No creo que pueda ponerse en duda la necesidad de proteger el aire y el agua para asegurar un desarrollo adecuado de la vida. Protegerlos, por ejemplo, de usos inconvenientes, contaminaciones prescindibles u otras agresiones que pongan en entredicho su buena salud. Y protegerlos, también, de apropiaciones indebidas que, por ejemplo, pretendan cobrarnos por su uso o impedírnoslo. No hace tanto tiempo el derecho al agua adquirió rango constitucional en nuestro país (2004) y en dicho marco fue definida como «un recurso natural esencial para la vida».
Algo similar ya había sucedido con el denominado medioambiente (1996). Su protección se declaró de interés general y quedó establecido que las personas debían «abstenerse de cualquier acto» que pudiera causar su «depredación, destrucción o contaminación graves». Sin embargo, a los efectos de interpretar la Constitución, la definición del medioambiente no parece ser tan clara como la del agua. Y ello, a menudo, plantea problemas.
El diccionario nos dice que el medioambiente se define como el ‘conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades’. Por lo tanto, el precepto constitucional considerado debería interpretarse como el cuidado que debe tenerse con ese conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a la vida que son decisivas para su desarrollo. No me cabe ninguna duda de que tanto el agua como el aire integran ese conjunto de circunstancias. Y me pregunto, ¿el territorio también lo integra?
Si bien puede ser definido como un conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a la vida que influyen en su desarrollo y en sus actividades, a diferencia del aire o el agua, el territorio también está conformado por los seres humanos. Un entorno urbano y otro rural ponen en evidencia circunstancias e influencias muy distintas. Que esté ubicado en el centro o en la periferia de la ciudad, también. Que disponga de una escuela o un centro deportivo cerca o lejos de mi domicilio impacta en mi vida cotidiana de manera diferente. Que uno sea de acceso público y otro no, también. ¿Qué define que esto sea de una manera u otra?
El territorio, en este sentido, parece ser más complejo; ni tan claro como el agua ni tan transparente como el aire fresco. Y ello aunque existan en la materia cantidades de leyes, estudios, tratados, planes, proyectos y toneladas de experiencias y conocimiento experto acumulados y a disposición. Sin embargo, todos los humanos necesitamos un territorio. La vida sin territorio no es concebible. Necesitamos un lugar para ser y estar. ¿Cómo podemos asegurar la vida sin ese lugar?
También es un tema eminentemente político, porque las leyes que hacemos intentan establecer la mejor manera de hacer esto o planificar aquello. Y ese debate es la materia prima de la política, eso que nos hace estar aquí y ahora juntos, acordando justamente los términos de nuestra convivencia. No es un tema político definir si el agua está contaminada. De ello se encarga la ciencia. En cambio, si queremos que el territorio sea más o menos integrado, bajo y extendido, o alto y concentrado, o verde y accesible en vez de artificial y cerrado, el mejor proyecto siempre es político, es cierto, pero nunca es solamente político.
El territorio nos acoge, nos alberga y nos provee de alimento. Es tan imprescindible como el agua y el aire. También es único, porque no tenemos otro y tampoco alternativa. Aunque a menudo no lo parezca, es sumamente frágil, tanto en términos ambientales como sociales. Si lo maltratamos o lo transformamos de manera inconveniente, no es sencillo recuperarlo, como el aire y el incremento del calentamiento global, o el agua y la presencia creciente de cianobacterias. No es prudente visualizar el territorio como mero negocio. Menos aún pensarlo y tratarlo en tales términos. Sin olvidar, y esto no es menor, sus consecuencias «civilizatorias». La señora Thatcher supo manifestarlo con mucha claridad: «No hay tal cosa como la sociedad. Hay hombres y mujeres y hay familias». Seguramente, para quienes piensan así, tampoco hay territorio y menos aún su posible ordenamiento. Para los neoliberales, que así se llaman, hay simplemente mercados. En este campo, sus puntos de vista representan un peligro mayor.
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Últimamente se han puesto sobre la mesa algunos grandes proyectos territoriales que tienen algunas características en común. Hago referencia a Jacksonville y a La Baguala, en Montevideo, y a El Milagro, en Salto. Los montevideanos ya fueron presentados una o más veces y rechazados una o más veces. En el caso de Jacksonville, sin embargo, el gobierno departamental a cargo de Daniel Martínez autorizó en 2019 su puesta de manifiesto, una instancia de consulta y recepción de observaciones prevista en la Ley de Ordenamiento Territorial. En el caso salteño, la propuesta parece contar con el visto bueno de la intendencia frenteamplista (véase «Aparte», Brecha,5-III-21). Los tres proyectos son claramente opuestos a sus marcos jurídicos, tanto en los aspectos formales como en los sustantivos.
Me parece necesario señalar cuatro objeciones básicas. En primer lugar, se trata de propuestas totalmente contrarias a las políticas territoriales promovidas hasta ahora y necesitan la modificación de los planes que se han concretado en acuerdo con dichas políticas. En segundo lugar, plantean la conformación de grandes barrios privados, en algunos casos disfrazándolos y en otros llamándolos con otro nombre; en este sentido, su aprobación representaría un retroceso cultural contundente. En tercer lugar, no responden a ninguna necesidad ni demanda social; por el contrario, la inventan y apuestan por ella. Y en cuarto lugar, son inversiones de capital que podrían generar grandes ganancias de apropiación privada que en nada contribuyen a la construcción de un territorio democrático, integrado y equitativo. Meros negocios…
Tengamos en cuenta que por su propia condición –único y finito– el territorio puede prestarse para que se hagan, a su costo, suculentos negocios. Las propuestas mencionadas son eso. Y, en general, los grandes negocios no funcionan bien ni con la Ley de Ordenamiento Territorial ni con los instrumentos que de ella han derivado y han sido aprobados en distintos ámbitos institucionales, como en Montevideo y Salto, por ejemplo. Porque, justamente, todas estas leyes y estos planes están hechos para que el territorio no sea solamente un mero negocio. Y tratan de manejar otras lógicas, como incrementar su sustentabilidad, favorecer la integración social, hacerlo más participativo o aportar estándares de calidad que lo hagan más equitativo en todos sus rincones.
Claro, todo eso puede cambiarse, incluso legalmente. Aunque, a la hora de presentar fundamentos pertinentes que justifiquen la modificación de las políticas territoriales democráticamente construidas y aprobadas, las cosas son muy poco claras. Para muchos, perder las oportunidades de negocios que brinda el territorio es equivocado, o suicida o inadecuado. Las consecuencias sociales y ambientales de dichas oportunidades de negocios serían meros daños colaterales. En este sentido, es interesante el argumento que maneja el señor Gustavo Chiriff, secretario general de la Intendencia de Salto, para respaldar la pertinencia del sitio elegido: «El grupo inversor entiende que es el lugar donde puede llevarse a cabo este clúster y no en otro».1 Porque los grupos inversores, con la perversidad que ha de corresponder a los buenos negocios, también juegan con esa manera de pensar y hacer pensar el tema: o me lo aprobás así o lo perdés y me voy a otro lado.
1. La Diaria, 3-IV-21.
