A una semana de la cumbre del G 20, la violencia estalló en la previa de un partido entre Boca y River, justo cuando el gobierno presumía de poder prevenir cualquier disturbio. Vuelven a emerger las relaciones entre fútbol, negocios, periodismo y política.
“Vamos a organizar el G 20 con todo lo que eso implica, ¿y no vamos a poder con un partido de fútbol?” Con esa frase la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió a las dudas de los periodistas en las horas previas a celebrarse la final de la Copa Libertadores de América, entre River Plate y Boca Juniors, el súper clásico del fútbol argentino.
En el partido de ida en la cancha de Boca hubo empate en dos tantos, así que la Copa iba a definirse en el estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez, el sábado 24 de noviembre. Sin embargo, la violencia volvió a tronchar “la fiesta del fútbol”.
Las primeras especulaciones basadas en las imágenes de cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires y las órdenes de los responsables políticos del operativo para organizar el evento señalan que el bus donde viajaban los jugadores de Boca, el cuerpo técnico y algunos dirigentes fue desviado de su recorrido hacia una zona de escasa presencia policial y donde confluía la hinchada de River camino al estadio. El resto es crónica policial: vidrios del ómnibus rotos a pedradas, heridas cortantes y gas pimienta sobre hinchas, jugadores y quien pasara cerca en el momento equivocado.
UNA EXCEPCIÓN DE MAL AUGURIO. Dos semanas antes el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, aseguraba en un programa del canal Todo Noticias que su área no podía garantizar la seguridad en un estadio de fútbol donde confluyeran las dos hinchadas rivales. Su jefe mayor, el presidente Mauricio Macri, había pedido expresamente que se hiciera una excepción para este partido y se jugara en presencia de las dos hinchadas, “para darle un ejemplo al mundo de que cuando los argentinos nos unimos podemos hacer las cosas”.
Tres días antes del súper clásico se enfrentaron All Boys y Atlanta en tercera división. El visitante ganó 3 a 2 y la hinchada del club All Boys, enardecida, enfrentó a la policía de la ciudad y la hizo retroceder en plena calle. Martín Ocampo aseguró que la respuesta de la autoridad porteña sería implacable: clausura del estadio, partidos a puertas cerradas y sanción económica para el club del barrio de Floresta. “Hay que terminar con la connivencia de los dirigentes de los clubes con los hinchas para negocios oscuros”, aseguró el ministro porteño. Pocos días después dejaría su cargo.
En Buenos Aires hace más de una década que el público visitante no puede asistir a los estadios. Todo empezó con la segunda y tercera categoría de ascenso. En 2006, en una semifinal de la tercera división para ascender a la segunda, se enfrentaron Almirante Brown y Estudiantes de Buenos Aires, en la cancha del primero. Desde una tribuna arrojaron una heladera para gaseosas que hirió gravemente a un hincha visitante. Dos semanas después, en mayo del mismo año, en el estadio de Almagro, el local enfrentaba a Ferrocarril Oeste. El partido no pudo empezar porque las dos hinchadas se trenzaron en las afueras de la cancha. Incendiaron dos automóviles policiales y un hincha de Ferro herido murió en el hospital.
Desde ese partido el entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Afa), Julio Grondona –mandamás del fútbol argentino desde 1980 hasta su muerte en 2014, y vicepresidente de la Fifa–, decidió que los visitantes no podrían asistir a los estadios en los partidos de ascenso y ligas del interior del país.
