A pesar de que el adelgazamiento del Estado, el exceso de funcionarios públicos y la transparencia en los ingresos son eslóganes que el gobierno esgrime publicitariamente, y que colocó en un lugar central en la pasada campaña electoral, sus decisiones –especialmente ahora, que se acerca el final del período– van en un sentido muy distinto. El escándalo de las designaciones políticas directas en Salto Grande no parece cohibir a las autoridades de otros organismos, que buscan con persistencia la manera de dejar como funcionarios fijos a quienes ingresaron sin concurso y por afinidades personales o partidarias.
El artículo 353 de la rendición de cuentas autorizó al Poder Ejecutivo a designar en cargos presupuestados, es decir, a incorporar como funcionarios efectivos, al personal que haya ingresado al Ministerio de Salud Pública (MSP) a través de la Comisión de Apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata (CHPP). El texto establece que «las designaciones se deberán realizar bajo el régimen de provisoriato» establecido en la rendición de cuentas del ejercicio 2020, que implica que «transcurrido el plazo de 12 meses previsto en el inciso primero, el funcionario quedará designado en forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente», si su desempeño se evalúa como adecuado.
El artículo precisa que las presupuestaciones requerirán el «previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil [ONSC] y de la Contaduría General de la Nación» y que aplicarán para todo aquel que «se encuentre prestando funciones por al menos 12 meses al momento de la promulgación de la presente ley, creándose los cargos para este fin», aunque sin «generar costo presupuestal ni de caja». Además, «los jerarcas respectivos deberán acreditar el buen desempeño del personal y las necesidades del servicio para incorporarlos». En cuanto a los salarios, el artículo establece que las designaciones se harán en el último escalafón del cargo respectivo, pero «si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el contratado fuese menor a la del vínculo anterior, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal».
Esta idea está en la órbita de las autoridades del MSP al menos desde el año pasado. Entonces, el semanario Búsqueda (9-VI-22) informó sobre un correo electrónico que el Área de Gestión Humana de la cartera envió a cerca de 100 contratados por la Comisión de Apoyo sin concurso. En este se manifestaba la intención de la cartera de presupuestarlos mediante el régimen de provisoriato y se explicitaba que se buscaría hacerlo «a través de un articulado» que se presentaría en «la próxima rendición de cuentas». Pero cuatro días después de la publicación de Búsqueda el director de la ONSC, Conrado Ramos, informó que, tras conversar con autoridades del MSP, los ingresos sin concurso no se concretarían.
Algo similar sucede en estos días en la cartera de salud, pero con otras precauciones. Los contratados por la Comisión de Apoyo están siendo convocados telefónicamente al despacho del contador Julio Busson, de acuerdo a lo que contaron distintas fuentes del MSP a Brecha. Busson fue contratado al inicio de la actual gestión como adscripto al entonces ministro, Daniel Salinas, y se mantuvo en esa función tras la asunción de Karina Rando. También fue uno de los funcionarios que recibieron el mail en el que se propusieron las presupuestaciones el año pasado, porque su contrato es por la Comisión de Apoyo. De acuerdo a lo que pudo saber este semanario, políticamente el adscripto es afín al Partido Nacional (PN), aunque está casado con la hija del senador y presidente de Cabildo Abierto (CA), Guillermo Domenech.
Busson es quien por estos días se encarga de sistematizar cuáles son los funcionarios que aceptarían la presupuestación, entre los que está incluido él mismo, según dijeron las fuentes. Este semanario accedió a la respuesta a un pedido de acceso a la información pública, con fecha de agosto de 2023, en la que el MSP presentó el listado de todos los contratados por la Comisión de Apoyo y por la CHPP a partir del 1 de marzo de 2020. Se trata de 90 personas en el primer caso, de las que ocho ya no están cumpliendo funciones –ya sea por baja o por renuncia–, y de otras diez que ingresaron por el régimen del patronato.
Entre los contratados hay muchos militantes de CA o afines a ese partido, cuyos vínculos con CA fueron detallados en la nota de Búsqueda. También hay varios allegados al subsecretario del MSP, Luis Satdjian, integrante de la Lista 404 del PN y persona de extrema confianza del presidente Luis Lacalle Pou.
