Por iniciativa del Ejecutivo de Jorge Batlle, el Parlamento aprobó, el 20 de diciembre de 2004, la ley 17.856, que crea la base de prestaciones y contribuciones (BPC) como instrumento de regulación impositiva y de las prestaciones del Estado. La norma establece la posibilidad de elegir entre dos indicadores anuales: el índice de precios al consumo (IPC) o el índice medio de salarios (IMS), es decir, el promedio del aumento de los sueldos de los asalariados. Los tres gobiernos frenteamplistas decidieron aplicar el primero de los indicadores (el de inflación), pues el IMS habría obligado a subir la BPC, lo que determinaría una menor recaudación, ya que hubo en esos tres lustros un crecimiento del salario real, lo que correría al alza las franjas de tributación del IRPF y del IASS, aun...
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