Desde mediados del año pasado, la seguridad es la principal preocupación para más de la mitad de la población, según el relevamiento que hace cada bimestre la consultora Factum. La reducción de algunos delitos y el récord de privados de libertad –ítems defendidos por el gobierno– no parecen haber sido suficientes para mitigar la inquietud ciudadana ante la persistencia de altas tasas de homicidios y la presencia acuciante del narcotráfico. La brutalidad de algunos asesinatos, el aumento de las heridas de bala en menores o el hacinamiento carcelario, y sus consecuencias, son el rostro más duro de una violencia que se retroalimenta. Por este motivo, la mayoría de las propuestas en las que vienen trabajando el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA) se enmarcan en los ejes de prevención y represión, aunque también se incluyen otras, de carácter normativo e institucional, que conciernen al sistema en su conjunto.
SEGURIDAD
Una segunda administración nacionalista tendría como aspecto fundamental la creación de un grupo especial conjunto basado en el «modelo antimafia» utilizado por Italia. Si bien el programa no es exhaustivo sobre su funcionamiento, se asegura que estaría integrado por todas las dependencias estatales y permitiría mejorar la respuesta contra el crimen organizado. Además, permitiría generar inteligencia financiera para la lucha contra el lavado de activos. En este apartado, el PN también propone la implementación de la figura del «agente encubierto financiero» y la unificación de la secretaría antilavado con la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, proyecta tomar como guía para abordar el tema la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, aunque, curiosamente, aún no fue aprobada por el gobierno.
El plan de Álvaro Delgado apuesta, de igual modo, a la aprobación de los allanamientos nocturnos para «mejorar los resultados contra el microtráfico». En la misma línea, plantea fortalecer la Guardia Republicana «ampliando sus efectivos y bases operativas», intensificar la colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa a través de las Fuerzas Armadas, «para mejorar los niveles de interacción en lo atinente a seguridad pública», y «continuar jerarquizando la figura del comisario como autoridad responsable jurisdiccional». De forma complementaria, propone penas agravantes para delitos vinculados a grupos organizados y de tráfico de determinadas sustancias –como el fentanilo–. En tanto, en materia carcelaria se destaca la creación de «3 mil nuevas plazas bajo el modelo de unidades chacras».
Un eventual gobierno del FA, por su parte, pondría énfasis en una mayor dotación de personal policial y tecnología. En tal sentido, se augura la creación de 2 mil cargos policiales en el quinquenio, alcanzar las 20 mil cámaras de videovigilancia –de las cuales 500 estarían ubicadas en las fronteras– e incorporar sistemas de identificación facial y 2 mil dispositivos móviles para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género. Asimismo, se plantea desarrollar un «sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico» y un «centro coordinador unificado de seguridad en las fronteras». En ninguno de los dos casos se detalla su composición y funcionamiento.
En cuanto al sistema carcelario, el FA apunta al fortalecimiento de las «medidas alternativas» y los «programas de rehabilitación». En ese aspecto, también se proyecta la creación de «30 dispositivos para atención del uso problemático de drogas y atención del analfabetismo». A su vez, en lo que refiere a la transparencia y la lucha contra la corrupción, se propone fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública, limitar las designaciones directas en el Estado y regular las donaciones anónimas y de empresas a los partidos.
Los dos partidos coinciden en la necesidad de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la visión del FA, ese organismo estaría «a cargo del sistema penitenciario, la gobernanza de las políticas públicas sobre el tema y la optimización de recursos». En la del PN, se haría cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación. En el aspecto judicial, el programa nacionalista también incluye la creación de una fiscalía de ruralidad y medioambiente y la formación de una «escuela de fiscales». Por su parte, en las bases frenteamplistas se destaca la «eventual» creación de una Defensoría General de la Nación.
EDUCACIÓN
A pesar de la reforma implementada en el período actual, la educación aún presenta problemas importantes. La insuficiente cobertura en la primera infancia, las dificultades para incorporar aprendizajes en primaria y la desvinculación en secundaria son algunos de los más apremiantes. Al respecto, el último dato publicado por el Monitor Educativo Liceal 2023-2024, en agosto, resultaba esclarecedor: en 2023 egresaron únicamente 56 de cada 100 estudiantes que cursaron el último año de la educación media superior.
Las iniciativas de Yamandú Orsi en este ámbito son varias. Entre las 48 medidas prioritarias se encuentra un apoyo económico –de 2.500 pesos– para las familias con niños en centros de educación inicial y escuelas públicas al inicio de las clases. También propone multiplicar por cinco las becas –unas 70 mil– para estudiantes de la enseñanza media en centros educativos públicos y duplicar la cobertura en jardines y escuelas de tiempo completo y extendido. Sumado a ello, apunta a lograr que niños y niñas en situación de discapacidad asistan a centros educativos comunes.