¿UN REFLEJO DE LA SOCIEDAD? Según el sociólogo Pablo Alabarces, los hechos del sábado 24 responden a “una cultura futbolística organizada en torno a la violencia como ética”. En una nota de la revista digital Anfibia, este experto en el tema de la violencia en el fútbol opinó además que los medios y su lenguaje guerrero, el protagonismo de los dirigentes, y los propios futbolistas profesionales que prefieren no salirse del libreto de infinitas paranoias y conspiraciones para ocultar el negocio que implica el fútbol profesional y su contexto, constituyen un combo explosivo. Dicen, escribió Alabarces, que “el fútbol refleja a la sociedad: punto en contra de la sociología contemporánea. El fútbol refleja apenas al fútbol, con holgura y precisión. Básicamente la demolición de ese lugar común estaría dada por la obviedad de que una cultura aun tan cerradamente masculina no puede reflejar a una sociedad en la que la mayoría de la gente no son varones. Por supuesto, la metáfora del reflejo la suelen repetir señores con pito. Explicar con ese argumento permite descargar culpas pero no explica nada. La explicación la hemos desplegado durante veinte años, la han financiado las instituciones científicas argentinas (…). Todo este trabajo se esfuma, se vuelve inútil, cada vez que los conversadores de TyC Sports o Fox abren la boca”. Alabarces descargó la responsabilidad última en los funcionarios públicos y recordó que desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri murieron 16 personas en hechos vinculados a los partidos de fútbol, y que durante el kirchnerismo las víctimas fueron 96.
POLÍTICA Y FÚTBOL. El gran negocio del fútbol nació en la década de 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem, con la televisación de los partidos nacionales, internacionales y de la selección argentina, y a partir de la privatización de las estaciones de televisión y la fusión de empresas periodísticas. Los partidos de los torneos locales e internacionales se televisarían a abonados que pagaban.
Los negocios entre dirigentes de clubes deportivos, hinchas y barrabravas, por un lado, y dirigentes políticos con proyección nacional, por el otro, no son nuevos y parecen rendir buenos dividendos. Durante su presidencia, el propio Néstor Kirchner intentó domesticar a los principales líderes de hinchadas conflictivas creando una agrupación llamada Hinchadas Unidas Argentinas, para evitar incidentes fuera del país durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Imaginaba una continuidad de ese proyecto, pero los intereses económicos volvieron a dividir a los barrabravas.
Desde que Cambiemos llegó al gobierno municipal en 2007 y al nacional en 2015, los barras de Boca y Nueva Chicago mantienen relaciones amistosas con los principales referentes del Pro (partido macrista) en Buenos Aires, especialmente con el dirigente Cristian Ritondo, secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y el actual fiscal federal a cargo de la causa de los “cuadernos de la corrupción K”, Carlos Stornelli, según un documental producido en 2012 por la televisión española. Stornelli fue jefe de seguridad de Boca Juniors cuando Macri presidió el club, entre 1995 y 2007.
TEJES Y MANEJES. Apenas se produjeron los incidentes del sábado 25, Macri y Bullrich descargaron toda la responsabilidad en el gobierno de la ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y su ministro Martín Ocampo. Una forma elegante de desprenderse de sus declaraciones anteriores sobre la capacidad para garantizar la seguridad en el fútbol, a pocos días de una cumbre con líderes mundiales en la misma ciudad.
Ocampo debió renunciar y en su lugar asumió el vicejefe de gobierno, Diego Santilli. Pero, paradójicamente, Ocampo volverá a ocupar su anterior puesto al frente de la Procuración General de la Ciudad. Es decir, será jefe de los fiscales, un cargo por el cual queda como último responsable de la investigación de las fallas en los controles del operativo de seguridad para el partido entre River y Boca y la posible imputación de responsabilidades en el caso. En otras palabras: será responsable de investigarse a sí mismo.
El ahora ex ministro de Seguridad porteño es un empresario vinculado a diversos negocios que van de las financieras a los bingos. Fue designado como fiscal general a pedido del presidente de Boca, Daniel Angelici, el hombre que el actual presidente de la nación y otrora presidente del club de fútbol apoyó para ese cargo.
El martes 27 Eduardo Domínguez, presidente de la Conmebol, organizadora de la Copa Libertadores de América, golpeó la autoestima del presidente argentino al declarar: “No están dadas las condiciones de seguridad para que una final de la Copa protagonizada por River y Boca se dispute en territorio argentino”. Confirmó que la final va a jugarse fuera del país, en escenario a designar, entre el 8 y el 9 de diciembre próximo.
“Lo único positivo” de estos últimos sucesos de violencia en el fútbol argentino, afirmó Alabarces, “es que esta vez todo ocurrió ante la atenta mirada de Gianni Infantino, el presidente de la Fifa. Hay una esperanza, entonces: que la Fifa desafilie a la Afa y el fútbol argentino pueda entrar, así, en su definitiva y merecida extinción”.
