Autoridades del Instituto del Niño y del Adolescente (inau), del Ministerio de Desarrollo Social, parlamentarios y políticos del gobierno y de la oposición, unicef, integrantes del Poder Judicial y dirigentes sindicales del instituto se expresaron esta semana sobre el informe del Comité de los Derechos del Niño, pero el debate estuvo sobre todo teñido de negaciones, intereses políticos, corporativos y mediáticos.
Se reconoció en general la legitimidad del Comité de los Derechos del Niño Uruguay para realizar el monitoreo según los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño (cdn) aprobada por las Naciones Unidas en noviembre de 1989 y ratificada por nuestro país en setiembre de 1990. Pero si bien hubo muchos puntos de acuerdo con el trabajo presentado, también hubo duros cuestionamientos hacia la ong y sobre algunos de los aspectos denunciados.
Víctor Giorgi, presidente del inau, legitimó la seriedad del informe y aseguró compartir muchas de las recomendaciones allí establecidas. En este mismo sentido un comunicado de instituto “reconoce la importancia del trabajo que encomienda la Convención de los Derechos del Niño al comité” y asegura que “dicha tarea resulta de especial relevancia dada la propensión a la vulneración de derechos que conlleva el encierro”. En términos parecidos se manifestaron los legisladores del Frente Amplio que integran el Grupo Parlamentario de Niñez y Adolescencia.
Sin embargo, una cerrada negativa surgió desde el gobierno, el inau y el sindicato de trabajadores con respecto a las prácticas de maltrato físico y psicológico denunciadas por el informe. Las expresiones apuntaron a deslegitimar las afirmaciones realizadas por el comité en ese sentido, cuestionando la veracidad de los testimonios brindados por los propios adolescentes y la opción metodológica de usar las declaraciones como fuente de información.
El inau consideró inexacto que se responsabilizara al personal de contención de la práctica sistemática de situaciones de abuso y maltrato, y criticó al comité por haber retenido las denuncias de torturas y malos tratos desde octubre del pasado año hasta marzo del presente sin formalizar denuncia ni acción alguna. La directora del instituto, Cristina Álvarez, respaldó al sindicato y negó que haya malos tratos y castigos en los hogares ser y Piedras. Dijo que “no es una práctica sistemática. Y además desmiento que haya submarinos, hincadas en sal y ese tipo de cosas” (Canal 12, 13 de marzo). Aseguró que si eso fuera verdad, los técnicos que trabajan en la colonia ya lo habrían denunciado, olvidando quizás que entre noviembre de 2007 y enero de este año varios técnicos de los hogares mencionados presentaron cuatro cartas (véase Brecha, 14-III-08) ante las autoridades, denunciando “un contexto de violencia lisa y llana”. Jorge Ferrando, director del inau, a quien quizás también se le traspapelaron esos documentos, dijo que “estamos seguros de que las torturas no son sistemáticas” y aseguró que “no queda claro si hay efectivamente denuncias planteadas o son comentarios citados de conversaciones con los jóvenes de los centros” (La Diaria, 14 de marzo). De todas formas Ferrando confirmó que “el personal está autorizado a esposar a la cama como modo de proceder en situación de crisis o de conflicto”.
Carlos Uriarte, director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) que prefirió no hacer declaraciones para Brecha “sobre un proceso de cambio que ha sido muy complejo”, afirmó días atrás que “muchas veces los chiquilines cuando hacen las denuncias las hacen en forma grosera, exagerada y entonces pierden verosimilitud” (El País, 15 de marzo). Por su parte los legisladores frenteamplistas del Grupo Parlamentario de Defensa de los Derechos del Niño expresaron su preocupación ante la vaguedad de las graves denuncias realizadas en relación a torturas y malos tratos, “hechos de los que sólo en un caso se establece con precisión fecha y lugar”.
Joselo López, presidente del sindicato del inau (suinau), afirmó a distintos medios de prensa que los trabajadores se sienten “profundamente agraviados” ante las acusaciones, que estudian la posibilidad de demandar penalmente a la ong y aseguró que “no se puede sembrar dudas sobre un tema tan complejo” y que sus compañeros “han sido enchastrados públicamente”. Cabe consignar que esta misma dirigencia sindical ha establecido siempre una defensa cerrada de las garantías de los trabajadores, aun para aquellos que fueron sumariados y destituidos por este mismo directorio y por razones muy similares a las que se denuncian actualmente.
