“Cuán asombrosamente lejos llega la normalidad.” La frase, que retrata en una novela la “normalidad” de un matrimonio común que termina asaltando un banco, puede perfectamente iluminar el final del camino de la “aventura” uruguaya en Haití, desde aquel lejano 2005 en que la izquierda impulsó su presencia militar en las fuerzas de paz de la ONU para garantizar la democracia en la isla, hasta este presente de “autogolpe” apoyado en la presencia de los cascos azules.
El derrocamiento del presidente constitucional Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004 –un gambito del rey estadounidense y la torre francesa– impulsó al diputado socialista Guillermo Chifflet a denunciar el carácter de fuerza de ocupación de las tropas de la ONU y a calificar la participación uruguaya como una afrenta a los principios frenteamplistas. Quedó solo, y renunció. Sus compañeros saludaron su actitud pero aprobaron, con normal frivolidad, la participación de militares uruguayos, en el entendido de que la sustitución de Estados Unidos por brasileños, argentinos y uruguayos era toda una garantía de que se cortaría la tradición imperial en América Latina. Los episodios escandalosos de violaciones a los derechos humanos, tráfico y prostitución, protagonizados principalmente por efectivos uruguayos y brasileños, pueden también considerarse normales en el seno de unas Fuerzas Armadas que no depuraron la moral edificada durante el terrorismo de Estado.
Todo eso era previsible, y en especial el rol de los cascos azules, a medida que la corrupción se expandía, la “democracia” se suspendía y la tragedia de terremotos y la epidemia de cólera (importada por cascos azules nepaleses) profundizaban la emergencia sanitaria, multiplicaban la pobreza y el desamparo.
Es normal que en ese contexto fuera investido como presidente, en un proceso turbio que culminó en febrero de 2011, Michel Martelly, un cantante conocido como “Sweet Micky” que en su discoteca recibía a antiguos militares del dictador Baby Doc Duvalier, que vive más tiempo en Miami que en Puerto Príncipe, y que cuenta con el total apoyo de las trasnacionales porque impulsa la instalación de factorías que multiplican la explotación de los trabajadores, a caballo de la desesperación de quienes no tienen dónde dormir, qué comer y dónde asearse, que son cientos de miles.
No era necesario llegar hasta este presente para confirmar las peores sospechas sobre el verdadero rol que jugaban las tropas de las Naciones Unidas, empezando por el hecho de que los militares no eran los protagonistas más idóneos para impulsar la normalidad, la paz y la reconstrucción en una nación devastada. La explicación de por qué el Parlamento siguió renovando la participación uruguaya en la Minustah puede rastrearse en la decepción de un oficial de la marina quien, al conocer la decisión del presidente Mujica de apresurar el retiro de las tropas, se lamentó: “Es un golpe totalmente negativo, con dos misiones pude comprarme el apartamento”. Los 12 millones de dólares que, sólo en salarios de los 900 efectivos, reciben anualmente las Fuerzas Armadas son un amortiguador de las contradicciones internas que debe soportar el Ministerio de Defensa Nacional, y una explicación “normal” de por qué nos aguantamos hasta hoy en ese pantano.
Así como la inclusión uruguaya en la Minustah fue un reflejo de la decisión brasileña, también lo es la determinación de apresurar la retirada, en principio escalonada a partir de 2016. No obstante, hay un argumento de peso. Al cumplir la mitad de su mandato, Michel “Sweet Micky” Martelly está enfrentado con el Parlamento y se niega a cumplir la disposición constitucional de elecciones parlamentarias parciales y generales municipales. En ese proceso autocrático se fundamenta la postura de la Presidencia uruguaya (Mujica denunció la existencia de “factores de estancamiento político de la sociedad haitiana”) y la ofensiva que desarrolló el canciller Luis Almagro, quien a fines de octubre se desplazó hasta Haití.
Almagro coincidió el lunes 26 en Nueva York con el canciller brasileño, Alberto Figueiredo, y con el subsecretario general para Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, Hervé Ladsous. En la reunión, realizada en la sede de la ONU, se analizó la situación política imperante en Haití, y el futuro de las operaciones de mantenimiento de la paz. Allí Almagro confirmó que Uruguay está decidido a retirar inmediatamente sus tropas de Haití y trasmitió su sospecha de que se está procesando una especie de “autogolpe” por parte del presidente Martelly. La postura de Almagro (“si no hay democracia hay retiro de tropas”) coincide con la del canciller brasileño. En los hechos, Almagro y Figueiredo se trasladaron el martes 27 a Puerto Príncipe donde mantuvieron una entrevista con el presidente Martelly y el ministro de Relaciones Exteriores, Pierre Richard Cassimir, para expresarles la posición conjunta sobre las operaciones de paz, y “reiterar la importancia del fortalecimiento democrático y el desarrollo de las instituciones en ese país”.
Cualquiera haya sido la respuesta de Sweet Micky, los acontecimientos fueron elocuentes. El mismo miércoles 28 en que los cancilleres brasileño y uruguayo abandonaban Haití, se produjo en Puerto Príncipe la segunda gran manifestación popular en apenas una semana. Convocada por las organizaciones civiles y secundada por la oposición política –la Fuerza Patriótica para el Respeto de la Constitución (FOPARC), el Movimiento Patriótico de la Oposición en Cité Soleil (MOPOSS) y el Movimiento por la Libertad y la Igualdad de los Haitianos de la Fraternidad (MOLEGHAF)–, la manifestación en la que participaron miles de haitianos reclamó la renuncia de Michel Martelly y la inmediata convocatoria a elecciones. Una columna de manifestantes intentó, a la vez, ingresar a las instalaciones de la embajada de Estados Unidos, reclamando el cese del apoyo de la embajadora Pamela White al gobierno de Martelly. Según el corresponsal del Miami Herald, la manifestación fue reprimida. “Enojados, algunos arrojaron piedras a la policía nacional y a las tropas de las Naciones Unidas.” El diputado Levaillant Louis-Jeune, presidente de la Cámara baja del Parlamento, explicó que los organizadores escogieron la embajada como centro de la protesta, “para hacer saber a los estadounidenses lo que está pasando en Haití con un gobierno que no respeta sus propias promesas de cambio y que es apoyado por la embajadora White, a pesar de las violaciones a la Constitución”. Las movilizaciones culminaron con al menos cuatro personas heridas y más de una decena de detenidos tras los enfrentamientos; nadie desmintió la participación de tropas de la ONU en la represión.
La decisión final está siendo procesada, pero es claro que el mandatario haitiano no tiene intenciones de seguir el consejo de los cancilleres sudamericanos. El autogolpe que anunció Almagro es el menor de los peligros. Los reclamos populares de renuncia no tienen que ver con posturas filosóficas sobre democracia; la renuncia de Sweet Micky es esencial para desmontar la política de precios de los productos básicos en un país que literalmente se muere de hambre con salarios paupérrimos, y eso para aquellos que tienen el privilegio de conseguir trabajo casi esclavo. La normalidad en Haití será la represión incrementada. Es de esperar que las tropas uruguayas no se vean involucradas, para lo cual es esencial su retiro, con el que discrepa el precandidato blanco Jorge Larrañaga.