RECALCULANDO
Tras las consultas hechas por Brecha, la respuesta oficial dada por el MSP fue que el artículo aprobado hace apenas 15 días en la rendición de cuentas «no puede aplicarse en este momento». La fuente del ministerio sostuvo que el impedimento está en el artículo 229 de la Constitución, que establece que «el Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias». Si se toma como referencia este artículo, el plazo está vencido desde fines de octubre. Sin embargo, el MSP forma parte del Poder Ejecutivo y no queda comprendido dentro de esa disposición constitucional. En cambio, el artículo 346 de la Ley de Urgente Consideración aprobada en 2020, que se refiere a «la designación de personal presupuestado o contratado del Poder Ejecutivo, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Servicios Descentralizados», establece que «no podrán realizarse designaciones de nuevos funcionarios dentro de los doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno, ni iniciarse procesos para la provisión de vacantes». Con esa referencia, hay tiempo hasta marzo de 2024 para efectuar los ingresos. Sin embargo, la fuente oficial del ministerio aseguró que no habrá presupuestaciones en lo que queda del período, aunque «la próxima administración tiene una ley aprobada para presupuestar».
Consultada por el rol de Busson en el proceso de presupuestación que ahora se dejaría sin efecto, la fuente indicó que el adscripto «está en el equipo de trabajo y colabora en varios proyectos», pero que la información se centraliza en el Área de Recursos Humanos. A su vez, agregó que no podía asegurar que fuera ese asesor quien estaba convocando a los contratados.
UN INSTRUMENTO POLÉMICO
En diálogo con Brecha, el exministro de Salud Pública y exsenador del Frente Amplio (FA) Daniel Olesker subrayó que su partido «siempre ha votado afirmativamente» la presupuestación de personas que ingresan a sus cargos por la Comisión de Apoyo, así como la de quienes lo hacen a través del CHPP. Sin embargo, planteó que lo problemático en este caso es el uso que se hace de la herramienta, en tanto es un «mecanismo para momentos de picos de demanda asistencial», en los que la contratación directa busca agilizar el ingreso de personal para brindar servicios de salud y «garantizar» la oferta necesaria.
«En general, un proyecto de presupuestación tiene que tener una garantía de que vos presupuestás a personas que estuvieron por un período relativamente anterior a tu llegada, porque si no estás presupuestando a los que metiste vos en la Comisión de Apoyo», advirtió el exministro de Salud Pública. En la misma línea, remarcó que la comisión «siempre tuvo un proceso de evaluación muy importante para el ingreso de personal», con «muchas garantías» a la hora de analizar los currículums de las personas implicadas, algo que «se ha perdido» durante la actual administración. Sumado a esto, recordó que la decisión de la presupuestación solía tomarse junto con los gremios vinculados a la salud, como el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación de Funcionarios de Salud Pública, algo que tampoco se establece en el artículo recientemente aprobado en la rendición de cuentas.
En tanto, la fuente del ministerio trajo a colación el antecedente de la rendición de cuentas de 2010, en la que «se daba la opción de que personas que estaban por la Comisión de Apoyo pasaran a la plantilla del MSP. En ese momento se aplicó, pero no pasaron todos y no se pedía ninguna antigüedad» de los contratados, aunque las exautoridades de los gobiernos del FA hablaron de plazos de antigüedad de dos o tres años. «Ahora lo que planteó el ministerio es que se les tenía que dar la opción a todos», dijo la fuente. Lo cierto es que el artículo 561 de aquella ley de 2010 estableció que «el Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones de incorporación del personal, tomando en consideración la evaluación del funcionario y las necesidades de los servicios». El mismo artículo también había dispuesto que, a partir de su promulgación, no podrían realizarse «nuevas contrataciones a través de las Comisiones de Apoyo» ni de la CHPP «con la finalidad de prestar funciones en el Ministerio de Salud Pública».
Ambiente también
Según publicó este semanario el mes pasado (véase «Entrada preferencial», Brecha, 13-X-23), hubo 47 contrataciones por designación directa en el Ministerio de Ambiente (MA) en lo que va del gobierno. Esta medida –con una discusión escueta y sin la palabra del oficialismo– fue habilitada con los votos de la coalición en la última rendición de cuentas. Esto es contradictorio con lo expresado en el programa de gobierno del PN de la última campaña, en el que se detalla que los ingresos a las carreras funcionariales deberán ser mediante llamados públicos concursables.
El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, defendió esta medida ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en la que argumentó que en este caso se trata de funcionarios que cumplen «tareas sustantivas» y que la prueba evaluativa tendrá lugar en otro momento. En esa instancia, el ministro habló de «unas 20 personas» que serían contratadas de esta manera. La justificación fue sencilla: el MA no cuenta con los recursos para retener a los funcionarios que se ven «tentados a irse a otro lado».
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) decidió no acompañar la definición de «tareas sustantivas» que defendió Bouvier en la comisión, entendiendo que todos los casos de ingresos se deben dar a través de concursos. En su momento, Rinaldo Rossi, secretario de la Atrama y abogado especializado en derecho ambiental, declaró al semanario que la mayoría de las designaciones directas se registraron en la Dirección General de Secretaría. A juicio del sindicato, ese no es el espacio «donde el ministerio tiene más necesidades para cumplir bien las funciones ambientales».
