Tras años de sufrimiento por el conflicto armado, así como de despojo de sus tierras por el narcotráfico y la minería, varios pueblos indígenas crearon hace casi 50 años el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Ha recibido varios premios internacionales por su labor, entre ellos el Front Line Defenders para defensores de derechos humanos en riesgo en las Américas en 2020; se estima que sus integrantes rondan las 10 mil personas. Su lucha se ha convertido, durante el paro nacional que ya lleva 15 días consecutivos de protestas, en un símbolo de resistencia para el resto del país.
Jhoe Sauca, coordinador de derechos humanos del CRIC, ha puesto su vida al servicio de su comunidad. Pertenece a la etnia kokonuko, uno de los diez pueblos indígenas que encontraron en el CRIC el único camino para permanecer en sus territorios. La organización ha convocado a una minga indígena nacional para acompañar el levantamiento popular en Colombia. El 30 de abril, sus miembros empezaron a llegar a Cali, llamada otrora la sucursal del cielo y hoy la sucursal de la resistencia, epicentro de la represión y la militarización de la protesta social por el gobierno de Iván Duque.
—¿Cuál es la situación actual en sus territorios?
—La violencia en contra de los pueblos indígenas no ha parado. Incluso después de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla, hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, asesinatos de guardias indígenas, señalamientos, amenazas a autoridades indígenas y espirituales por parte de la fuerza pública y de grupos armados ilegales. Esa emergencia humanitaria, esa violación de los derechos humanos y territoriales son las que generan una constante movilización de los pueblos indígenas del departamento del Cauca.
—¿Cuál es el rol de la guardia indígena en la comunidad?
—Dentro de las comunidades y del gobierno propio, la guardia es una expresión de resistencia pacífica, cuya consigna es defender el territorio y proteger a la población civil. Los guardias son actores de paz, defensores de los derechos humanos. Su papel es ayudar a la gente. No son una autoridad, sino una ayuda idónea que la autoridad indígena tiene para hacer los procesos de control territorial, protección y cuidado a la vida. El rol de la guardia tiene que ver mucho con el cuidado de la madre naturaleza y debe hacer las respectivas revisiones o informes para que la autoridad esté al tanto de los riesgos que existen, no solo por el conflicto armado interno, sino por factores naturales. Se caracteriza por ser práctica y operativa, y su trabajo no es remunerado. Se la puede identificar por su chaleco, bastón, peinilla y su radio de comunicación. Sus miembros eligen sus colores, sus símbolos y cómo quieren verse representados por las autoridades indígenas de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo. Nosotros buscamos que se reconozca su función y que se puedan tener garantías de vida digna para sus familias.
—¿Cómo se han organizado en el paro nacional y por qué se trasladaron a Cali?
—A nivel rural, cada año hay movilizaciones, porque el asunto se agudiza cada día más. Cuando nosotros participamos en el paro nacional de 2019, vimos que el Comité de Paro Nacional que se había conformado convocó solamente a un día de protesta. Pero cuando el CRIC se lanza a un paro lo hace por un tiempo largo; así lo hemos demostrado antes en la vía Panamericana, donde hemos protestado hasta 26 días. Ese es el mensaje que le queremos transmitir al resto del pueblo colombiano.
Este año, el 28 de abril, pensamos que la manifestación iba a ser de un día, fuimos a la ciudad de Popayán, donde hubo enfrentamientos. Quien estaba al frente de la protesta era otra organización social: la confrontación no fue directamente con nosotros. Después de que analizamos y revisamos, ya más integrados al paro nacional, mientras el 28 se seguían reportando masacres, con la ciudad de Cali enviando un SOS a la población, decidimos, entonces, ir a acompañar a los caleños, quienes, en su mayoría, siempre han abierto los brazos al movimiento indígena.
—¿Qué medidas han tomado frente a la militarización de la protesta social?
—Empezamos a llegar a Cali el 30 de abril, de manera pacífica. Desde la entrada de Villa Rita notamos el cierre total de la ciudad, que estaba bloqueada por sus mismos habitantes. Desde los puntos de resistencia solicitaban que la guardia les apoyara. Ese ha sido el deseo de Cali hacia el Cauca. Nosotros veníamos con un mandato de nuestras autoridades de no chocar con la fuerza pública. Nuestra función era apaciguar la situación en barrios como Puerto Resistencia, Siloé y La Luna, donde la represión era más dura. Así fue que ayudamos a crear los cordones humanitarios de la guardia indígena y estuvimos al frente para tratar de parar esa barbarie estatal que estaba asesinando y lesionando fuertemente a los jóvenes caleños y a la población movilizada.
—¿Qué análisis hace el movimiento indígena de los ataques que han recibido durante las protestas?
