En su audición del martes 23 el presidente José Mujica analizó el conflicto de los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que calificó de “puja salarial de altos funcionarios muy bien retribuidos que ponen en juego la distribución con equidad”. Y en su análisis introdujo un valor que habitualmente no forma parte de la ecuación política: la ética en relación con la justicia en el sentido profundo. El presidente reivindicó “la equidad más allá de cualquier discusión que surja en materia de legalidad, porque hay cosas que pueden ser legales pero no son justas, ni ética ni moralmente”. La disyuntiva entre ética y legalidad –donde la ética aparece como un valor social consensuado y la legalidad como una norma devaluada por “las dos bibliotecas”– interpela cada vez más al gobierno y al Estado. Tan sólo dos ejemplos: cobrar intereses de hasta 69 por ciento (común en los préstamos de las financieras) es legal; pero no es ético. Permitir que el mercado fije sobreprecios abusivos a los productos de consumo masivo es legal; pero no es ético.
En el conflicto con el Poder Judicial la ética enfrenta un problema adicional: la legalidad (que por otra parte el presidente cuestionó) ampara una conquista laboral, por lo que Mujica introdujo un argumento adicional: “Si por una artimaña de un sector se le pega semejante mascada a los recursos públicos, habrá menos para causas impostergables, porque lo que se nos exige, supuestamente en forma legal, equivale a cerca de 500 millones de dólares en un quinquenio, más de 100 millones anuales”.
Efectivamente, el argumento es fuerte: 500 millones de dólares representan casi un punto del producto bruto interno. Pero si esa “mascada” refuerza el criterio ético que prioriza la equidad –“si accedemos a semejante gasto, hay muchos otros que están muy atrás en la fila del reparto a los que no podremos atender”, sostuvo el presidente–, otros “mordiscos” similares, legales pero impúdicos, no activan la contradicción. Algo menos de 500 millones de dólares alrededor de 400 millones, es lo que el Estado, por vía presupuestal, destina para cubrir el desfinanciamiento crónico de la Caja de Pensiones Militares. Hace ya un tiempo el entonces presidente del Bps y ahora designado como ministro de Trabajo en el futuro gobierno, Ernesto Murro, había revelado: “En la Caja Militar por cada peso que entra salen cinco, los otros cuatro pesos los paga la sociedad a través de impuestos”. El jerarca además planteó una interrogante: “¿Es correcto que aquellos militares que tienen altas jubilaciones no contribuyan para la propia Caja Militar?”. El Estado tiene que asistir con 80 millones de dólares por año a la Caja Militar, y para desentrañar la ética más allá de la legalidad es preciso detallar cómo se genera ese déficit.
Con un presupuesto quinquenal de 650.718.647 dólares –la senadora Constanza Moreira explicó en Brecha (véase “Seremos capaces de discutir abiertamente”, 15-X-12, y Constanza, el desafío, Ediciones Trilce)–, Defensa es el segundo rubro en importancia del presupuesto nacional con el 4,2 por ciento, superado sólo por el Ministerio del Interior (5,1 por ciento); el gasto en sueldos representa más de las dos terceras partes de la asignación.
En las Fuerzas Armadas revistan hoy 22.563 efectivos: Ejército, 15.407, de los cuales 1.498 son oficiales, y de ellos, 425 oficiales superiores; Armada, 4.672 (564 oficiales); Fuerza Aérea, 2.484, (444 oficiales, 110 oficiales superiores). Las remuneraciones, a fines de 2012, sin contar con las dos actualizaciones salariales posteriores, eran: teniente general o almirante, 93.569 pesos; general o contralmirante, 81.102; coronel o capitán de navío, 64.919; teniente coronel o capitán de fragata, 46.309; capitán o capitán de corbeta, 43.091. En el otro extremo, un suboficial ganaba 19.913 pesos y un soldado o marinero, 10.963 pesos.
Estos sueldos se incrementan en 50 por ciento cuando los efectivos participan en misiones en el exterior. Hay 1.809 militares en misiones de paz de las Naciones Unidas, 58 observadores en el Sinaí, 228 en cursos de capacitación para operaciones de la Onu, 40 en cursos de “experto en misiones”, 23 en cursos para mujeres en misiones de paz, 33 en cursos de protección a civiles y 16 en cursos de protección de niños. Y se incrementan en 100 por ciento en cualquiera de estas tres eventualidades: cuando existe un estado de guerra y se participa en el teatro de operaciones; cuando se aplican medidas prontas de seguridad, o cuando se realizan actividades de vuelo en forma permanente.
