El detalle de los hechos y el presunto responsable constan en un informe que el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) derivó a la omct, pero no han trascendido. Consultados por Brecha, representantes del Ielsur prefirieron mantener la reserva hasta que surjan novedades en la investigación.
La omct evalúa que la situación general de los niños y adolescentes privados de libertad en Uruguay ha empeorado, al mismo tiempo que trasmite su preocupación por una agenda legislativa que propone bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, aumentar la duración de las penas de cinco a diez años y mantener los antecedentes de los menores infractores, medidas que claramente violan la normativa internacional. Asimismo, en la carta la omct sostiene que el proyecto del inau de alojar a los menores privados de libertad en contenedores acondicionados como celdas “estaría aumentando el rigor y endureciendo aun más las condiciones de la privación de libertad, renunciando de esta forma a garantizar los derechos de estos niños y adolescentes”. Cabe recordar, al respecto, las declaraciones públicas del presidente del inau, Javier Salsamendi, señalando que es necesario compatibilizar las demandas de mayor seguridad y condiciones dignas: “Hay gente que nos pide la seguridad y no le importa el trato digno; otros nos piden trato digno y no les importa la seguridad. Nosotros tenemos que conciliar ambas cosas”.
El documento de la omct consigna que en el ciaf varias adolescentes sufrieron abusos y violaciones por parte de un funcionario. Según se afirma, las denunciantes son trabajadoras de la institución y estarían siendo hostigadas luego de haber advertido a las autoridades sobre lo que ocurría. También se señala que la directora del centro, “estando informada de los hechos, se habría negado a hacerlos públicos además de retardar la investigación”.
Los abusos y violaciones a internas, el hostigamiento a las denunciantes y la demora de la directora del ciaf no han sido aclarados y están siendo investigados por la división jurídica del inau, dijo Salsamendi a Brecha. “Se están tomando medidas preventivas para que no se interfiera con la investigación y se invitó al Ielsur y a la omct para que comparezcan y aporten al expediente los elementos que tengan”, agregó.
La omct reclamó que el acusado de abusos y violaciones sea separado del cargo. Al respecto, Salsamendi argumentó que “el acusado no fue separado del cargo porque una primera investigación concluyó que no había elementos que comprobaran las denuncias. Ahora la investigación continúa y un elemento más a estudiar es si los procedimientos de investigación anteriores fueron los correctos”. Además sostuvo que dependerá de los resultados que arroje la investigación administrativa que la denuncia sea remitida a la justicia. Otra cosa opina el secretario general de la omct, Eric Sottas, señalando que “cuando se presenta una denuncia de este tipo hay que suspender al funcionario para investigar a fondo, a través de la justicia y no solamente a nivel administrativo”.
Con respecto a las funcionarias denunciantes, Salsamendi aseguró a Brecha que fueron citadas durante la primera investigación y que volverán a ser convocadas en esta ampliación.
El presidente del inau afirmó que se enteró de la denuncia de la omct por la prensa, mientras que representantes de dicha organización declararon a Brecha que “la denuncia fue enviada al presidente de la República vía la misión permanente de Uruguay en Ginebra”, que “varias personas estaban copiadas en esa carta”, y que entre ellas “el señor Alejandro Javier Salsamendi Ferreira, presidente del inau, tuvo que recibir dicha carta oficialmente”. Además sostienen que no han obtenido explicaciones por parte del Estado uruguayo acerca de este caso y que esperan “una respuesta clara y precisa de las autoridades sobre cada uno de los puntos mencionados en la carta abierta”.
