«¡Éramos tan cultos!»; «éramos más educados»; «la escuela era mejor en los cincuenta»; «los docentes eran mucho mejores»; «se aprendía, había disciplina»: la idealización tan habitual de un Uruguay de hace décadas, que solo existe en la construcción romántica, no resiste la crítica.
Si nos remontamos al Uruguay de finales del siglo XIX, la educación era el privilegio de unos pocos, lejos aún de los consensos que posibilitaron el marco de reformas del último cuarto de siglo, pues, como planteaba Arturo Ardao, la llamada reforma vareliana fue en realidad la base del primer proyecto educativo.
Las mujeres y las personas en situación de pobreza –ni hablar de las personas mayores o con discapacidad– se hallaban entonces en la periferia del sistema educativo formal. Si bien el país tuvo avances enormes en la bisagra entre el siglo XIX y el XX, la educación distaba mucho de ser el derecho fundamental masificado y extendido como lo conocemos hoy.
Basta reparar actualmente en el crecimiento de la matrícula, en la multiplicación de los centros educativos, en la universalización de la oferta educativa a las primeras etapas de la vida, en la penetración universitaria en el interior del país, en las oportunidades de posgrados, en los sistemas de becas y hasta en el propio Ceibal para abandonar la idea reaccionaria del retroceso.
Sin embargo, no se puede desconocer que la educación uruguaya hoy enfrenta un conjunto de problemas y desafíos enormes. Pero ¿cuál es ese panorama complejo que hay que asumir para poder intervenir con decisiones informadas?
La inclusión masiva de individuos en el sistema educativo implica lidiar con la desigualdad, la inequidad en el punto de partida y la fragmentación del sistema, la elitización educativa de los sectores más favorecidos. Además, y afortunadamente, hoy el sistema se ocupa de un conjunto de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados desde siempre, asumiendo un problema de todos –violencia sexual e intrafamiliar, por ejemplo– que antes el pacto social encerraba en los hogares.
Dónde estamos parados y qué camino hemos recorrido
En 1963, por ejemplo, teníamos un analfabetismo del 8,8 por ciento, mientras que en 2024 se ubicaba en 1,1 por ciento. No obstante, este número esconde desigualdades: la mitad de la población carcelaria tiene analfabetismo funcional.
Por otro lado, según el censo de 2023, el 27,5 por ciento de la población de 25 años o más tiene como máximo nivel alcanzado «educación primaria o menor»; el 24,4 por ciento completó educación media básica; el 19,3, «educación media superior», y el 25 alcanzó el nivel terciario. Por lo tanto, más de la mitad de las personas mayores de 25 años no ha logrado culminar la educación media. En un mundo donde el conocimiento es uno de los principales activos y los avances de la tecnología marcan la diferencia, tener a la mitad de las personas adultas fuera de un nivel básico de conocimiento es sin dudas una mala noticia.
Para colmo de males, estos bajos niveles educativos esconden una desigualdad dramática: mientras que solo el 53,8 por ciento de los jóvenes de entre 21 y 22 años culminó la educación media superior en 2024, ese porcentaje desciende a 24,2 si se considera solo los del primer quintil de ingresos y asciende a 89,3 entre los del último quintil. En Chile, que tiene niveles similares a los de Uruguay en términos de resultado de aprendizaje, egresan de educación media superior por encima del 90 por ciento de los jóvenes.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tiene 662 mil estudiantes todos los años. En la franja de 3 a 17 años, la asistencia llega al 100 por ciento, menos en los dos extremos. Hay un 14 por ciento de la población de 3 años que no está escolarizada; un 10,8 por ciento de personas de 17 años están en esa misma condición. También aquí la desigualdad se manifiesta con creces: mientras que en el primer quintil de ingresos la tasa de asistencia para 3 años es del 79,7 por ciento, para el último quintil es del 100 por ciento; respecto a los de 17 años, estas tasas son del 82,6 y el 96,8 por ciento, respectivamente.
Estas desigualdades que preocupan y deben ocupar al Estado –el 85 por ciento de la matrícula en Uruguay es pública– no son fruto de un fracaso absoluto. Es decir, aunque desde el año 2006 los indicadores han tenido una mejoría –aunque sin duda insuficiente–, ello contrasta con la percepción de que cada vez estamos peor. En 2006, la asistencia para los niños de 3 años del primer quintil de ingresos era del 31,7 por ciento y del 47,8 para las personas de 17 años. Asimismo, en ese año solo el 35,2 por ciento de las personas entre 21 y 22 años había culminado la educación media superior.
