El actual director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN) sugirió que el Frente Amplio excluyó del órgano de contralor creado por la llamada ley de medios a sectores «productivos» y «comerciales» y le dio cabida a «grupos de poder» como el PIT-CNT y la Udelar. También admitió que postergó la aprobación de la anunciada «Guía de principios, prácticas y estándares» de calidad del SECAN por cuestiones organizativas.
—Usted se ha expresado a favor de una comisión de asesoría y contralor del sistema de medios públicos, pero el proyecto de ley de medios surgido del Ejecutivo elimina la que está vigente. ¿Cuál es la alternativa para evitar un retroceso en materia de autonomía?
—Así como la libertad de prensa expone a los gobernantes a la auditoría y la mirada de los periodistas, creo que las comisiones de contralor nos hacen mejores. Esto ocurre en los países de mayor reputación democrática y de medios públicos de mayor calidad. Lo que no puede ser es que un organismo de contralor sea un organismo corporativo vinculado a grupos que ya tienen un extraordinario poder en otras áreas de la sociedad y que además se replican reservándose para sí el contralor de los medios públicos. Eso no es democrático, es una concepción aristocrática y elitista…
—¿A qué grupos de poder se refiere?
—Me refiero a los que integraban la comisión asesora: el PIT-CNT, la Udelar [Universidad de la República], grupos de presión creados por organizaciones políticas y sociales. Es una parte de la sociedad que ya tiene suficiente poder y acceso a medios. Lo que pasa es que la cuota de representación hizo que, por la vía de los hechos, el mismo partido que votó la ley [Frente Amplio] creara una estructura de contralor que respondía directa o indirectamente a la misma concepción ideológica. Esto es inaceptable en una sociedad abierta, porque quien lo hizo sabía lo que hacía. A tal punto que el gobierno que vino después [de Tabaré Vázquez] se dio cuenta de que se iba a crear un problema, porque tenía que convocar a una comisión donde tenía que compartir el gobierno y decidió, esto es una hipótesis, no convocarla nunca. Tenemos que pensar cómo se representa mejor a la sociedad civil fuera de las concepciones corporativas. Y ahí aparecen exclusiones basadas, por ejemplo, en territorio, en vínculos con la comunidad, que no dejan de ser formas de discriminación.
—¿Qué sectores considera que fueron excluidos y deberían ser considerados ahora?
—Hay que tener representados a la gente del interior del país, a los sectores productivos, a los comerciantes, y no exclusivamente a quienes tienen una legitimidad en el terreno sindical y académico. Tampoco debería ser dramático que el directorio [de los medios públicos] cree, sin mandato legal pero actuando de buena fe, una comisión operativa, representativa con respecto a una sociedad diversa y pluralista como la nuestra. Pasaremos de tener un mandato legal que reserva el contralor de los medios públicos para un poder corporativo a no tener ningún mandato legal y expresar el compromiso de las jerarquías que estén en los medios públicos de procurar una integración lo más amplia y representativa posible. La peor hipótesis sería no tener nada, pero ya no teníamos nada en los hechos. Planteamos la conformación de un equipo de gente que audite con el objetivo genuino, intelectual y políticamente honesto. Aun sin llegar a eso, también tenemos la idea de plantear un área específica, una gerencia, que atienda los vínculos con la comunidad.
—La Udelar prevé impulsar un proyecto de ley específico para medios públicos. ¿Qué piensa sobre eso?
—Creo que las consideraciones que hay en la ley vigente y en la ley proyectada son lo suficientemente específicas como para ocuparse de los temas de los que hay que ocuparse. El proyecto de ley replica buena parte de lo que estaba previsto en la ley vigente y no se aplicó. Además, los controles existen hoy a través del Parlamento, que puede hacer pedidos de informes o interpelaciones, o citarnos a comisión.
—¿En qué etapa se encuentra la elaboración y discusión de la «Guía de principios, prácticas y estándares» de calidad del SECAN?
—Hemos tenido unos meses distorsionantes en materia de organización y optamos por dejarla para más adelante. De todas maneras, hace un mes repasé el texto proyectado, que será sometido a la consideración de los trabajadores, sobre todo a los de prensa, y no presenta innovaciones con respecto a lo que se hace en otros medios públicos del mundo. Pero, como venimos por lo menos 20 o 30 años atrasados en la consideración pública de estos temas, lo que hoy son controles rutinarios en otras partes del mundo acá sería visto como un corsé. Es necesario plasmar un documento en el que los márgenes de libertad para buscar información y abordar los hechos sean los máximos posibles, teniendo en cuenta que deben responder a las restricciones propias de una organización del Estado, donde solo se puede hacer lo que permite la ley. Lo significativo es que los trabajadores de los medios entiendan que, para ellos, para nosotros y para la sociedad, es mejor trabajar con estas garantías que estar librados a la arbitrariedad de un jerarca al que no le gusta una cobertura.
—Pensando en las especulaciones en torno al ingreso sin concurso de Miguel Chagas o al despido de Georgina Mayo en la conducción de noticieros, ¿esta guía garantizará que el vínculo laboral no dependa de afinidades políticas, amistad o preferencias personales?
—Hay varios puntos ahí. Tenemos un régimen específico para contratación de personal, contemplando nuestra singularidad, diferente a la de otros organismos públicos. Los procedimientos de concurso están muy buenos para aquellas tareas en las que no hay aristas singulares u oportunidades que resolver. No se puede elegir conductores por concurso, porque lo más probable es que cuatro meses después te quedes con gente que está en la bolsa y te pierdas la oportunidad de contratar a los más destacados, cuyo desempeño está en línea con alguno de tus objetivos. Luego, se trata de que el jerarca pueda explicar y dar razones plausibles de por qué trabaja fulano o mengano, y en ese sentido siempre estamos abiertos. Las razones por las cuales a algunas personas no se les renovó el contrato están más que claras, no creo que amerite ni sea necesario volver sobre eso. Hay cosas de las cuales no he querido hablar porque me unen con las personas involucradas años de conocimiento, de afecto y de respeto. Prefiero dejarla por ahí.
—Jorge Gatti, el coordinador periodístico de Canal 5 y RNU [Radiodifusión Nacional del Uruguay], también trabaja en una radio privada que compite con la pública. ¿Eso no implica un conflicto de intereses?
—Gatti tiene una tarea vinculada a los contenidos periodísticos, pero no dirige una radio. No veo incompatibilidad en eso.
