En las primeras líneas del inexistente decálogo sobre la dominación se lee que una “fuerza” (léase religión, país, partido político, etcétera) se erige y reproduce al lado de los “dioses”. ¿Por qué? Porque en los dioses (léase mesías, héroes, líderes, líderes políticos –socialmente vivos–, etcétera) reside la serie de valores aspiracionales de nuestra sociedad moderna: lo bello, elevado, puro… lo verdadero, razonable, correcto y el largo etcétera de lo apolíneo.
El metarrelato –el discurso oficial– de una fuerza política se construye al lado de los dioses. Por ejemplo, Cabildo Abierto (en adelante CA) fija su atención en el “padre de la patria” y lo utiliza como signo –descompuesto en un conjunto variado y coherente de significados, significantes y símbolos– de la credibilidad y el vigor, con la finalidad de crear una especie de isomorfismo entre el “jefe de los orientales” y su candidato a presidente, y otras equiparaciones. Con esta puesta en escena, solamente algunos “irreverentes” –enemigos de la patria– reaccionarían contra los signos “sagrados”.
La construcción del gran relato se presenta objetiva –una voz única, total y cerrada sobre sí misma–, aunque, más bien, es una imagen de la realidad social adecuada a sí misma (intereses, privilegios, estrategias). Me pregunto: ¿qué realidad social concibe CA cuando se propone intensificar la capacidad punitiva del Estado con la creación de “cuerpos de vigilancia integrados por personal policial y militar retirado” en el marco de la imaginería jurídica del “serenazgo”? La propuesta, a mi entender, diagnostica básicamente un estado de conflicto interno permanente, “solucionable” con el incremento cuantitativo y cualitativo de las fuerzas de seguridad pública. Es inevitable relacionar la medida con la represión previa y durante la última dictadura militar. La propuesta está conectada con el documentado fracaso de las políticas criminales de militarización de la seguridad interna en América Latina: Colombia en la década de 1990, México en los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), Brasil desde los tiempos de Michel Temer (2016 en adelante), Honduras con Juan Orlando Hernández (a partir de 2014). En estos y otros tantos casos de la región hemos aprendido –aunque no lo parezca– que la intensificación del aparato punitivo del Estado no conduce a la disminución del delito común y el crimen organizado. A veces, sucede todo lo contrario. La experiencia muestra que este tipo de estrategias puede incrementar exponencialmente los homicidios (principalmente contra los activistas de derechos humanos, los periodistas y jóvenes varones en general), los femicidios, los desaparecidos, las fosas comunes, la persecución política, entre otros.
En cualquier caso, la propuesta de CA parte de un diagnóstico errado. En 1991, Colombia alcanzó la tasa de homicidios más alta de su historia con 79 personas asesinadas cada 100 mil habitantes.1 En los últimos años, las tasas de homicidios más altas de América Latina se concentraron en el Triángulo Norte Centroamericano: El Salvador en 2016 (116,4 cada 100 mil habitantes)2 y Honduras en 2011 (86,5 cada 100 mil habitantes).3 Cualquiera de estos casos –y otros de la región– están extremadamente lejos de la tasa más alta que registra la historia uruguaya (11,8 cada 100 mil habitantes en el año 2018).4 En otros lados, como sostiene Marcelo Bergman para Argentina,5 hay severos problemas de medición que hacen espurias las comparaciones. Este no es un tema menor. Cuando hablamos de comportamiento delictivo con base en datos estadísticos, estamos, en realidad, haciendo referencia a la capacidad de detección policial y a la capacidad de medición de los sistemas de información.
El discurso sobre seguridad del general retirado Guido Manini Ríos Stratta parece ajustarse al modelo analítico schmittiano de amigo-enemigo. Para Carl Schmitt, “toda vida humana no deja de ser una lucha, y cada hombre es un luchador. Los conceptos de amigo, enemigo y lucha adquieren un sentido real…” (Schmitt, 1991: 63).6 Algunas locuciones del general retirado se ajustan al esquema expuesto: “Si ganamos, se les termina el recreo a los malandras”;“el delincuente va a pagar caro por su delito”; “delinquir es casi gratis y la justicia hoy hace agua”; “no soy partidario de la pena de muerte, más allá de situaciones que indignan”, y, sobre la cadena perpetua, “para los delitos graves, de gente que no ha demostrado que está rehabilitada, lo podríamos estudiar”.7 Nuevamente, a mi entender, emerge el diagnóstico con “aspecto” de guerra interna que, en consecuencia, deriva en la galopante tarea de fortalecer la capacidad punitiva del Estado y del poder de fuego civil: el programa propone flexibilizar la portación de armas de fuego en la ciudadanía y establecer la “legítima defensa presunta” para los ciudadanos –también para la policía en ejercicio de sus funciones– “dentro de los límites de su propiedad”.Me pregunto si CA proyecta un país de pistoleros divididos entre los amigos y enemigos del “protector de los pueblos libres”.
