Muchos que se identifican con la izquierda internacional creen que las cosas en Grecia están mejorando lentamente y que el gobierno de Syriza sigue siendo una fuerza de izquierda que protege a los pobres y los intereses de los trabajadores.
La amarga realidad es que, desde que se entregaron a la “troika” de acreedores de Grecia (UE, Banco Central Europeo, Fmi) en julio de 2015, Tsipras y su gobierno han seguido las mismas radicales políticas neoliberales implementadas por todos los gobiernos griegos desde 2010, cuando se firmó el primer rescate con la troika.
El cinismo del gobierno de Tsipras ha provocado una profunda desmoralización popular que impregna todos los ámbitos de la vida pública. La pasividad y el desaliento fueron los principales factores que permitieron al gobierno implementar un nuevo rescate sin enfrentar una gran oposición (N de E: Grecia recibió el préstamo final del tercer rescate de la troika el pasado 20 de agosto, comprometiéndose a implementar una serie de medidas; véase nota en páginas 12 a 15).
Syriza le está haciendo así un buen servicio a la troika. Sin embargo, las políticas de austeridad, desregulación y privatización, que dañan a la mayoría de la población, son en última instancia imposibles de implementar sin un grado de represión y un marco ampliamente coercitivo.
Desde 2010 hasta 2015 Grecia sufrió una proliferación de medidas represivas y autoritarias a medida que los sucesivos gobiernos implementaban paquetes de rescate. Lentamente el gobierno de Alexis Tsipras ha tomado el mismo camino.
En los últimos meses, lo más llamativo ha sido cómo las presiones sobre los bancos griegos han generado un aumento en los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Si una vez Syriza levantó el eslogan “no más viviendas en manos de los bancos”, hoy en día el gobierno está atacando a los manifestantes que intentan detener la subasta de viviendas. Las nuevas leyes amenazan con prisión a aquellos que interfieran con el proceso de subasta y los desalojos; los arrestos de los críticos del gobierno ya han comenzado.
APRETANDO LAS CLAVIJAS. Para comprender la creciente importancia política de la batalla de las ejecuciones hipotecarias es necesario tener en cuenta la peligrosa situación de los bancos griegos y la presión que ejercen sobre el gobierno y la sociedad griega en general. De hecho, es precisamente para prevenir un nuevo brote de inestabilidad bancaria que el gobierno ha recurrido a métodos cada vez más represivos.
A lo largo de la crisis, el sistema bancario griego ha estado dominado por cuatro bancos “sistémicos” que controlan más del 90 por ciento de todos los depósitos y activos. Estos bancos han sido los partidarios más grandes de las estrategias de rescate desde 2010, y han desplegado su enorme poder económico y social para obligar a los sucesivos gobiernos griegos, incluido el de Syriza, a cumplir con los requisitos de los prestamistas, para evitar el colapso bancario y protegerse a ellos mismos de una posible nacionalización.
Desde el comienzo de la crisis ha habido dos principales re-capitalizaciones de los bancos, una de ellas fue realizada por el gobierno de Syriza. Los costes totales han superado los 45.000 millones de euros y fueron financiados en su totalidad a través del endeudamiento público, que deberá ser pagado por los contribuyentes.
A pesar de esta imposición extraordinaria sobre la población griega, estos bancos actualmente tienen el récord europeo de “créditos incobrables” y en la práctica han dejado de prestar sus servicios a la actividad económica. Sus “créditos incobrables” incluyen los “créditos dudosos” del tipo non-performing loans (Npl), que son préstamos que ya superan los 90 días de retraso en el pago del capital e intereses, pero también “exposiciones dudosas” (non-performing exposures, Npe,), una categoría más amplia que incluye préstamos que no se espera ser plenamente cancelados, aunque todavía no haya retrasos formales en la realización de los pagos.
Reducir la exposición de los bancos griegos a las Npe y Npl ha sido durante años una de las principales prioridades del Banco Central Europeo. Desde 2016 el gobierno de Tsipras ha facilitado obedientemente una ola de recuperación de propiedades, incluidas viviendas personales, y la venta de paquetes de préstamos con descuentos para los fondos buitres. Las subastas de propiedades han jugado un papel importante en este sentido.
