A pocos días del recambio parlamentario, el oficialismo votó en el Senado la ley que regula el trabajo en plataformas digitales de transporte de mercancías y pasajeros. La votación fue cuestionada por los legisladores del Frente Amplio por su falta de legitimidad política, al no tomar en consideración la nueva composición parlamentaria que emergió de las elecciones de octubre. La pregunta es: ¿por qué el apuro en votar esta ley?
A la ausencia de legitimidad política se le suman otros cuestionamientos que son fondo. En las páginas de Brecha hemos escrito algunos aportes críticos sobre el contenido de esta ley1 que se pueden resumir en tres puntos centrales.
En primer lugar, la ley consolida un «falso autónomo», es decir, reconoce que entre las corporaciones digitales y un trabajador de reparto o conductor no existe vínculo de dependencia, sino un contrato comercial entre una empresa y una unipersonal. Los parlamentarios hicieron caso omiso a los fallos judiciales que, en su totalidad, reconocieron el vínculo jurídico dependiente que une a ambas partes. El regalo que deja el oficialismo saliente es una regulación que legaliza la desprotección laboral de miles de trabajadores y abre la puerta para su generalización hacia nuevos contingentes de trabajos de plataformizados. Varios estudios recientes2 muestran que, si bien la plataformización se expresó primero en los servicios del transporte y delivery, hoy es un fenómeno que se ha generalizado e incluye el trabajo doméstico, los servicios profesionales, la educación, el trabajo creativo y de conocimiento intensivo, entre otros. La ley no solo es inconveniente, sino que se queda corta, teniendo en cuenta la población trabajadora que debería abarcar.
En segundo lugar, la regulación sobre el uso de los datos y los algoritmos que utilizan las empresas en la gestión del trabajo es totalmente insuficiente. El punto central es que la norma no habilita ninguna vía para la intervención estatal al respecto y tampoco garantiza que el diseño de los algoritmos se aborde en ámbitos de negociación colectiva, habida cuenta de sus efectos sobre las condiciones de trabajo y de vida de quienes transportan mercancías o personas. Este aspecto requiere, además, una discusión profunda en la medida en que la incorporación de inteligencia artificial y big data en el ámbito laboral (más allá del trabajo plataformizado) avanza rápidamente en la industria y en el agro, por ejemplo.
En tercer lugar, la ley tiene una profunda debilidad en lo que atañe a su construcción democrática. No fueron escuchadas las observaciones ni las críticas de los colectivos organizados de trabajadoras y trabajadores de plataformas, del Instituto Cuesta Duarte, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, de la Asociación Uruguaya de Abogados Laboralistas y del Instituto del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República, entre otros. El proyecto sí recoge la voluntad de las empresas multinacionales de plataforma, como Cabify, Uber y PedidosYa, como consta en las actas parlamentarias.
De modo que el apuro por votar esta ley es bastante claro: dado el contexto de cambio de correlación de fuerzas en el Parlamento, los senadores oficialistas sucumbieron a la imposición del lobby de las corporaciones de plataformas.
LA DISPUTA INTERNACIONAL
El tablero de esta discusión es global. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se encamina a crear una nueva norma internacional para el trabajo en plataformas digitales en su próxima conferencia, en el mes de junio. En los informes preparatorios se presentan datos contundentes: las plataformas digitales han incrementado por cinco su presencia desde 2010, con inversiones de más de 119.000 millones de dólares que muestran un avance considerable en la economía y en el mercado de trabajo.
En América Latina, Uruguay se suma a Chile y México en el establecimiento de marcos regulatorios, mientras que en Colombia y Brasil hay debates parlamentarios sobre una reforma laboral.3 Por su parte, en Argentina la reforma laboral de Milei contenida en la Ley Bases generaliza la figura jurídica de «trabajadores independientes» y «colaboradores», más allá del trabajo en plataformas. En todos los casos, las grandes corporaciones juegan un papel clave de presión sobre los Estados latinoamericanos para direccionar la regulación hacia el establecimiento de «condiciones mínimas», ocultar la relación capital-trabajo y reorganizar las relaciones laborales tendiendo a la corrosión de los derechos laborales. Así, el marco legal del Estado aparece como un requerimiento fundamental para, al decir del filósofo István Mészáros, el ejercicio exitoso de la «tiranía en el trabajo».
