Integrantes de Uruguay Adelante denuncian trabajo en negro

Hágase tu voluntad

Aunque la ONG afirma que se sostiene con trabajo voluntario, varios empleados aseguran que la organización que administra el dinero del Ministerio de Desarrollo Social para las ollas populares de la capital paga jornales y salarios en la informalidad. Mientras tanto, el ministerio sigue sin dar a conocer el convenio entre las partes y, a cambio, publica resoluciones ministeriales sin detalles sobre la operativa y los objetivos comprometidos con la organización.

Trabajador en el depósito de Uruguay Adelante Mauricio Zina

Somos una enorme red de voluntades, y nos encanta contar el trabajo que cada uno de los actores realiza. ¿Contamos esas historias juntos?» Así se presenta Uruguay Adelante (UA) en su sitio web, donde invita a que «la prensa pueda ayudarnos a contar el trabajo que voluntarios y organizaciones en territorio están realizando todos los días». Sin embargo, a juzgar por los testimonios recabados por Brecha, los voceros de la organización –a la que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) adjudicó de forma directa 65 millones de pesos para abastecer de insumos a las ollas populares de Montevideo y la zona metropolitana– no han contado todas las historias de la ONG en sus frecuentes incursiones mediáticas.

«El día que UA termine de emitir su personería jurídica, ahí vamos a poder tener gente trabajando [en forma] remunerada. Esperamos [que] sea el mes que viene», dijo al programa La persiana, de Radio Pedal, Santiago Pérez Gazzano, principal referente de UA, el 13 de mayo. Pero quienes trabajan en el galpón de Francisco Echagoyen 5085, recibiendo, fraccionando y entregando la mercadería para las ollas populares, son remunerados por jornal o por mes, a través de diversos medios y de manera informal, por lo menos desde marzo, sin aportes a la seguridad social ni cobertura de salud, según denunciaron a este semanario integrantes de la cadena operativa de UA. Según las fuentes, son más de 20 los trabajadores remunerados, entre los fijos y los que rotan en la tarea, aunque la ONG se cuida de hacer firmar a quienes ingresan un papel en el que declaran ser «voluntarios».

Uno de ellos, Gabriel Collado, fue cesado la semana pasada. Había tenido discusiones con las autoridades de UA por las condiciones de trabajo en el galpón donde se acopia la comida para las ollas populares. Hasta hace pocos días, allí no se les daban zapatos para trabajar, no había microondas para calentar la vianda y, además, las ratas abundan en el recinto, coincidieron las fuentes. Gabriel cobraba 800 pesos por día, en efectivo, por trabajar en el fraccionamiento de la mercadería de lunes a miércoles, ocho horas cada día. Al ingresar a la organización, pasó por entrevistas con la psicóloga de UA (pareja de Santiago Pérez y una de las encargadas de componer la porción por la que se calcula cuántos ingredientes se entrega a cada olla), en las que le habló sobre su vida. Por ejemplo, contó que, de sus cuatro hijos, una padece el síndrome de Ehlers-Danlos –una enfermedad rara que afecta los tejidos conectivos, como la piel, las articulaciones y, en ocasiones, los vasos sanguíneos–. Su hijo mayor está aquejado de toxoplasmosis –al cierre de esta nota, Gabriel lo estaba acompañando en su internación en el Pereira Rossell–. Pero estas delicadas circunstancias no impidieron que, a fines de la semana pasada, al «voluntario» se le comunicara su cese y el fin de su paga en UA, según narró Collado al semanario.

Además, otros familiares de las autoridades de UA integran la organización, como la hermana de Pérez Gazzano y un hermano de Jesús Graña (el otro referente público de UA). El hermano de Graña, según las fuentes, también recibe remuneración. Los «voluntarios» aún en actividad en UA prefirieron no ser identificados por temor a que se corte el frágil vínculo con la organización.