—El domingo 9 fuimos atacados con armas de fuego por personas vestidas de civil. Es una provocación directa al movimiento indígena que casi se cobra la vida de 12 compañeros y compañeras. Hay que recordar que [el expresidente Álvaro] Uribe había insistido con que la fuerza pública debía usar sus armas en defensa propia contra los manifestantes y que, luego, al dirigirse a los empresarios y quienes querían defender sus propiedades privadas, les dijo que tenían derecho a defenderse con armas. Eso es una invitación a reactivar el tema paramilitar, del que él sabe mucho. El mismo domingo, antes del ataque, salió un video del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en el que invitaba a la xenofobia, al racismo: decía que los indígenas no teníamos nada que hacer acá, que teníamos la ciudad bloqueada e indisponíamos a la comunidad caleña, cuando lo que estuvimos haciendo siempre fue un ejercicio humanitario.
—¿De dónde nace ese racismo estructural y la criminalización del movimiento indígena?
—En este país, la clase rica se ve con la autoridad de discriminar no solamente a los indígenas, sino a los pobres, a quienes viven en las comunas. Cada vez que ve una movilización indígena nos trata de guerrilleros. Eso es una herencia que deja el colonialismo. En el caso de Cali, el 90 o el 95 por ciento de su población nos ha recibido bien. Hasta ahora no hemos tenido ese tipo de comentarios o de intención de patrocinar la xenofobia o el racismo más que de las autoridades y la Policía. No estamos decepcionados de la sociedad caleña, pero sí de cómo llegó a la ciudad el expresidente Uribe: tras reunirse con la fuerza pública y con los grandes empresarios de Cali, hubo un cambio perjudicial, que se tradujo en que unos vehículos convencionales y otros blindados empezaran a atacar con armas de fuego a la guardia indígena apostada en los puntos de resistencia.
Los medios masivos dijeron que la guardia indígena estaba armada, pero si fuese cierto, tendría que haber gente herida de un lado y del otro. Hoy solamente contamos con 12 indígenas heridos. Del otro lado no hay evidencia de que hayan salido heridas por arma fuego esas personas de camisas blancas, la llamada «gente de bien». Los medios han desviado la atención de lo que sucede para proteger intereses particulares y para que se siga legitimando la violencia y deslegitimando la protesta.
—¿Cuáles son sus reclamos y exigencias al gobierno nacional?
—Lo que nos reúne actualmente es el deseo de un cambio estructural. Hay varias propuestas de reformas en el Legislativo, no solamente la reforma tributaria, sino también la reforma a la salud, la reforma laboral, el alza de los combustibles, de los peajes, los fletes. Es un efecto dominó; por ejemplo, si suben el precio de los combustibles, eso afectará los precios de la canasta familiar, subirá el costo de los pasajes. Eso afecta a toda la sociedad y es un asunto que debemos analizar a fondo. Los colombianos debemos empezar a tener propiedad sobre estas leyes que violentan a un sector de la sociedad, porque finalmente son las que causan la desestabilización de la economía familiar, de la pequeña y la mediana empresa. El pueblo está despertando, no desde los grandes académicos, desde las grandes universidades, sino desde el común, que está sintiendo una realidad que toda la nación sufre.
—¿Cuál es la estrategia para la organización del paro y para el diálogo nacional?
—Es necesario organizar asambleas populares. Colombia necesita, además, relevos generacionales en términos de liderazgo, necesita acabar con la corrupción que nos ha vendido por tantos años. La gente se cansó de esa sociedad tramposa, de elites políticas que quieren seguir viviendo a costillas del pueblo, se cansó de un poder económico que compra senadores y pone presidentes.
Creo que lo primero es la unidad: ubicar un proyecto de país que permita que todos nos sintamos identificados. En cuanto a la representatividad, hay que valorar varios temas, como, por ejemplo, practicar la democracia con responsabilidad. Hay un problema grande en Colombia: esa apatía del colombiano al votar. Lo segundo es revisar a fondo cómo está estructurado el gobierno: ¿en función del pueblo o de los intereses de grandes capitales? Y lo último es encarar la distribución de la riqueza. La gente ya está cansada de los subsidios que solo producen dependencia y perpetúan la pobreza. Se deben generar oportunidades; los niños en Colombia no pueden seguir quedándose sin estudiar, no puede ser que en una familia numerosa solo una persona logre estudiar y el resto se quede en el analfabetismo. Tampoco se puede seguir explotando a una clase media endeudada, sin verdadera independencia y sin siquiera su derecho a la salud y a una alimentación sana garantizados.
Mandato comunitario
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) es una asociación de varios cabildos indígenas del Cauca que, pese a tener una jurisdicción especial dentro del Estado colombiano, hoy viven la violencia del paramilitarismo y las guerrillas que se disputan el control armado de esa zona del país, así como del narcotráfico y la minería que financian la guerra y reproducen la violencia. «La organización nació el 24 de febrero de 1971, en Tacueyó, en el municipio de Toribío de Cauca, donde indígenas nasa, kokonukos, paéces, siapidara y totoroes iniciaron un sistema de gobierno propio con tres principios fundamentales: unidad, tierra y cultura, a los que se adhirió después la autonomía», expone Sauca.