Las bases programáticas del FA incluyen lineamientos adicionales en la materia. Allí se establece la implementación de una estrategia nacional de educación «que responda a acuerdos sociales e interpartidarios amplios» y se define la necesaria participación docente en el «diseño de políticas, planes y programas en todos los niveles del sistema». Asimismo, se define nuevamente el objetivo del 6 por ciento del presupuesto para toda la educación y el 1 por ciento para investigación al final del quinquenio. La creación de la Universidad de la Educación, de carácter cogobernado, y la inclusión de la educación sexual integral en los programas de la Administración Nacional de Educación Pública son otras de las iniciativas destacadas en las bases frenteamplistas.
En el caso de Delgado, los ejes para impactar en la educación son esencialmente dos. El primero apunta a la creación de un bono económico para la culminación del liceo de los jóvenes de los quintiles más bajos. En concreto, se propone otorgar 2 mil dólares a los estudiantes que culminen quinto año de liceo antes de los 18 años e integren hogares ubicados en los dos primeros quintiles de ingresos. Ese bono sería complementado por otro, de 4 mil dólares, para quienes terminen sexto grado antes de los 20 años y pertenezcan a los dos primeros quintiles. Según la estimación hecha por el equipo nacionalista, la medida costaría unos 32 millones de dólares en su etapa inicial y tendría como objetivo aumentar la culminación educativa en esos tramos de ingresos.
En tanto, el segundo eje apunta a «universalizar primaria e inicial de tiempo completo o extendido para los dos quintiles más bajos». La profundización de esta modalidad tendría un costo anual de 40 millones de dólares, más 150 millones de dólares, por única vez, en obras edilicias. Al mismo tiempo, se propone ampliar el alcance del modelo de formación dual –que incorpora el espacio empresarial como potenciador del espacio de aula– a nivel de bachilleratos y «aprobar una nueva ley de educación que acompañe la profesionalización de la gestión».
POLÍTICAS SOCIALES
En Uruguay la pobreza afecta a una de cada diez personas, pero cuando se analiza esa cifra por rangos etarios se observa una realidad más compleja: las peores situaciones se concentran en los menores de edad. La pobreza en los menores de 6 años, por ejemplo, aumentó casi tres puntos entre 2019 y 2023 y actualmente alcanza a uno de cada cinco niños. A ello se suman los dos puntos de crecimiento entre los niños de 6 a 12 años y los tres puntos adicionales entre los jóvenes de 13 a 18 años. Es posible añadir otro dato que refleja aún más las dificultades de los jóvenes para cambiar su situación una vez que llegan a la adultez: el desempleo afecta a uno de cada cuatro jóvenes menores de 24 años y supera en casi cinco veces al de los adultos.
La medida más ambiciosa propuesta por Delgado en esta materia es la que plantea destinar 200 millones de dólares al año al programa de «atención integral a la primera infancia», creado en 2021. Ese monto se alcanzaría recién en 2030 y se destinaría a atender la pobreza infantil mediante la extensión y el refuerzo a los hogares con menores de 6 años del Bono Crianza del Ministerio de Desarrollo Social –una prestación que se otorga a los hogares que reciben la Tarjeta Uruguay Social (TUS) con menores de 3 años–. Su financiamiento sería posible a partir de lo liberado con la eliminación de 15 mil empleos públicos, unos 300 millones de dólares.
El programa nacionalista propone, de manera complementaria, implementar un bono «específico y temporal de tres meses» para beneficiarios de la TUS que ingresan al mercado laboral formal para «gastos asociados al empleo, como vestimenta y transporte». Con ello se promoverá, a su vez, la exoneración total de los aportes patronales y personales a nuevos puestos de trabajo que tengan un salario líquido inferior a 30 mil pesos. Dicha política tendrá un costo de unos 40 millones de dólares anuales si se alcanzan los 15 mil puestos de trabajo, sostiene el documento. Para los adultos jóvenes, de manera genérica, se plantea «escalar» el programa Yo Estudio y Trabajo.
El PN también proyecta cambios para la institucionalidad encargada de la gestión de las políticas sociales. Entre los más significativos se encuentra la implementación de un sistema de auditorías, que utilizaría herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de «minimizar errores de inclusión y asegurar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad». En la línea de un mayor control plantea, además, la mejora del uso de datos administrativos «para monitorear la situación de los hogares y asegurar la correcta asignación de transferencias». Finalmente, define un cambio en la formulación de las políticas que implican la intervención de organizaciones sociales. Al respecto, propone desarrollar «modelos de pago por resultados». Dentro de este enfoque, se buscaría ampliar las iniciativas de «bonos de impacto social».
