Condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la referente indiscutida del peronismo se mostró como prenda de unidad de cara a las elecciones legislativas de octubre, por un lado, pero demostró, además, ser la armadora política de su partido para las presidenciales de 2027.
Las movilizaciones se repitieron en las capitales de las 24 provincias y hasta en países como Italia, Portugal, Francia, España, México, Colombia y Estados Unidos.
Cuando el martes 10 los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz firmaron la acordada para validar la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, sin siquiera tomarse el tiempo para leer las 1.661 páginas de aquella sentencia –plagada de irregularidades denunciadas por la defensa de la imputada–, no imaginaron lo que iban a desatar.
Ese mismo día se produjeron manifestaciones callejeras espontáneas, mientras el peronismo intentaba reaccionar. Haciendo suya la consigna feminista «Si tocan a una, tocan a todas», los más diversos sectores políticos y sociales peronistas se reunieron en la sede de partido, convocados por Fernández para ordenar la tropa antes de comenzar a cumplir la condena. Tenía cinco días hábiles, que concluían el miércoles 18, para presentarse detenida ante los tribunales federales de la calle Comodoro Py. «El pueblo va a acompañar a Cristina hasta los tribunales», advertían voceros del peronismo.
Los sectores empresariales, la derecha política –representada especialmente por el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– y los jueces imaginaban la liquidación del fenómeno CFK (por Cristina Fernández de Kirchner). «Hacemos un llamado a acatar el fallo de la Corte Suprema y a canalizar eventuales disconformidades por medios pacíficos», dijo en un comunicado la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la más cercana al gobierno de Javier Milei. Macri festejó en sus redes sociales la decisión judicial y Bullrich estaba decidida a humillar a la expresidenta obligándola a pasar una noche en la alcaldía federal. Intercedió el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con cintura política. «Ya es duro para una mujer ser condenada a seis años de prisión. Si yo fuera el juez, no la sometería a trasladarse a los tribunales para notificarse. Directamente le otorgaría prisión domiciliaria tal como pidió», aconsejó, y tras varias evaluaciones fue escuchado en Casa Rosada. Quizá haya evitado una tragedia.
CFK se notificó de su condena y sus abogados pidieron que cumpla la prisión domiciliaria por su edad –72 años– en su apartamento del populoso barrio de Constitución, donde vive su hija Florencia. Le fue otorgada y se convirtió en «la mujer del balcón». Cientos de personas se congregaron a las puertas del edificio en señal de apoyo y, a falta del balcón de la Casa Rosada, ella improvisó un santuario simbólico.
Los diversos sectores del peronismo decidieron, de todas maneras, sostener la marcha programada, pero esta vez hacia la plaza de Mayo, para canalizar el descontento no solo por el fallo judicial, sino por las políticas económicas del gobierno. La convocatoria formal fue lanzada por el Partido Justicialista (PJ) en busca de capitalizar el amplio apoyo social a Fernández. También acompañó la movilización mucha ciudadanía suelta, gente de a pie que intuyó una trampa en el fallo judicial en busca de proscribir a la exmandataria. El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), la izquierda trotskista con representación parlamentaria, se sumó con sus diputados y diputadas encabezando la columna. «El fallo está plagado de irregularidades y es peligroso para la vida democrática y las garantías individuales. Hoy es contra Cristina Fernández, pero mañana puede ser contra cualquier ciudadano», alertó la referente del FIT-U Myriam Bregman.
INTERNAS PERONISTAS
La Confederación General del Trabajo (CGT) curiosamente no convocó de forma orgánica a manifestarse. Apenas se solidarizó con la situación de la expresidenta y otorgó libertad a los sindicatos para movilizar. El gesto no pasó desapercibido para el resto del arco peronista, crítico con la tibieza del enunciado. Es que en la CGT conviven tres líneas internas claramente diferenciadas: un sector ligado al kirchnerismo, encabezado por Omar Plaini (líder de los canillitas) y Abel Furlán (Unión Obrera Metalúrgica), que presiona por un paro general; un sector dialoguista con el gobierno, encarnado por uno de los secretarios generales, Héctor Daer, y el ala más ortodoxa, encabezada por Armando Cavalieri, eterno secretario general del gremio de comercio, que prefiere no hablar de proscripción ni mencionar a Cristina Fernández. La situación de la central obrera es tan compleja que ni siquiera se avino a reunirse con los dirigentes peronistas.
Apenas conocida la sentencia, el peronismo cerró filas detrás de CFK. Así llegaron a la sede partidaria personajes alejados de la vida política que ahora recobraron escena, como el excandidato presidencial Sergio Massa, el excanciller Felipe Solá y el contador Guillermo Moreno, cada uno con sus justificaciones para el reencuentro. Pero en la marcha se vieron las heridas sin cicatrizar entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Cristina. Kicillof se apresuró a lanzar su propio proyecto político llamado Derecho al Futuro y desdobló las elecciones parlamentarias, que en Buenos Aires serán en setiembre y no en octubre. Sus columnas y la de La Cámpora, cuyo líder es Máximo Kirchner, hijo de CFK, fueron las más numerosas y prolijas marchando, como para mostrar su poder de convocatoria.
LULA Y EL APOYO INTERNACIONAL
En medio de la manifestación pudo verse a algunos dirigentes extranjeros, como el diputado Paulo Pimenta, hombre de confianza de Luiz Inácio Lula da Silva, quien comunicó que el mandatario brasileño llegará a Buenos Aires en los primeros días de julio para abrazarse con Cristina. No vendrá en visita oficial ni se reunirá con Milei. Devolverá el gesto de la expresidenta, que lo visitó en 2018, cuando estaba preso.
Lula es, además, el motor de la movilización internacional Cristina Libre. Si bien los abogados argentinos Carlos Beraldi y Gregorio Dalbón motorizan, con el secretario de Relaciones Internacionales del PJ, los reclamos y las presentaciones en los foros internacionales, es Lula quien pisa el acelerador a fondo en algunos espacios. El Grupo de Puebla es uno de ellos, junto con los responsables políticos del grupo BRICS, que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en un bloque capaz de incidir en Naciones Unidas.
«Lo que no mata fortalece», reía un dirigente peronista en medio de la marcha mientras sacaba cuentas y proyectaba los próximos pasos de este nuevo fenómeno peronista. Un 17 de octubre actualizado a las circunstancias políticas, pero con la misma meta de 1945: levantar la proscripción de la principal figura del movimiento en el último cuarto de siglo.