No es ningún misterio que los bancos no pueden manejar este problema que se remonta al propio acuerdo de rescate de Tsipras con la troika. En pocas palabras, se espera que los bancos griegos supriman gradualmente de sus balances los préstamos incobrables a través de desahucios, subastas y prácticas de cobro más severas, en un proceso que sin duda llevará varios años. Al mismo tiempo, se espera que los bancos apoyen la actividad económica ofreciendo nuevos créditos. Sin embargo, lógicamente, los bancos han tendido a reducir los nuevos préstamos, mientras intentan eliminar de sus balances los préstamos incobrables. Pero este recorte de los préstamos en realidad ha socavado la recuperación y el crecimiento económico, y ha potenciado el problema de los créditos impagos sobre toda la economía. Estas medidas son un ejemplo perfecto de las tonterías económicas en las que se basa el programa de rescate que aceptó Tsipras.
El fracaso de los bancos griegos con respecto a los préstamos incobrables ha llevado al colapso de sus acciones en el mercado de valores de Atenas desde principios del verano boreal de 2018, y a una estampida en el último mes. En efecto, todo el sector bancario griego se ha devaluado dramáticamente desde que Tsipras firmó el rescate. Como resultado, se habla de la necesidad de una nueva recapitalización a cuenta del Estado. Si esto se materializara, el rescate sería un completo desastre para el gobierno, que enfrenta elecciones nacionales en 2019.
Por este motivo el programa de liquidación de préstamos incobrables se ha convertido en una prioridad en la agenda de la troika y de sus dóciles ejecutores en el gobierno de Tsipras. Y dado que el problema parece persistir más entre los préstamos para vivienda y el consumo, se han fijado conjuntamente los objetivos extraordinariamente ambiciosos de recuperar y vender entre 8 mil y 10 mil viviendas en 2018, y unas 50 mil en 2019.
ATACANDO A LAS PROTESTAS. Después del gran giro en U, las recuperaciones de inmuebles por los bancos se han convertido en uno de los problemas políticos más espinosos que enfrentan Tsipras y su partido. Ante las presiones generadas por su propio rescate, el gobierno de Tsipras acaba de aprobar una ley para castigar con penas que varían de tres a seis meses de prisión cualquier acción que busque evitar los desalojos y las subastas de propiedades ejecutadas.
Esto ha sentado las bases de una gran batalla entre el gobierno y un dinámico movimiento que está en contra de los remates de propiedades ejecutadas. Este movimiento cobró un nuevo impulso después del relanzamiento de las subastas de ejecuciones hipotecarias, en el otoño de 2016. Durante muchos meses la movilización de grupos de activistas en las salas de los tribunales logró cancelar cientos de esas ventas, ralentizando significativamente todo el proceso.
La reacción del gobierno, inclinándose ante la presión de la troika, fue cambiar, a mediados de 2017, el procedimiento de subastas públicas por un método electrónico manejado por abogados a puertas cerradas. Esto ha dificultado la organización de acciones de protesta. No obstante, las protestas han continuado, aunque a una escala más limitada, impidiendo muchas subastas y afectando negativamente la disposición de los escribanos a participar en el proceso.
Durante este período se intensificaron los enfrentamientos con la policía en las puertas de las oficinas de los escribanos. Los activistas fueron filmados durante las protestas y posteriormente imputados. Desde comienzos de año, decenas de activistas han enfrentado cargos en todo el país. Uno de ellos es Elias Smilios, concejal municipal en la región de Ambelokipi-Menemeni (en la zona de Tesalónica, la segunda ciudad más grande de Grecia), que también es miembro de Antarsya, una coalición de organizaciones de izquierda radical. En la pequeña ciudad de Volos, al menos 20 activistas están siendo investigados, al igual que otros 15 en las ciudades de Argos y Nafplio. El 21 de setiembre pasado se inició en Atenas un juicio contra tres activistas.
La intensificación de la represión judicial relacionada con las subastas de viviendas es sólo el ejemplo más obvio de las prácticas autoritarias implementadas por el gobierno de Tsipras. La represión también ha alcanzado a quienes intentan defender el ambiente, como en el caso de la protesta contra el proyecto de minería a cielo abierto de una empresa canadiense en la región de Skouries, en el norte de Grecia. En general el gobierno ha usado la fuerza bruta para reprimir todas las protestas contra sus políticas. El uso de la policía antidisturbios contra los jubilados es tan sólo el ejemplo más atroz. También hay informes frecuentes sobre la movilización de funcionarios públicos, incluida la policía, para implementar políticas gubernamentales en el sector de la energía eléctrica, por ejemplo.