Siempre atenta a esta temática, la diputada nacionalista Sandra Etcheverry afirmó que estos hechos denunciados por el comité “sólo podrían ocurrir en la dictadura”, olvidando que desde hace por lo menos diez años se repiten las denuncias de este tipo sin que el Estado logre resolver la situación.
El diputado del mpp Javier Salsamendi, que trabajó en el inau antes de iniciar su carrera parlamentaria, dijo a Brecha que tiene “un profundo respeto por la gente que hace el informe. El tema es que frente a denuncias que son extremadamente graves tiene que haber elementos que permitan sustentarlas. Esta es la duda que nos surge”.
Salsamendi cree que la actitud del gobierno sigue siendo de defensa de los derechos humanos y “que la situación hoy (en la Colonia Berro) es completamente distinta de la que se planteó en ocasiones anteriores. Por lo menos en términos genéricos, sistemáticos. Sé lo complejo que es para cualquier actor que trabaja ahí; los niveles de estrés y de violencia que se generan en cualquier lugar de encierro. Ahora, la cantidad de gurises que hoy tiene la colonia, inevitablemente determina diferencias”.
OTRAS PREOCUPACIONES. En su comunicado el inau declaró su preocupación “por la frecuencia con que se emplea la privación de libertad en adolescentes en clara contradicción con la normativa nacional e internacional que la ubica como última medida y por menor tiempo posible”. El texto expresa que las medidas privativas de libertad se han incrementado significativamente en los últimos meses “saturando la capacidad de atención dentro de los niveles mínimos de calidad”. Con idéntica perspectiva los legisladores frenteam plistas advierten que el espíritu de la norma “resulta muy difícil de cumplir ante la presión de ingresos permanentes derivados de los juzgados de Adolescencia y la obsoleta y anacrónica estructura edilicia de la que dispone el inau”.
Otro punto en común entre las autoridades del inau y los legisladores oficialistas respecto de las observaciones del comité refiere a la recomendación de priorizar alternativas educadoras y rehabilitadoras. Pero plantean desacuerdo con el documento cuando se refiere a la inexistencia de proyectos socioedu cativos. Giorgi sostuvo que no comparte que la Colonia Berro carezca de un proyecto educativo y de inserción social de los adolescentes, aunque reconoció que “su aplicación ha sido discon tinua”, y muchas veces se ha visto relegada “por el mantenimiento de la seguridad”. El jerarca explicó que “atentan contra el proyecto la rotación permanente del personal y los adolescentes, y la resistencia de algunos trabajadores”.
TODOS POR EL CIERRE. En cuanto al recomendado cierre de la Colonia Berro como lugar de detención, la mayoría de los actores se manifestaron de acuerdo, aunque señalaron la falta de posibilidades reales de hacerlo dada la falta de alternativas para alojar a los adolescentes que infringen la ley.
Víctor Giorgi afirmó que sería “irresponsable” anunciar el cierre sin generar alternativas y éstas implican erogaciones muy fuertes que “se estarían sacando de otras inversiones en la infancia”. Por su parte, Cristina Álvarez afirmó que “cerraría la Colonia Berro mañana mismo”, y que el inau ya tiene un nuevo local en Montevideo que se destinará a la internación de adolescentes infractores, ubicado en un lugar céntrico con fácil acceso a juzgados y hospitales.
También intervino en la polémica el fiscal civil Enrique Viana, quien sostuvo que impulsará un recurso de amparo ante la justicia civil donde hará suya la recomendación del Comité de los Derechos del Niño sobre la necesidad de cerrar la Colonia Berro.
Con respecto a este tema, Salsamendi coincidió y piensa que “la creación del complejo Berro, en los términos en que fue creado, no fue la mejor solución posible. El tema es el esfuerzo que implica desde el punto de vista económico y social”.
Los viejos problemas de la Colonia Berro no han podido ser resueltos aunque se han intentado cambios y nuevas perspectivas. Los responsables y una parte de los funcionarios que promueven la famosa “apertura” y las posturas “garantistas” no dudan en asegurar que no están tan mal como cuando comenzó esta administración. Sin embargo, en las organizaciones civiles vinculadas al tema hay preo cupación sobre la aparente inmutabilidad de los esquemas más violentos que reinan en algunos centros emblemáticos, y por cierta postura negadora por parte de las autoridades a la hora de aceptar que es poco lo que se ha podido hacer para mejorar los centros donde se recluye a los jóvenes en conflicto con la ley.
