El sábado 2 de setiembre falleció el profesor Alberto Pérez Pérez y con él se fue el último maestro del derecho de nuestra Facultad de Derecho. Tenía 80 años, más de cincuenta dedicados a la docencia. Es una inmensa pérdida para la facultad, para el derecho en general, para la Universidad y para todo el país.
Siendo profesor titular de derechos humanos, dejó su impronta en todos sus discípulos. Tenía un relacionamiento llano y afable con los estudiantes, pero no le dejaba de sorprender la “nueva” modalidad del tuteo de sus alumnos: que lo llamaran “profe”, pero estos cambios culturales, me decía, representaban cercanía.
La fuerza y la firmeza en sus convicciones democráticas y la defensa del Estado de derecho se imponían en cada análisis de las normas constitucionales o de los convenios internacionales de derechos humanos.
Tenía permanente empeño en aterrizar las normas a la realidad uruguaya y del continente cuando se trataba en clase el principio de igualdad y no discriminación, en particular, la discriminación racial. La pregunta se imponía: “¿Existe discriminación racial en nuestro país?” El auditorio desprevenido de los noventa respondía: “¡Nooo!”. Entonces el profesor los interpelaba: “¿Cuántas personas negras tenemos en la clase?”.
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En oportunidad de tratar la infame ley 15.848, leía el nombre con la que fue individualizada por el Parlamento,1 pero luego precisaba: “En realidad estamos hablando de una ley de impunidad”. Cuando se decide la creación de la Comisión Pro Referéndum de 1989 fue al encuentro de otros maestros de la facultad: los profesores Vaz Ferreira, Valdés Costa, Casinelli Muñoz, entre otros, quienes inmediatamente se sumaron a lucha por la derogación de la ley de nombre largo. Asumió la tarea sabiendo que la lucha era absolutamente desigual: la falta de información imperaba gracias al silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación.
Más tarde, en 2012, cuando siendo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos presentamos a un llamado de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (Csic) de la Udelar en el marco del artículo 2 de la ley orgánica, su indicación fue: el grupo de investigacion debe integrase con docentes jóvenes. Los mismos que, desconsolados, recibieron la noticia de su desaparición física y aseguran la continuidad de su tarea. Una vez más, no se equivocó. El título de aquella investigación, que originalmente iba a ser otro, fue: “Uruguay: una muralla impide la plena vigencia de los derechos humanos. Nuestro país no acata los fallos de la Corte Interamericana”.
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En su vida existieron dos grandes amores. Su familia –Elvira, sus seis hijos, nietos, bisnieto– y la facultad. Ese amor a la facultad y a la docencia se demuestran por sí solos: no sé si existe en el mundo otro caso de un juez de la Corte Interamericana que dictara clases de derechos humanos en el grado de la de la carrera de abogacía y notariado. Hasta marzo de este año tomó exámenes. Un lujo, lamentablemente no siempre apreciado en forma cabal.
Tengo la satisfacción de haber sido consciente, siempre, desde el primer momento, de que comenzaba mi carrera docente junto a un maestro. Que era una privilegiada y que estaba al lado de un ser excepcional.
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Junto con mis compañeros y compañeras vamos a extrañar sus bromas, que no por reiteradas nos dejaban de producir gracia, sobre todo por el recorrido de sus ojos pícaros, buscando la risa del circunstancial auditorio en el Sportman casi siempre, o en los asados. Vamos a extrañar las anécdotas sobre la vida universitaria de épocas duras, cuando debía recorrer comisarías con el rector Óscar Maggiolo para asegurar la libertad a estudiantes detenidos en las ocupaciones y marchas estudiantiles.
Sus fuertes convicciones democráticas, su sabiduría, sus cualidades de universitario y ciudadano cabal serán fuente inspiración para quienes tuvimos el privilegio de conocerlo.
Hasta siempre.
Olga Díaz Pedemonte es abogada. Profesora adjunta de derechos humanos. Secretaria del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Udelar.
1. El nombre de la conocida como ley de caducidad es “Funcionarios militares y policiales. Se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985”.