LAFAZANIS. El umbral simbólico en esta escalada de represión se atravesó el 26 de setiembre, el día en que Panagiotis Lafazanis, un veterano de la izquierda radical griega, fue sujeto de varias acusaciones por participar en acciones de protesta contra las subastas de viviendas.
Lafazanis fue ministro de Energía en el gobierno de Syriza antes del giro en U de Tsipras, y la figura principal de Plataforma de Izquierda, que en ese momento formaba parte del ala izquierda de Syriza. Ahora es el secretario de Unidad Popular, un frente político creado en 2015 principalmente por las fuerzas de la Plataforma, que se separaron de Syriza y se unieron a otras organizaciones de la izquierda radical.
Esta es la primera vez desde la caída de la dictadura, en la década de 1970 –durante la cual Lafazanis fue perseguido por sus actividades clandestinas en el movimiento estudiantil y en la organización juvenil del entonces ilegal Partido Comunista–, que un líder de un partido de izquierda es procesado por razones políticas. Enfrenta cargos por presuntas violaciones de nada menos que 15 artículos del código penal, que pueden ser castigadas con penas de prisión de hasta dos años. Si es condenado por todos los cargos su pena total podría alcanzar los nueve años de cárcel.
Estos procedimientos han surgido del Departamento para la Protección del Estado y de la Política Democrática, una rama especial de los servicios de seguridad griegos que se supone rastrea las actividades relacionadas con el terrorismo, o que amenazan de manera general a la democracia. Este departamento fue creado en 2000, mientras Grecia se abría camino para integrar la unión monetaria europea, y fue actualizado en 2011, después de que el país ingresara en el régimen de rescate. Este departamento policial ha sido utilizado sistemáticamente para monitorear las acciones de protesta, y gracias a la legislación del gobierno de Syriza ha extendido aun más sus actividades de vigilancia. Merece destacarse que, desde su creación, el departamento no ha tomado ninguna medida contra el partido fascista Amanecer Dorado, ni contra ningún otro grupo terrorista o de extrema derecha.
Otros cuatro activistas, entre ellos un miembro de Unidad Popular y dos conocidas figuras de la red No Pagaré, Leonidas y Elias Papadopoulos, también enfrentan una larga lista de cargos. Asimismo se ha comprobado que Lafazanis estuvo bajo la vigilancia constante de un equipo de policías disfrazados de periodistas que filmaban las protestas. Este material se ha complementado con fotos y videos que el departamento exigió que le entregaran los canales de televisión.
¿QUÉ SIGUE? El aumento de los procesamientos ha obligado a los medios griegos a prestar cierta atención a la escalada de la represión estatal. También ha provocado cierta reacción pública, incluida una pregunta presentada por 43 diputados de Syriza al ministro de Justicia, al enterarse de acontecimientos profundamente preocupantes que ocurren en el seno del Estado griego bajo el gobierno de su propio partido. Sin embargo, la posición oficial del gobierno es que este asunto pertenece por completo al ámbito del Poder Judicial y de la policía, y que no tiene nada que ver con decisiones políticas. Pero la iniciativa de los procesos judiciales no se originó en el Poder Judicial, sino en el Estado “más profundo”, más precisamente en el Departamento de Protección del Estado y de la Política Democrática, que depende del ministro de Orden Público. En resumen, la vigilancia y la represión se hacen con la participación y la complicidad del gobierno, y estas acciones represivas están directamente relacionadas con el tercer rescate y la reciente crisis que afecta a los bancos griegos.
Los rescates neoliberales requieren represión, y el gobierno de Syriza no ha demostrado ser una excepción a esta regla. Se necesita urgentemente la solidaridad internacional para detener este giro profundamente preocupante de los acontecimientos en Grecia. Frenar la represión se está convirtiendo en una cuestión de defensa de la democracia.
* Profesor en filosofía política del King’s College, ex miembro del Comité Central de Syriza.
** Profesor de economía de la School of Oriental and African Studies, miembro del partido Unidad Popular y ex diputado de Grecia.
(Esta columna fue publicada originalmente en la revista Jacobin, Brecha reproduce fragmentos con su autorización.)