En la actualidad, el CRIC representa 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos, divididos en nueve zonas estratégicas. Ubicados en los municipios de Puracé, Paletará, Kokonuko y Popayán, en el centro del departamento del Cauca, defienden con sus vidas estos territorios.
«Es una estructura legal consolidada en el ejercicio del servicio comunitario y que tiene varios lineamientos que se han diseñado con las políticas que hacemos desde los territorios y las comunidades. Ello marca una gran diferencia porque es una lucha por reivindicar derechos y también ir en contra de modelos occidentales de representación con los que no nos sentimos identificados», afirma el defensor de derechos humanos.
Su prioridad es mantener el control territorial, así como salvaguardar sus resguardos y lugares de labor espiritual o sagrados. «Nuestra guardia indígena, representada con los colores verde y rojo de la bandera del CRIC, tiene un papel fundamental. En nuestro caso, somos mayormente agricultores, cuidamos y protegemos los páramos y las lagunas», manifiesta Sauca.
«La guardia es un mandato comunitario de servicio en el que cada familia, cada comunero o comunera debe participar. En este proceso, se le da a la comunidad formación política, primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios en enfermería, defensa personal para evasión del peligro y fundamentación en derechos humanos. Esto hace que el servicio sea integral», agrega.
Los antecedentes de la protesta colombiana
Días de revuelta, danza y muerte
El movimiento de protesta que actualmente sacude a Colombia tiene antecedentes en la última década. En octubre de 2008 se hizo la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, propuesta por el Consejo Regional Indígena del Cauca, la principal organización indígena que aglutina a nueve pueblos originarios del sur del país. La minga llegó a Bogotá luego de recorrer el Valle del Cauca recogiendo el apoyo de los cortadores de caña, casi todos afrocolombianos pobres que estaban en huelga por salario y condiciones de trabajo. Sedimentó en una de las principales organizaciones político-sociales del país, con la creación del Congreso de los Pueblos en la Universidad Nacional de Bogotá, donde confluyeron pueblos indígenas y negros, estudiantes, campesinos y trabajadores.
En 2013 se llevó adelante un impresionante paro agrario contra las consecuencias del TLC con Estados Unidos, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, con la creación de las «dignidades» campesinas, que fueron un golpe muy duro para la hegemonía terrateniente en las zonas rurales (véase «Cuando estallan las represas», Brecha, 20-IX-13). En 2019, ante un paro convocado en noviembre, se produjo el primer gran desborde juvenil desde abajo y fue la primera oportunidad en la que los jóvenes tomaron la iniciativa política a través de su masiva participación en la calle (véase «Noviembre caliente», Brecha, 29-XI-19).
El 8 de setiembre de 2020, en plena pandemia, que había forzado un repliegue del movimiento de protesta, se produjo una enorme reacción juvenil ante el asesinato por la Policía del abogado Javier Ordóñez en Bogotá. Miles de jóvenes atacaron y quemaron decenas de Comandos de Acción Inmediata, instalaciones policiales ubicadas en los barrios, pero la Policía dio muerte a unas 20 personas y provocó heridas a más de 400 (véase «Pulsión letal», Brecha, 18-IX-20).
La enorme movilización actual representa el pico más alto de una ola de protestas que puede haberse iniciado hacia fines de 2019 y que coincide con las movilizaciones en Chile y Ecuador. Colombia se encuentra en un momento decisivo de su historia que puede desembocar en una dictadura o una guerra civil no declarada, o producir un quiebre de la dominación oligárquica.
En este punto, debemos recordar que, a diferencia de Argentina (donde la oligarquía terrateniente quebró por la irrupción obrera el 17 de octubre de 1945) o de Brasil (donde esa clase fue domesticada por los gobiernos de Getúlio Vargas), en Colombia nunca fue posible promover cambios, ni desde abajo ni desde arriba. El 9 de abril de 1948 fue asesinado el dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán –que encabezaba un amplio movimiento popular antioligárquico–, lo que dio inicio a una larga guerra conocida como La Violencia, que nunca finalizó, pese a los diversos pactos y acuerdos de paz. En 1972 la misma oligarquía terrateniente boicoteó una tibia reforma agraria del presidente Alfonso López Michelsen, en el marco de la Alianza para el Progreso. Ante los avances reformistas en ancas de un movimiento campesino impulsado inicialmente desde la presidencia, los grandes hacendados firmaron el Pacto de Chicoral, que frenó en seco incluso los cambios más moderados.
El aspecto más positivo de la actual coyuntura es que los cientos de miles de jóvenes en las calles no responden a ninguna estructura burocrática, rechazan la dirección de vanguardias y luchan según sus propios criterios. La única referencia que aceptan es la del mundo nasa/misak del Cauca, que se ha hecho presente en Cali, por ejemplo, a través de la Guardia Indígena, que apoya, cuida y acompaña las movilizaciones desde su larga experiencia y potente organización comunitaria.
Raúl Zibechi