En la Unión Europea la directiva aprobada en 2024, obligatoria para los 27 Estados miembros, establece la presunción del vínculo dependiente y elabora una detallada regulación de la gestión algorítmica del trabajo. España ya había avanzado en ese camino mediante fuertes confrontaciones con las empresas, y por ello Glovo (perteneciente a Delivery Hero, PedidosYa en Uruguay) cambió su modelo de negocios de autónomos y pasó a contratar a repartidores bajo la modalidad de dependientes, con lo que regularizó a 60 mil trabajadores.4
RECUPERAR LA SOBERANÍA
Esta discusión global y el escenario de cambio de gobierno nacional ofrecen una oportunidad al PIT-CNT y los sindicatos uruguayos. El contexto requiere desarrollar una agenda política estratégica que permita fortalecer la capacidad organizativa y de movilización de los trabajadores uberizados, al tiempo que oriente una nueva normativa laboral y dispute el potencial de los algoritmos, la inteligencia artificial y otras tecnologías. Un reciente documento del Instituto Cuesta Duarte5 suma elementos importantes, como la necesidad de incorporar este aspecto en la negociación colectiva.
Recuperar la soberanía digital es una propuesta de la coalición Soberanía Digital Democrática y Ecológica,6 que desarrolla un conjunto de iniciativas para un modelo alternativo de la economía digital. En materia laboral, se propone responsabilizar a las empresas líderes por las condiciones laborales de todos los trabajadores de este sistema de plataformas y hacer obligatoria la negociación colectiva internacional para la prestación de servicios digitales, bajo los auspicios de la OIT. También señala que se debe prohibir el uso de herramientas de gestión algorítmica que vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores y reforzar las capacidades digitales públicas financiando la formación de trabajadores especializados en procesos digitales complejos. Finalmente, trae a colación la importancia de la evaluación periódica del impacto de la adopción de tecnologías digitales en el espacio de trabajo, para mitigar los daños y colaborar con los trabajadores en las posibles soluciones, atendiendo además las repercusiones sobre las minorías de género, raciales y de cualquier otro tipo.
En términos más generales, la propuesta llama a la intervención del Estado y al diseño de instituciones públicas multilaterales con el objetivo de proporcionar infraestructuras y servicios digitales esenciales como bienes comunes. Es decir, aquellos servicios que brindan las plataformas digitales deberían estar bajo el control democrático de la ciudadanía. En otras palabras, proponen nacionalizar las grandes corporaciones digitales para que sean monopolios públicos. Esta perspectiva plantea diseñar otra política monetaria y financiera, así como un ecosistema digital liderado por el sector público. En el caso de Uruguay, las empresas públicas podrían jugar un papel fundamental.
Como se muestra a nivel internacional, la defensa de la soberanía nacional en materia de política laboral, digital o fiscal puede plantear un escenario de confrontación con las grandes corporaciones digitales. ¿Podrá el gobierno entrante asumir este desafío?
* Nicolás Marrero es sociólogo, docente de la Universidad de la República.
- Ver «¿Consolidación del (falso) trabajo autónomo?», Brecha 2-IV-22; «Un camino de regresión (I)», Brecha, 7-IV-24; «Un camino de regresión (II)», Brecha, 19-VII-24. ↩︎
- Ver el último número de la Revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República): «Transformaciones digitales en el mundo del trabajo». Disponible en rcs.cienciassociales.edu.uy. ↩︎
- Sobre la discusión en Brasil, ver la reflexión del sociólogo Ricardo Antunes «O Brasil na contramão da regulação do trabalho em plataformas», 13/V/24.
Eldiario.es, 2/XII/24. ↩︎ - Documento O, 27/XII/24. ↩︎
- Entre sus promotores se encuentra Cédric Durand, autor de Tecnofeudalismo. Crítica de laeconomía digital.
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