En las propuestas de Orsi también se señala la necesidad de rediseñar el esquema de transferencias, pero en su caso enfocado en la unificación de las distintas políticas, la universalización para los menores de 18 años y la eliminación de las condiciones para recibirlas. A ello se apuntaría a lo largo de su gestión, mientras que, en lo inmediato, se proyecta un aumento de 50 por ciento en los montos asignados por la TUS y el Bono Crianza. Según las bases programáticas, un eventual gobierno frenteamplista también aplicaría una «estrategia integral de apoyo a las infancias» y buscaría ampliar la oferta y la cobertura del sistema de cuidados. Ello requerirá, según se detalla, «la construcción de nuevos centros, la ampliación de otros y la generación de nuevas modalidades de atención».
En tanto, respecto de la inclusión laboral, el FA plantea implementar un programa de empleo protegido para 12 mil jóvenes de 18 a 24 años. Nuevamente, la iniciativa no cuenta con mayor detalle, aunque se define que se generarán estímulos tributarios para las empresas que incluyan a personas en situación de discapacidad en tareas calificadas y no calificadas. En un sentido similar, en las bases se proyecta «jerarquizar» los planes sociales de empleo «para concebirlos de manera más permanente e inclusiva». Y se agrega: «Revisaremos las condiciones en las que se desarrollan (retribuciones, estabilidad, duración), de manera de lograr el objetivo de superación de la exclusión social».
VIVIENDA
La cantidad de medidas presentadas en los programas, conjuntamente con su solvencia e impacto, puede funcionar como un indicador de la relevancia que les dan los distintos partidos a algunas áreas y temas específicos. Con ello en mente, a partir del análisis de las propuestas presentadas es posible encontrar importantes diferencias en los énfasis que le asignan el FA y el PN al acceso a la vivienda
En el caso del PN, el programa descansa en la profundización de las iniciativas impulsadas en la presente administración. Como punto esencial, propone modificar el actual plan Entre Todos «mediante cambios en el proceso de selección de beneficiarios, las características prioritarias de los beneficiarios y el porcentaje de los subsidios». Respecto de esto último, además proyecta establecer una «escala de subsidios». Por otro lado, plantea modificar la reglamentación de la ley de vivienda promovida de modo que permita generar «zonas de estímulo diferenciado» y que las intendencias puedan manejar el direccionamiento de estímulos a partir de instrumentos locales de ordenamiento territorial.
Las medidas presentadas por el FA, en tanto, son aparentemente más profundas y en primer término apuntan a la consolidación de un Fondo Nacional de Vivienda que aumente la oferta de diferentes tipos de viviendas. A su vez, promueven la conformación de un stock de viviendas destinado al alquiler accesible, además de una aceleración de los procedimientos para las cooperativas de vivienda. Sobre esto último, en las bases frenteamplistas se define la conformación de un parque de viviendas de propiedad estatal y la creación de un sistema de alquiler con regulación de precios, plazos y renovaciones. Sumado a esto, se proyectan facilidades para el acceso a viviendas a través del crédito a familias de capas medias y la implementación de cinco proyectos de vivienda colectiva para adultos mayores. El objetivo para el período es duplicar los recursos destinados a la vivienda.
COSTO DE VIDA
Así como en vivienda el FA presenta un paquete más ambicioso, en lo que refiere a la consolidación de un «país más barato» el PN plantea una visión más acabada. Así, Delgado apunta a implementar la libertad de importación de combustible, «de forma de lograr una reducción del precio al público a través de las ganancias de eficiencia en cada etapa de la cadena». Adicionalmente, para la energía eléctrica, propone «separar las actividades que están en competencia (la generación) de aquellas en las que existe un monopolio natural» para dinamizar el mercado mayorista de energía y lograr menores tarifas.
El programa también incluye cambios normativos para «fomentar la competencia, simplificar el proceso de importación y revisar las paramétricas en las tarifas públicas». En este caso, se crearía un mecanismo «que permita agilizar las importaciones de pequeña y mediana escala». Al mismo tiempo, se promovería que «la aplicación de criterios técnicos (bromatológicos, seguridad, entre otros) en la autorización de importaciones se limiten a dicho objetivo, sean proporcionales a los riesgos que implican para la sociedad y no operen como protecciones implícitas». Toda esa «revisión», añade el programa, será acompañada por propuestas que «profundicen la competencia removiendo en todo lo que fuera posible las barreras a la entrada», con especial atención a los mercados de combustibles, alimentos y productos de higiene personal.
Sobre este tema, como puntos destacables en las bases del FA se establece que habrá una mayor dotación de recursos para la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, «que le permita promover un mejor funcionamiento en los mercados y una reducción en el nivel de precios», y que el análisis y la evaluación de mercados concentrados (de forma independiente), sumado a la promulgación de prácticas que incentiven mayores niveles de competencia, «repercutirán de manera favorable en el costo de vida de la población».
