La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, anunció, en estos días, el recorte de algunos salarios del sector público como medida para alimentar un fondo nacional para la emergencia sanitaria. Ante la pregunta de por qué no se tocaba al sector privado, la jerarca argumentó que el sector ya estaba haciendo un gran sacrificio por la situación que atravesaba. Nadie en su sano juicio podría poner en duda la caída en la actividad que ha supuesto la situación actual y su impacto sobre varias empresas, pequeñas, medianas y hasta grandes. Es por esto que pensar en gravar la actividad privada, tal como supone la ministra, puede empeorar aun más las cosas. Pero una cosa es gravar la actividad privada y otra, muy distinta, es gravar la riqueza acumulada en algunas pocas manos.
En Uruguay, los grandes capitales provienen de tres fuentes: la inversión extranjera, las empresas públicas y un conjunto de grandes capitales nacionales que operan una cartera de negocios diversificados. Las empresas públicas ya están haciendo lo suyo en materia de aportes para la emergencia sanitaria, tal como lo ha subrayado la ministra. Pero los extranjeros y grandes nacionales han sido eximidos de hacerlo. Pese a ello, han surgido algunas iniciativas del sector privado, aún muy por debajo de su capacidad contributiva. Sólo para tener una idea, la recaudación total del impuesto a los sueldos públicos que anunció la ministra (12 millones de dólares) equivale a poco más del 3 por ciento de las ganancias anuales de Upm en Uruguay,1 o al 4 por ciento de las ganancias obtenidas por los bancos extranjeros en nuestro país.2 Son las consecuencias de cualquier economía de mercado: 15 mil funcionarios públicos con sueldos elevados no llegan a juntar lo que gana una multinacional en 15 días de actividad.
Pero, aun suponiendo que es complejo gravar a los extranjeros, se puede apelar al aporte de algunos nacionales que han acuñado grandes sumas de patrimonio en estos años. Sólo por su participación en el 9 por ciento de la propiedad de Upm, la familia Otegui obtuvo una cifra cercana a los 36 millones de dólares en 2019. Eso sin contar su liderazgo en el negocio exportador de lanas, sus otras empresas forestales, las miles de hectáreas de producción agropecuaria o los parques eólicos y de generación de energía por biomasa de los que son propietarios. La familia Strauch también podría ser una potencial aportante, con sus más de 20 empresas en la economía nacional distribuidas en al menos nueve sectores distintos de actividad (y eso sin contar sus empresas fuera del país); o la familia Mailhos, verdadera dinastía empresarial: monopolio de la producción tabacalera en el país y grandes propietarios rurales.
Entre 2005 y 2015, una de las empresas principales del grupo Zerbino, vinculada a la producción de productos veterinarios y agroquímicos, aumentó sus ventas en términos reales en más de un 200 por ciento. Bastante por encima de lo que creció la economía uruguaya en ese período. Al igual que los antes mencionados, la cartera de negocios diversificada de esta familia incluye grandes intereses en la producción agropecuaria y en la tenencia de tierras. Los Cardoso, socios del grupo Disco-Casino, también podrían ser aportantes de un posible fondo solidario. Además de los potenciales beneficios de corto plazo por el incremento en la concurrencia a los supermercados, esta familia mantiene intereses en medios de comunicación y en la producción agropecuaria.
Los casos mencionados bastan de ejemplo para ilustrar la existencia de grandes capitales en el país que, más allá de las situaciones particulares que puedan atravesar parte de sus negocios, suponen grandes concentraciones de poder económico y acumulación patrimonial. Al igual que muchos otros, los casos ilustrados tienen la particularidad de ser grandes dinastías nacionales (algunas de cuarta generación), cuyo capital se ha transmitido por uno de los mecanismos más antimeritocráticos que existen: la herencia.
¿Quién mejor que la actual coalición para apelar a la desinteresada colaboración de estos y otros grandes propietarios? Los vínculos notorios adelantan una potencialidad persuasiva. Ana Zerbino, asesora económica de Ernesto Talvi, podría servir de contacto con los Zerbino. Sería simplemente sentarse a conversar con su hermano Pablo (expresidente de la Asociación Rural) y con su tío Ricardo (exministro de Economía). Los ministros Talvi y Pablo da Silveira podrían contactar a Strauch, amigo y copartícipe de la fundación que gestiona el liceo Impulso. Horacio Hughes, propuesto en un inicio como director del Bps, así como Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo, han desempeñado cargos clave en los principales bancos extranjeros de plaza (el primero fue gerente general de Oca, perteneciente al grupo Itaú, y la segunda integró el directorio del Santander). Ambos podrían servir de nexo con el sector financiero. A los Cardoso seguramente se los pueda contactar desde el Partido Nacional, ya que han aportado más de 1 millón de pesos a la campaña de Lacalle Pou. A través de los Cardoso se puede contactar a los Mailhos (que también aportaron a la campaña blanca), ya que son familia política entre sí. Los Otegui son gente de perfil muy bajo, pero seguramente el exdiputado nacionalista Miguel Otegui (primo de aquellos) pueda establecer un contacto.
Estos casos son un pretexto, una excusa para ilustrar que cuando hablamos del sector privado, no estamos refiriendo sólo al bolichero y a las pymes. Hay capacidad de aporte por parte de los grandes capitales, y me da la impresión de que el gobierno lo sabe.
* Docente de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar). Integrante del comité editorial www.hemisferioizquierdo.uy.
1. Véase: ‹https://radiouruguay.uy/presentan-investigacion-independiente-sobre-impacto-social-de-plantas-de-celulosa/›.
2. Aebu, 2019, “El sistema financiero en 2018”.
