar” a los clasificadores como parte de la solución y no del problema.

La incapacidad de soñar otra gestión. Lo que ha sucedido con los miles de clasificadores de Montevideo en los últimos años dista mucho de una colaboración eficiente para mejorar la gestión de los residuos de la ciudad, y que se contemple al sector como actor clave. La IM y otros organismos del Estado, desde la década del 90, han intentando brindar “soluciones para esta población” de las más diversas. Ninguna de ellas parece haber sido parte de una política integral y sostenida en el tiempo que entienda el rol que cumplen miles de personas que recolectan y recuperan residuos.

En casi todos los países de Sudamérica existen experiencias exitosas de inclusión de la población clasificadora, y se llega inclusive a contratar cooperativas de más de 3 mil cartoneros (como en el caso de Buenos Aires), o a pagarle por quilo de material reciclable recolectado y vendido a depósitos regularizados (como en el caso de Bogotá). Se los considera proveedores de un servicio público, y por tanto, reclaman su remuneración correspondiente. Sería momento de entender que detrás de cada bolsita que desechamos diariamente existe también un potencial “bien común”, al cual deberíamos decidir entre todos qué tipo de gestión queremos otorgarle.

Resulta difícil decidir si lo más sorprendente es constatar que un sistema pueda ser tan frágil como para depender de la puntería de un fabricante extranjero, o darnos cuenta de que el modelo de la gestión de residuos capitalina sigue funcionando según lógicas de siglos anteriores, donde lo que importaba era limpiar para higienizar la ciudad. En la escena de la película Mon oncle, del genio Jacques Tati, un sofisticado y moderno empleado de una fábrica terminaba solicitando apoyo a un carro a caballo para que le recogiera elementos plásticos que él ignoraba qué hacer con ellos. La película de 1958 ponía en cuestión la gestión de los residuos generados por la sociedad de consumo, oponiendo el arte del vivir tradicional con la vida moderna de entonces. Quizás radique ahí la respuesta a los males de la basura montevideanos: en lograr sumar los mecanismos tradicionales de recolección y recuperación a los modernos camiones.

*    Sanguinetti es miembro de Comuna. Los tres autores integran el grupo de “Estudio e intervención con clasificadores de residuos sólidos urbanos”, Csic-Udelar.

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