Los sueldos más altos en las Fuerzas Armadas corresponden a los 2.506 oficiales y en particular a los superiores (teniente general, general y coronel), de los cuales hay 425 en el Ejército y 110 en la Fuerza Aérea (no se pudo obtener el número de oficiales superiores en la Armada, pese a que su página web es la única que incorpora un ítem de “transparencia”).
Para comprender el déficit de la Caja Militar, que según la senadora Moreira incrementa en 57 por ciento el presupuesto de Defensa, hay que detallar el cúmulo de normas excepcionales que se aplican al pase a retiro de los oficiales, consagrado en unas 97 leyes o artículos, más algunos decretos, y cuya estructura básica se apoya en la ley orgánica militar (14.157), de febrero de 1974. Ese corpus consagra un esquema de privilegio para las jubilaciones militares:
● El oficial puede pasar a retiro al cumplir 20 años simples de servicio (los civiles deben trabajar un mínimo de 30 años para cobrar la totalidad de la jubilación que les corresponda). Cada año de servicio en el exterior se computa doble, de modo que los 20 años simples pueden disminuir significativamente.
● El general pasa a retiro obligatorio al cumplir 60 años u ocho años en el grado; el coronel a los 55 años y el teniente coronel a los 52.
● Los oficiales (superiores o no) se jubilan con el 100 por ciento de los haberes que recibían el mes anterior al pase a retiro (la jubilación de los civiles es el 50 por ciento del promedio de los mejores diez años).
● Las pensiones militares se ajustan automáticamente según el índice medio de salarios o, lo que es lo mismo, según los aumentos de los funcionarios públicos (las jubilaciones de los civiles dependen de ajustes especiales, que pueden o no corresponder al índice medio de salarios).
● Cuando el pase a retiro es obligatorio (por edad o permanencia en el grado, y salvo una evaluación deficiente), los oficiales perciben una pensión equivalente al sueldo del grado superior inmediato. Así, un coronel cuyo salario es de 64.919 pesos, al pasar a retiro obligatorio cobrará 81.102 pesos (un jubilado civil podrá eventualmente alcanzar hasta un 70 por ciento del promedio del salario de la década).
● Los pasivos de las Fuerzas Armadas reciben aguinaldo (los jubilados civiles no lo conocen).
Para mantener este régimen de pensión militar, los ciudadanos civiles, mediante el pago de impuestos, deben financiar los 400 millones de dólares del déficit de la Caja Militar. Esta situación, como la de los magistrados, amerita aplicar el criterio de Mujica sobre la ética y la equidad. Pero de esto nadie habla.
[notice]El Código Penal quedó postergado
Pelota al medio
Finalmente la aprobación del nuevo Código Penal quedó aplazada hasta la próxima legislatura. El Frente Amplio resolvió dar lugar a varias observaciones realizadas la semana pasada por diversas organizaciones sociales y la Institución de Derechos Humanos, por lo que el proyecto volverá a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. Según explicó a Brecha el diputado Jorge Orrico, este cuerpo se podrá reunir recién después del 15 de febrero para discutir los cambios y presentar un nuevo texto a discusión, con lo que queda descartado para esta legislatura.
La Institución de Derechos Humanos y unas 40 organizaciones sociales, entre las que se cuentan Serpaj, Amnistía Internacional, y Cotidiano Mujer, sostuvieron que el proyecto de código implica “un retroceso en todo lo relativo a los delitos sexuales, como la explotación sexual de niños y adolescentes, o el proxenetismo”. Por ejemplo, señalan que el texto “banaliza los delitos sexuales que no implican penetración, denominándolos ‘delitos contra el pudor’ y reduciendo la pena de forma que permita la excarcelación, siendo este tipo de conductas muy frecuentes contra las mujeres y las más utilizadas contra niñas, niños y adolescentes”. Entre otras observaciones, señalan que restringe la penalización vigente para el delito de contribución a la explotación sexual de niñas y adolescentes, limita el delito de violencia doméstica a la cometida en el ámbito familiar; y tampoco tiene en cuenta la legislación más moderna en lo relativo a la penalización de crímenes de lesa humanidad.
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