¿Qué hemos hecho
y hacia dónde vamos?
La incorporación al sistema educativo de estudiantes provenientes de contextos más vulnerables constituye un avance que debe consolidarse. No obstante, plantea desafíos importantes que requieren fortalecer las capacidades institucionales para garantizar trayectorias sostenidas y de calidad.
En este sentido, el presupuesto nacional tomó decisiones que van en esa dirección. Por ejemplo, la extensión de los tiempos pedagógicos en los diferentes subsistemas de la ANEP: se pretende que, en 2029, el 50 por ciento de los niños y niñas que concurren a primaria asistan a una propuesta de Extensión del Tiempo Pedagógico. Además, se pretende que en secundaria y UTU se dupliquen los centros con extensión del tiempo pedagógico (de 61 a 122 centros); se otorga apoyo en la alimentación, en primaria con la ampliación horaria y en UTU y secundaria con multiplicación de comensales (20 mil a 40 mil); se introduce el bono escolar, dirigido a apoyar económicamente a las familias de la educación inicial y primaria pública para el comienzo de clases; se consagra una reasignación otorgada en Diputados para la inclusión educativa de personas con discapacidad visual. Asimismo, aumentaron, tanto en valor (de 10 mil a 25 mil pesos) como en cantidad (de 14.700 a 70 mil), las becas en educación media. Cabe señalar que en esta etapa la repetición y la desvinculación educativa alcanzan sus niveles más altos, especialmente entre los sectores más vulnerables. En este sentido, y buscando la continuidad en la formación y la reducción de las brechas educativas, se otorgan también becas a estudiantes de formación docente (reasignación del Senado), Universidad de la República y Universidad Tecnológica del Uruguay.
Es decir, este presupuesto mira al individuo a lo largo de la vida y busca que nadie quede atrás, sabiendo que esto es un enorme desafío, dada la complejidad social que vivimos, teñida por la pobreza infantil y las múltiples formas de violencia.
La educación y su rol en la desigualdad y la pobreza
Las políticas educativas necesitan de un conjunto de acuerdos sociales y políticos que permitan establecer objetivos a largo plazo y construir soluciones colectivas a los problemas que enfrenta el país. Esto implica pensar en el papel central del Estado.
En Uruguay, uno de cada tres niños y niñas vive en situación de pobreza. El principal ingreso de los hogares donde viven niños y niñas proviene del mundo del trabajo. Por ende, lo que allí ocurra tendrá efectos directos en sus vidas. Esto quiere decir que los niveles salariales, la participación de la masa salarial en el PBI, los niveles de informalidad y la protección en la vida activa frente a eventos vinculados a la reproducción hacen al bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y la situación de pobreza en la que estarán (o no) inmersos.
Claro que las políticas laboral y salarial no pueden disociarse de las políticas productiva y educativa. Como ha demostrado la literatura de referencia, existe una relación positiva entre los niveles de formación que tenga una persona y el nivel salarial que alcance. Al tiempo que quienes logran insertarse laboralmente en sectores intensivos en conocimiento obtienen mayores salarios. Esto último implica que inevitablemente las desigualdades en el acceso y en los niveles de educación alcanzados se reflejarán en el mercado laboral y posteriormente en los desiguales niveles de ingresos de los hogares.
En otras palabras, el desafío es enorme; debemos poder asumir la hondura del debate. Es impostergable construir un nuevo consenso nacional en torno a la educación que dé cuenta de su relación directa con los niveles de equidad, igualdad de oportunidades y superación de las peripecias personales; pero debemos también salir de la falsa oposición educación utilitaria/educación universal. La humanidad en todas las épocas se preparó para el mundo del trabajo. Entonces, debemos ser capaces de correr el eje, para asumir colectivamente que un proyecto de desarrollo sostenible y transformador debe ser traccionado por una franca superación de los estándares educativos actuales.
Tenemos la oportunidad histórica de encontrarnos del otro lado de las preguntas, lejos de la nostalgia idealizada y falaz, y mucho más cerca del desarrollo colectivo y las realizaciones individuales.
