La semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo una disputa con la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, en torno a la supuesta inexactitud de unos datos sobre nuestro país divulgados por el organismo. En un informe publicado en julio sobre las políticas adoptadas por los países latinoamericanos para enfrentar la pandemia de covid-19, Uruguay aparece ubicado como el país que menos esfuerzos fiscales ha dedicado a «medidas para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia», con tan sólo un 0,7 por ciento del PBI, frente a un promedio regional de 3,9 por ciento, según datos de la CEPAL de 2020.
EL RUIDO
El informe pasó bastante desapercibido en su momento, pero en las últimas semanas algunas figuras del Frente Amplio rescataron el dato en el marco de la discusión sobre el presupuesto nacional. Entonces el presidente reaccionó con una impensada actitud negacionista, afirmando que el dato manejado por la CEPAL «no es cierto» (desconociendo que la cifra surge de la información aportada por los propios gobiernos). También pidió al canciller Francisco Bustillo que se comunicara con el organismo para que revea los datos, a lo cual Bárcena respondió que «los datos son lo que son».
Como muchos de los eventos políticos que nos han sorprendido últimamente, la ocasión muestra una cantidad de aristas que sorprenden y bosquejan un panorama harto complejo de la coyuntura actual: la falta de sentido de realidad del presidente, cuya reacción se enfoca en cuestionar los datos aportados por el organismo internacional más prestigioso de la región; la intervención conciliadora del canciller, que dio una lección de diplomacia a varias bandas; el oficio político de José Mujica, verdadero disparador de la discusión a partir de una sugerente comparación con el gobierno de Jair Bolsonaro, y la capacidad de Bárcena para responder con una autoridad expresiva de lo que es un organismo serio en medio de la sopa de letras del regionalismo latinoamericano.
En un nivel secundario, vale mencionar también algunas reacciones de las claques locales. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, salió de escudero a poner sobre la mesa los datos de seguro de desempleo, eludiendo explicar que estos son fondos mixtos y contribuyendo así a la «confusión» que el gobierno sostenidamente impulsa acerca de «lo público». Yendo ya a la farándula «intelectual» uruguaya, Conrado Hughes reaccionó indignado sobre cómo una «bióloga mexicana» viene a decir tal cosa, en una demostración xenofóbica que lo erige como una suerte de Petinatti senior.
De esta forma, entre el negacionismo de los datos de un Lacalle Pou en modo «posverdad»,1 el entrevero que hace Mieres entre fondos públicos y mixtos y la xenofobia de Hughes, pronto vemos cómo la coalición de gobierno (cuyos partidos habitualmente se autodefinen como fieles representantes del liberalismo tradicional) muestra su disposición a adoptar actitudes características de la nueva derecha antiglobalista e iliberal cuando los datos no son favorables. Tal vez, al final de cuentas, el bicho raro en este zoo no era el senador Guido Manini, sino el excanciller Ernesto Talvi. Cuando en el escenario continental las actitudes de tus gobernantes empiezan a parecerse a las de Donald Trump o Bolsonaro, algo malo está pasando.
¿QUÉ BLANCOS SON ESTOS?
El tema adquiere una significación especial por ser la CEPAL el actor cuestionado por el gobierno. Este organismo tiene una importancia histórica fundamental en la construcción de una visión latinoamericana del mundo, que ha permitido pensar los problemas de los latinoamericanos desde una perspectiva propia. Así fue posible eludir la perspectiva panamericana liderada por Estados Unidos, predominante desde inicios del siglo XX, que asume una «solidaridad hemisférica» y una «comunidad de intereses» entre la potencia y los latinoamericanos, cuando no la necesidad de tutelaje. Como señala Arturo Ardao, «en 1948, en el ámbito más libre de las Naciones Unidas, nuestras repúblicas obtienen la […] creación de la CEPAL. La expresión, y por lo tanto el concepto de América Latina, iniciaba su proceso de institucionalización internacional».2
Esto permitió pensar diversos problemas en nuestros propios términos, como las relaciones centro/periferia, la necesidad de industrialización y la importancia que para ello tiene generar un mercado interno. Aquí se inscribe, por ejemplo, toda una tradición de planificación presente en Uruguay durante los colegiados blancos que crearon la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). Actualmente, en cambio, este gobierno blanco se ofende justamente por un dato de la CEPAL que refiere al poco esfuerzo del gobierno en «medidas de gasto de desgravación fiscal y de liquidez», es decir, que promuevan el mercado interno. Es como si el gobierno de repente supusiera que todos los uruguayos fuésemos agroexportadores o especuladores inmobiliarios de Punta del Este que venden apartamentos a narcos mexicanos, por lo que no sería tan importante dinamizar el mercado interno. Cuando en el escenario continental Haití es el único país más austero que el tuyo, algo malo está pasando.
EL NUEVO «URUGUAY INTERNACIONAL»
Tampoco es menor que la disputa con la CEPAL provenga de un gobierno cuya política exterior ha estado centrada desde un comienzo en alejar al país de cualquier búsqueda de autonomía a través de la concertación política de los latinoamericanos y retomar cuanto antes un cerrado alineamiento con Estados Unidos y el sistema interamericano (BID, TIAR y OEA). De hecho, el senador Mario Bergara hizo notar que el mismo dato de la CEPAL fue manejado por el BID, pero esto último no fue percibido como una ofensa por el gobierno. Entre estas «dos nacionalidades» que alternan en el continente (como ya percibió José Martí a inicios del siglo XX), el gobierno parece ya haber decidido con cuál se identifica.
En este sentido, vale la pena recordar la rápida disposición con que Uruguay manifestó su apoyo a Mauricio Claver-Carone, el candidato estadounidense a la presidencia del BID con quien se busca romper una tradición histórica de presidentes latinoamericanos. Cuando surgió el tema, en junio pasado, sorprendió el contraste entre la firme condena de la postulación estadounidense de parte de Julio María Sanguinetti, en una carta pública escrita junto con otros expresidentes latinoamericanos, y su absoluto silencio sobre el apoyo a dicha postulación de parte del gobierno que integra. Hoy hay un bloque integrado por Argentina, Chile, México y la Unión Europea que concerta la oposición a esta candidatura. Cuando el Chile de Sebastián Piñera viene a dar lecciones de latinoamericanismo a tu gobierno, que se dice «nacionalista», algo malo está pasando.
* Profesor de Estudios Internacionales de la Universidad de la República. Coordinador del Observatorio de Política Exterior Uruguaya.
1. Actitud que ya había tenido con respecto a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas sobre formalidad laboral, recién comenzada la pandemia.
2. «Panamericanismo y latinoamericanismo», en Leopoldo Zea (1986). América Latina en sus ideas. Ciudad de México: Siglo XXI, pág. 169.