El programa de CA afirma que dará “una lucha frontal al narcotráfico”.8 Para ello, entre otras cosas, se propone crear una fiscalía especializada en narcotráfico,desconociendo o, más bien, silenciando lo que ya existe y se llama Fiscalía Penal de Estupefacientes. Por otro lado, en el bloque de propuestas sobre tráfico de drogas se plantean distintas medidas que conducen al aumento de la represión (penas equiparables al “homicidio especialmente agravado”) sobre los eslabones más expuestos de la cadena del tráfico de drogas. Las cárceles latinoamericanas están pobladas de campesinos y obreros manuales de la industria de las drogas. La selectividad no se queda ahí, su dirección se evidencia todavía más cuando se plantea “combatir y neutralizar el ‘nodo oculto’ de las estructuras narco, que lavan el dinero a través de profesionales y empresarios”. Atiéndase bien a la redacción, porque la medida arremete contra el “fantasma” –lo esotérico, la nada– y evita condenar a los “protectores del capital” (“profesionales y empresarios”) que legitiman el dinero obtenido en fuentes económicas ilegales. ¿Es así como CA pretende cumplir “el sueño del general José Gervasio Artigas de que ‘los más infelices serán los más privilegiados’”? Bienvenidos al “Reino del Revés” de María Elena Walsh.
En tiempos de posverdad y dataísmo, las aseveraciones del gran relato aspiran a convertirse en verdades configurando falsas realidades en una hermenéutica interminable. El metarrelato, aunque quimérico, tiene resultados materiales de gran impacto. CA se inscribe en la competencia electoral en 2019. Rápidamente se transforma en la fuerza política minoritaria más importante del país. En el último relevamiento de intención de voto de Factum, el 9 por ciento de los encuestados manifestó que votará a CA en las próximas elecciones.9 Estamos hablando de 241.200 personas en alrededor de 2.680.000 habilitados para votar. Para comprender el significado de la cifra, se puede considerar que, en las elecciones de 2014, Vamos Uruguay obtuvo 190.996 votos que le valieron tres bancas en la Cámara de Senadores.10
Las preocupaciones por el comportamiento delictivo uruguayo son razonables, pero no debemos alarmarnos y aprovechar las circunstancias para expandir el miedo electoralista. Las promesas de mínimo delito son parte de la hechicería política. El contexto demanda continuar mejorando (la institución policial y judicial, el sistema penitenciario, el Inisa, etcétera) y realizar cambios sustantivos (política criminal, política preventiva, política de reinserción social), sin perder de vista los condicionamientos estructurales que explican el fenómeno delictivo.
1. Bello, Catalina (2008). “La violencia en Colombia: Análisis histórico del homicidio en la segunda mitad del Siglo XX”. Revista Criminalidad, 50(1), 73-84.
2. Véase: https://www.dialogos.org.gt/comunicado-en-2017-se-redujo-violencia-homicida-pero-incremento-muerte-de-mujeres/
3. Véase: https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/5880-boletin-nacional-enero-a-diciembre-2017-ed-no-48. Consultado el 22 de agosto de 2019.
4. Véase: https://www.minterior.gub.uy/index.php/unicom/noticias/6615-delitos-observatorio-presento-los-datos-cerrados-de-2018. Consultado el 22 de agosto de 2019.
5. Véase: https://www.clarin.com/opinion/disminuyo-delito-argentina_0_7eXVPxEIl.html. Consultado el 22 de agosto de 2019.
6. Schmitt, Carl (1991). El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial.
7. Véase: https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/guido-manini-rios-delinquir-gratis-justicia-hoy-agua.html
Véase: https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2019/5/manini-rios-que-el-delincuente-sienta-que-ahora-si-va-a-pagar-caro-por-su-delito/
Véase: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Manini-Rios-lanzo-su-campana–Si-ganamos-se-le-termina-el-recreo-a-los-malandras–uc717288. Consultado el 20 de agosto de 2019.
8. El prefijo “narco” solamente se refiere a las sustancias psicoactivas de tipo narcótico, dejando de lado a las drogas que no producen sueño, relajación muscular, etcétera. Por ejemplo: cocaína.
9. Véase: http://radiouruguay.uy/factum-voto-a-ca-aumenta-a-medida-que-baja-el-interes-en-politica-y-la-clase-social/. Consultado el 21 de agosto de 2019.
10. Véase: http://eleccionesnacionales.cortelectoral.gub.uy/
