En muchas ocasiones, bajo el rótulo de la democratización, se englobaron viejas concepciones de extensión cultural, ya presentes en el Estado, que se proponían –no sin cierto paternalismo– acercar la «verdadera» cultura a los sectores populares. Pero hubo también un conjunto de nuevas políticas que promovieron otras lógicas, en los papeles y en la práctica. Es el caso de las Usinas Culturales y las Fábricas de Cultura, ambas dentro del Área de Ciudadanía Cultural de la Dirección Nacional de Cultura, y también de los Centros MEC (Ministerio de Educación y Cultura), dependientes de la Dirección General de Secretaría del Ministerio. A medida que esta política se fue consolidando, despertó distintas resistencias internas, y también de algunas intendencias, gobernadas por la oposición en ese momento, que la percibían como una intromisión del gobierno del Frente Amplio (FA) en los asuntos locales.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA CULTURAL
La primera formulación de Centros MEC apareció en 2007 y originalmente se proponía instalar en distintos puntos del territorio –especialmente en localidades de entre 500 y 5 mil habitantes– espacios para la alfabetización digital. En poco tiempo, estos espacios desbordaron su cometido inicial y se convirtieron en centros de referencia para las comunidades, principalmente en materia cultural, aunque en algunos casos fueran una de las pocas dependencias estatales presentes en el territorio. Su existencia surgió de la necesidad, planteada por distintos actores culturales, de una descentralización de las decisiones y una desconcentración de los recursos en una cultura –y un país– absorbida históricamente por la centralidad de su capital-puerto.
La ley de presupuesto para el período 2010-2015 (18.719) creó la Dirección de Centros MEC dentro de la Dirección General (artículo 504) y le asignó una serie de cometidos. Su desarrollo dependió, en parte, de la articulación con distintos aliados (ANTEL, gobiernos departamentales y municipales, y la sociedad civil). Su campo de acción estaba relacionado con una diversidad de objetivos planteados por el MEC, que involucraban actividades culturales, educativas y de difusión de ciencia y tecnología, además de impulsar un Plan Nacional de Alfabetización Digital para el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
En la cuestión de la inclusión digital, los Centros MEC forman parte de un conjunto de iniciativas que exceden al MEC, como la Red Uruguay Sociedad de la Información, de la empresa estatal ANTEL, que, además de garantizar un importante servicio de conectividad pago, desde 2007 instala espacios de inclusión digital en todo el territorio nacional, o el Plan Ceibal, iniciado también en 2007, cuyo objetivo fue la inclusión digital de niños y adolescentes en el marco del sistema educativo, así como el Plan Ibirapitá, que trabaja en la inclusión digital de los adultos mayores jubilados con menores ingresos. Todo esto en el contexto de una agenda de creciente digitalización del Estado, que permite a las personas realizar trámites y acceder a información pública desde cualquier punto del país.
Desde su nacimiento hasta hoy, se crearon 127 centros en los 19 departamentos (uno solo en Montevideo). Según datos de un informe publicado en febrero de 2015 («X 125, Centros MEC en el territorio»), que fuera retirado de la página web oficial durante la tercera gestión del FA, en los Centros MEC trabajaban cerca de 400 personas distribuidas en todo el territorio nacional (apenas 20 en el equipo central), de las cuales 220 eran docentes de alfabetización digital y alrededor de 100 eran animadores socioculturales. En el período 2007-2014 se realizaron unas 11 mil actividades, que requirieron la contratación de 10 mil docentes, artistas y espectáculos que contaron con la participación de aproximadamente 1 millón y medio de personas entre espectadores y alumnos. Por su parte, el Plan Nacional de Alfabetización capacitó a unas 60 mil personas en el uso de computadoras e Internet, cubriendo distintos aspectos como la apropiación crítica de información, el acercamiento a las redes sociales, el comercio y el gobierno electrónico.
Por último, hay un asunto no menor e importante desde el punto de vista histórico e institucional. A fines de los años cincuenta se creó, por decreto, la Comisión Asesora de Cultura dentro del Ministerio de Instrucción Pública (hoy MEC), integrada por distintas dependencias oficiales. Entre sus objetivos se planteaba la elaboración de «planes de extensión cultural» en coordinación con autoridades nacionales y departamentales (decreto s/n, 30-07-1959, artículo 4). Esto ocurría al tiempo que aparecían las casas de cultura, inspiradas en el Ministerio de Asuntos Culturales francés, liderado por André Malraux entre 1959 y 1969, cuya influencia en Uruguay fue muy importante y partía del supuesto de «llevar» la centralidad capitalina al resto del país. A diferencia de Francia, las casas no dependieron del Poder Ejecutivo, sino de las intendencias. Es posible interpretar que la Comisión se proponía solucionar un problema de coordinación interna y externa al Ministerio. Pasan las décadas y los problemas persisten, se acumulan y superponen las instituciones, se concentra el poder y los recursos en las capitales departamentales, se abandonan las infraestructuras, y un largo etcétera.
Lo que el modelo de gestión planteado por los Centros MEC propuso fue combinar la centralidad de los distintos niveles de gobierno con el diseño y la gestión local de la política, de acuerdo a las necesidades de las personas de pequeñas localidades, sin grandes inversiones en infraestructura y con equipos de coordinación en diálogo permanente con la ciudadanía. Además, tenía la intención expresa de romper ciertas relaciones de micropoder que limitan el acceso de la población a las políticas estatales. Su creación aumentó la complejidad de la institucionalidad cultural y generó cortocircuitos con la verticalidad característica de las estructuras del Estado.
LO QUE SE PIERDE
En las últimas semanas, los trabajadores de Centros MEC alertaron sobre el desmantelamiento de esta política cultural por el actual gobierno y sobre la consiguiente pérdida de fuentes laborales. Si bien las autoridades hablan de una reformulación, lo que está en juego es la suerte de un pilar importante de las políticas culturales orientadas a garantizar la participación de las personas en la vida cultural, derecho consagrado en nuestras leyes y en varios instrumentos internacionales firmados por el país. Se puede perder la perspectiva entre los errores políticos del FA, las tensiones dentro del campo cultural con relación al concepto y la práctica de la ciudadanía cultural, y algunas notas de prensa que amplificaron el ruido ya existente. Lo que está en riesgo es, además del trabajo de muchas y muchos, una política cultural que busca achicar las brechas de acceso a la cultura. Y eso merece una discusión democrática, pública y transparente.