Consultado por Brecha, Pérez Gazzano dijo: «Hemos tenido pagos puntuales, pero no pagos estrictos por jornal […]. A algunas personas les damos una ayuda para el boleto o un extra de 100, 200 o 300 pesos. Lo que sí les damos a todos es una canasta». Ese dinero viene «a veces de nosotros, a veces de algún empresario de los que ponen plata para el alquiler o la nafta […], que nos dice: “Tengan plata de resguardo por si alguien necesita extra”, pero es en un formato de colaboración para una necesidad puntual. Hace poco una de las chicas necesitaba plata para medicamentos para el hijo. Le pedí a un amigo y me dio 3 mil pesos y se los di […]. Otro necesitaba para su casa, porque se había quedado sin techo, y conseguimos entre varios amigos poder girarle 15 mil pesos para conseguir las chapas y el techo, pero, en sí, salarios hoy por hoy acá no hay», sostuvo. Sobre los roedores, expresó: «Estamos trabajando sobre eso. Hemos tenido algún roedor cuando entramos al local, previo a nuestra entrada. Nos dijeron que era normal. […] Control de plagas viene semanalmente y, por lo que sabemos, está totalmente controlado», afirmó.

EL CONVENIO Y LA MOSQUETA

Desde el 27 de mayo se encuentra disponible en la web de compras estatales una resolución ministerial del 17 de marzo de este año y una corrección de esa resolución, fechada dos días después. Según dijo el equipo de comunicación del MIDES, en esas resoluciones
–publicadas en esa web dos meses después de haber sido aprobadas– está «todo lo del convenio» con UA. Todo menos el convenio, que es un documento distinto a las resoluciones que lo autorizan.

Esas resoluciones fueron resumidas por La Diaria en la edición del 13 de mayo, justamente en una nota que daba cuenta del pedido de informes sobre UA cursado ante el MIDES por la bancada de senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP). Entre otros requerimientos, el MPP solicitó que se informe «si efectivamente dicho contrato ha sido celebrado, y en caso afirmativo, [que se] remita la totalidad del expediente administrativo correspondiente, así como el texto del contrato». También pide saber «qué alimentos se brindan a las ollas a través del sistema de la organización Uruguay Adelante». Sobre este último aspecto, las resoluciones publicadas –firmadas por el exministro Pablo Bartol– no dan ningún detalle.

Ese pedido de informes aún no ha sido respondido por el MIDES, que tampoco ha contestado una solicitud de acceso a la información pública realizada en abril por Solidaridad Uy (un proyecto de estudiantes de la Universidad de la República que apoya las ollas populares). El 4 de mayo, en la resolución 565/021, firmada por la directora general de Secretaría, María José Oviedo, el MIDES resolvió «acogerse al plazo de prórroga» que otorga la Ley de Acceso a la Información Pública para responder los pedidos ciudadanos. Ese plazo puede prorrogarse, «con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales». La razón esgrimida por el ministerio en ese caso fue «la amplitud y complejidad de la información solicitada». De esa prórroga hoy se cumple un mes, en el cual 23 días fueron hábiles, pero la solicitud no ha tenido respuesta. Según dijeron en el MIDES, el ministro Martín Lema, que ya lleva un mes al frente de la cartera, dio la orden de «publicarlo cuanto antes», pero el convenio –con las firmas de ambas partes y las respectivas responsabilidades– sigue sin conocerse.

De acuerdo con las resoluciones publicadas, la compra directa por excepción por 65 millones de pesos realizada a UA –proveniente del Fondo Coronavirus– se ampara en una modificación introducida al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) por la Ley de Urgente Consideración (LUC) específicamente para el MIDES. Allí se expresa que «los convenios o acuerdos específicos deberán contener cláusulas que establezcan detalladamente los requisitos en materia de rendición de cuentas, evaluación del cumplimiento de los objetivos y resultados esperados, así como los instrumentos y formas de verificación requeridos por la entidad estatal contratante». Como las resoluciones son más bien generalistas en cuanto a las rendiciones de cuentas y los objetivos («acompañar la estructura de ollas populares y merenderos espontáneamente surgidos desde la sociedad civil, colaborando en la reorganización y provisión de insumos, con el fin de cubrir las necesidades básicas alimenticias de quienes se encuentran en situación más vulnerable»), cabe esperar que –como le marca al TOCAF la ley madre del gobierno– los detalles de esta tercerización del MIDES se encuentren en el misterioso convenio.

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