Se termina el período legislativo y el proyecto de ley que legaliza la eutanasia, que tiene media sanción desde octubre de 2022, va a ser archivado después de que el Senado y su Comisión de Salud se negasen, a través de múltiples artimañas, a tratarlo. No por previsible este resultado deja de ser dañino en más de un aspecto.
La continuada ilegalidad de la eutanasia en nuestro país lesiona los derechos de las personas con enfermedades terminales o condiciones de salud que causan enormes e intratables sufrimientos. A estas personas no les da lo mismo esperar un año más a que el Estado uruguayo deje de ser indiferente (siendo optimistas, porque es difícil confiar en que este proyecto sea prioritario en 2025, sea quien sea que gobierne). A sus familias y amigos tampoco. Ni a los médicos que, siguiendo su brújula moral y siendo compasivos con sus pacientes, se expongan a realizar procedimientos por fuera de un marco legal perimido.
Sin embargo, el naufragio del proyecto de ley tiene efectos que van mucho más allá: es una muestra de los defectos de la democracia uruguaya. Según encuestas de las consultoras más reputadas de nuestro país, aproximadamente cuatro de cada cinco uruguayos está a favor de la legalización de la eutanasia y, sin embargo, los partidos políticos encargados de representarlos no hicieron bien su trabajo. Esto es especialmente cierto para los partidos de la coalición de gobierno, cuyos votantes son prácticamente tan favorables a la muerte digna como los del Frente Amplio (FA). Pero este último tampoco puede enorgullecerse de haber levantado la bandera de la eutanasia demasiado alto, sobre todo este último año, además de no haber traído hasta ahora el tema a la campaña electoral y ni hecho pagar a los partidos de la coalición el precio de haber encajonado el proyecto de ley.
Si bien los senadores oficialistas de la Comisión de Salud del Senado no rompieron ninguna regla y el hecho de que los proyectos mueran con media sanción no es inusitado, el abuso de los procedimientos por parte de ese organismo, sobre todo durante 2024 con Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) como presidenta, fue flagrante. Un verdadero ejemplo del tipo de fenómenos que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones que, se supone, tienen que funcionar para que sus intereses sean representados. La comisión se reunió diez veces en todo el 2024, contando la reunión que solamente tuvo por objeto designar a sus autoridades para el período, mas solamente en cuatro de esas sesiones se trató la eutanasia. Además, cinco fueron suspendidas porque se extendieron las sesiones del Plenario del Senado, pero no hubo voluntad política para reprogramarlas, o bien en días distintos o fuera del período ordinario de sesiones, que es solamente entre el 1 y el 18 de cada mes. De las 12 delegaciones invitadas, seis estaban explícitamente en contra de la eutanasia en virtud de ser instituciones religiosas, y solamente dos estaban explícitamente a favor del proyecto de ley, lo que demuestra la falta de ecuanimidad en la construcción de la agenda de las sesiones. Durante todo el mes de junio la comisión no funcionó porque no fue convocada. Lo mismo sucedió en agosto.
Por supuesto que este desprecio por las reglas de civilidad en los ámbitos legislativos por parte de los partidos de la coalición de gobierno no es único del tratamiento dado al proyecto de ley de eutanasia; pensemos en la Ley de Urgente Consideración o la presentación de las modificaciones a la ley de medios. No obstante, tiene sentido destacarlo por la impunidad con la que se manejaron los senadores oficialistas y la absoluta ausencia de consecuencias por su desleal comportamiento.
Qué distinto hubiese sido no desaprovechar la oportunidad de celebrar el trabajo serio, cruzando las fronteras partidarias, que esta iniciativa tuvo en la Cámara de Diputados. Desde la presentación del proyecto por parte de legisladores colorados liderados por Ope Pasquet, pasando por el proyecto alternativo del FA, hasta el documento unificado que rescató lo mejor de los anteriores, recogiendo los agregados de algunos diputados del Partido Nacional el día en que se votó en el pleno, en octubre de 2022, y logró 57 adhesiones de legisladores de todos los partidos, menos Cabildo Abierto y el PERI (Partido Ecologista Radical Intransigente). Qué distinto hubiese sido que la moción de tratar el proyecto de eutanasia como grave y urgente a principios de agosto de este año hubiese prosperado, logrando entonces que el FA y la parte menos reaccionaria de los colorados eludieran el bloqueo en la comisión. Qué distinto hubiese sido poder festejar que la república pluralista sigue en pie y que la democracia uruguaya sigue siendo de calidad.
Qué distinto hubiese sido reconocer que Luis Lacalle Pou cumplió con su palabra cuando dijo, al asumir como presidente, que «si los uruguayos son más libres cuando termine el gobierno, habremos cumplido la tarea», en lugar de recordar con amargura que pidió a los legisladores de su coalición que no tratasen el tema por preocupaciones electorales antes de las elecciones internas en junio de este año (Búsqueda, 18-VI-24).
Qué distinto hubiese sido que Uruguay se sumase al grupo de los países pioneros en el reconocimiento de derechos humanos, donde supimos estar hace no tanto, haber honrado nuestra tradición de poner al Estado como escudo de los más débiles, inspirados en el mejor liberalismo para reconocerles autonomías a las personas y dar respuestas a las necesidades de los más invisibles para la sociedad. Una vez más hubiésemos podido estar orgullosos del paisito.
Guardo la esperanza de que, más temprano que tarde, Uruguay sea un país más justo, menos hipócrita, más compasivo. Pero también me embarga la preocupación de que los que congelaron este proceso sigan siendo poderosos y que esta derrota sea un canario más en una mina llena de conservadurismo.