También como sociedad deberíamos plantearnos algunas preguntas. ¿Queremos mantener aislados y encerrados 23 horas al día, sin condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, y sin propuestas socioeducativas que los reinserten en la sociedad a los adolescentes que infringen la ley? ¿Nos importan? ¿O se prefiere abonar en cuotas la miserable vida que espera a estos niños y adolescentes, en el interminable circuito de la privación de libertad al delito?
En los próximos días el inau convocará a unicef y al Comité de los Derechos del Niño a dialogar acerca de los contenidos del informe, y se rumorea que pronto habrá cambios radicales en las direcciones de los hogares cuestionados.
El debate debería centrarse en la defensa y la promoción de los derechos de los niños y adolescentes uruguayos, para lo cual es fundamental escuchar lo que ellos tienen para decir.
Con Rosa María Ortiz
“Para mí fue un espectáculo dantesco”
Cuando el 26 de octubre de 2007 una delegación del Comité de los Derechos del Niño Uruguay visitó –como parte de las actividades de vigilancia de la vigencia de los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad– los hogares ser y Piedras de la Colonia Berro, la integrante del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas Rosa María Ortiz salió “aterrada” por lo que había visto y oído en la visita. Es más, luego de abandonar nuestro país, contó vía correo electrónico que había sufrido pesadillas por varios días derivadas de la experiencia.
Brecha dialogó con Ortiz telefónicamente. Lo que sigue es parte de esa charla.
—¿Cuál fue la impresión que le dejó su visita a los hogares ser y Piedras en octubre del año pasado?
—Estas instituciones visitadas en la Colonia Berro, para mí fueron un espectáculo dantesco. No se puede tener adolescentes 23 horas por día encerrados; a ningún ser humano, pero menos a los adolescentes. El Estado tiene la responsabilidad de darles programas de rehabilitación si han cometido un delito, y esas condiciones no sirven para ninguna rehabilitación. He conversado con una maestra, con una psicóloga y ambas profesionales me han dicho que es imposible hacer ningún tratamiento ni iniciar ningún proceso educativo, pudiendo encontrarse con uno o dos niños cada quince días durante media hora.
—¿Le explicaron por qué se daba esa situación?
—La razón que dan es que los encargados de la seguridad no pueden garantizar la vida de los técnicos si no actúan de a dos funcionarios por cada niño.* Así es imposible hacer terapia grupal, o iniciar cualquier proceso, viendo a los profesionales en esos cortos períodos, que además coinciden con las horas que tienen de descanso de la celda. Porque el tiempo dedicado a los tratamientos es el que los jóvenes tienen de alivio del encierro. Están absolutamente lejos del tratamiento que necesita un adolescente en conflicto con la ley.
—Las autoridades del inau, la directiva del sindicato de trabajadores e incluso parlamentarios oficialistas han cuestionado el informe presentado por el comité, por aspectos formales, por el tiempo que demoraron en hacerlo público, y por algunos contenidos que califican de inexactos. ¿Qué dice usted, que integró la delegación como miembro internacional invitado?
—Estoy absolutamente de acuerdo con todos los términos de ese informe y sorprendida por el tratamiento que reciben los jóvenes en esas instituciones que supuestamente son para su rehabilitación. Las recomendaciones que se le hicieron a Uruguay en materia de prevención para aquellos sectores más proclives a estar en conflicto con la ley son claras. Debe haber políticas de salud, educación y vivienda que impidan que comentan delitos, pero además los tribunales de menores tienen que estar presentes antes y después de que son cometidos. Es importante que se denuncien estas situaciones porque si no los cambios no se avizoran. Si estas cosas toman estado público hay esperanza de que cambie algo.
—Los aspectos que se consignan en el informe son graves, “dantescos”, dice usted. ¿Recogió en su visita testimonios de tortura?
—Si bien yo no participé directamente de las entrevistas con los chicos, porque dediqué mi tiempo a hablar con los técnicos, los compañeros de la delegación aseguran que los chicos mencionan episodios de violencia directa. Y no me extraña para nada, porque el solo hecho de tener a alguien encerrado 23 horas al día ya es una tortura.
* Según se relata en el informe, una de las estrategias de contención promovidas por los funcionarios se denomina “dos a uno”. Esta práctica –avalada sindicalmente– implica que por cada adolescente en movimiento ha de haber por lo menos dos funcionarios de contención.
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