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Incendios forestales y desastre ambiental en Bolivia

La otra frontera

El fuego ya consumió, en lo que va de este mes, cerca de un millón de hectáreas en la región boliviana de la Chiquitania. Ingenieros forestales, activistas y organizaciones ambientales responsabilizan al gobierno de Evo Morales por promover la ampliación de la frontera agrícola a través de la quema de vegetación.

Incendio en la amazonia boliviana. Foto: AFP

 “El fuego es un monstruo que nos está amenazando. Todo es cenizas y miedo”, narra con desesperación Iván Quezada, alcalde de Roboré. […] Cada año, en esta época, los chaqueos –quemas para preparar el terreno para la siembra o para la crianza de ganado– se realizan en el territorio boliviano, generando muchas veces estos focos de calor que pueden salirse de control. Pero a diferencia de temporadas anteriores, este año, un polémico decreto aprobado por el Estado, que promueve la ampliación de la frontera agrícola y permite la “quema controlada” en áreas de uso forestal, ha detonado una situación sin precedentes. La Chiquitania está en emergencia.

ANTECEDENTES PELIGROSOS. En Bolivia, el chaqueo es una costumbre arraigada que, a pesar de los daños que ocasiona y de que es sancionada por ley, no ha podido ser frenada. Todo lo contrario, las recientes decisiones políticas la han alentado, en lugar de controlarla.

El pasado 9 de julio, el presidente Evo Morales aprobó la modificación del decreto supremo 26.075, sobre tierras de producción forestal permanente, para ampliar las áreas de producción del sector ganadero y agroindustrial de los departamentos de Beni y de Santa Cruz. La norma autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias que estén concebidas bajo un sistema de manejo integral sustentable de bosques y tierras. Esta modificación también permite la quema controlada de acuerdo con la reglamentación vigente. “Tenemos la tarea y la misión de que Bolivia crezca económicamente, no sólo en base a los recursos naturales no renovables, sino también en base al tema agropecuario”, puntualizó el mandatario y resaltó la apertura de importantes mercados para los productos nacionales, como el caso de la carne. […]

EL LUGAR DE LOS HECHOS. Roboré y las comunidades aledañas, que son 33, están en emergencia. Si bien son ocho las comunidades que han sido afectadas directamente por el fuego, ninguna se libra del humo, del calor y, por supuesto, del temor.

Roboré es un municipio del departamento de Santa Cruz que tiene mucho bosque, pero es un bosque seco y hace tres meses que no llueve, lo que ha agravado la situación y ha convertido a la región en material combustible. Una pequeña chispa es suficiente.

La normativa actual; los chaqueos indiscriminados y descontrolados; el uso de vegetación local como combustible, y las condiciones climáticas adversas son, según un documento enviado a los medios de comunicación por expertos de entidades técnico-académicas, los factores que provocaron el desastre ambiental en el oriente del país. […]

La gente está preocupada. En la ciudad de Roboré, en medio del humo, la espera parece eterna, pero en las comunidades la situación es más grave, pues las familias se proveen del agua que cae de las serranías que rodean la región, y que transportan por unas tuberías de goma, como mangueras. Ahora, estas se han quemado, y no reciben agua para beber. Además, el agua que les llega está llena de cenizas y se están reportando problemas digestivos, infecciones, tos y conjuntivitis. No hay actividades, y las labores escolares se han suspendido. Las autoridades del lugar piden una declaratoria de emergencia. El gobierno dice que no es necesario.

LA DEFORESTACIÓN. El activista y diplomático Pablo Solón, que fue parte del gobierno de Evo Morales hasta 2011, lleva un recuento de las cifras de deforestación. Según sus registros, en 2012 la deforestación en el departamento de Santa Cruz bordeó 100 mil hectáreas, el 91 por ciento era deforestación ilegal. Cinco años más tarde, un tercio de esta pérdida de bosque fue legalizada por el gobierno. En 2015, de las 240 mil hectáreas deforestadas en Bolivia, 204 mil pertenecían a Santa Cruz.

En el año 2016 se deforestaron 295.777 hectáreas en el país, según datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (Abt) en Bolivia. Hace unos días, la misma Abt habló de 953 mil hectáreas de bosques quemados en lo que va de 2019. La deforestación es el tema de mayor preocupación en relación con la naturaleza y la biodiversidad en el país. La soya, el modelo del agronegocio, la extensión de cultivos de coca, la ganadería, los biocombustibles, los asentamientos ilegales y el chaqueo son los factores que causan el gran flagelo a la naturaleza. “Si tomamos como año base el año 2012, cuando se habrían deforestado 128.043 hectáreas, la deforestación de este año sería más de siete veces mayor, y si tomamos sólo la deforestación de la Chiquitania, sería tres veces mayor”, sostiene Pablo Solón.

Los expertos y organizaciones ambientales que siguen el incendio calculan que un millón de hectáreas de bosques se han quemado en estos días: un área seis veces más grande que la mancha urbana de la ciudad de La Paz o casi toda la superficie del Tipnis.1 La razón es ampliar la frontera agrícola. El etanol y el biodiésel requieren cientos de miles de hectáreas de caña de azúcar y soya, a lo que se suma la exportación de carne a China, que necesita millones de hectáreas de pastos para el ganado. Por último, hay que añadir las dotaciones de tierra en áreas forestales y los asentamientos ilegales.

La región afectada por el incendio reúne cultivos de soya y cría de ganado en grandes proporciones. “Lo que está pasando no es un accidente. El vicepresidente, hace cinco años, desafiaba a los agroindustriales a ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año. Ahora ha llegado a esa cifra, pero no de tierras agrícolas productivas, sino de tierras devastadas por las llamas”, añade Solón.

¿BOSQUES O VOTOS? El tema de la deforestación masiva este año por incendios no sólo se explica por razones económicas, sino también político-electorales. En sus primeros años, el Mas se opuso a los biocombustibles, pero en su proyecto continuista pasó a promover el etanol y el biodiésel, argumentando que se ahorrarían muchos recursos en la importación de gasolina y, en alianza con los sectores agroindustriales del oriente del país, presentó los biocombustibles como energía “verde”.

“Hay responsables directos de este desastre ambiental y el primero es el gobierno, que ha aprobado consistentemente en los últimos años leyes de ‘perdonazo’, promoción e impulso de la frontera agrícola. Luego han hecho una cumbre agropecuaria en la que se han juntado el gobierno, el sector agroindustrial del oriente y campesinos aliados al Mas. En esa cumbre han decidido aprobar los organismos genéticamente modificados, los agrocombustibles, la expansión de la frontera agrícola, la exportación de carne a China y finalmente este decreto del 9 de julio que permite la deforestación con fines agropecuarios de superficies forestales”, resume la ambientalista Cecilia Requena.

Alcides Vadillo, director regional de la Fundación Tierra, Ong que se dedica a investigar sobre el acceso, uso y gobernanza de la tierra, el territorio y los recursos naturales en Bolivia, señala que el gobierno ha estado disponiendo de tierras fiscales que antes eran de uso forestal permanente. Todo lo que antes servía para concesiones forestales las ha devuelto al Estado y las está repartiendo a los colonizadores, creando comunidades falsas de personas que en realidad habitan en la ciudad. “Hay mucho dinero que está en juego”, sostiene.

Según Requena, esto expresa una visión de desarrollo que ya no corresponde al siglo XXI y que se agrava con el cambio climático, la megaextinción de especies y la pérdida masiva de bosque tropical. “El gobierno trata de culpar al cambio climático, diciendo que esto ocurre en otros países también; efectivamente, pero justamente si reconoces la existencia del cambio climático no contribuyes a él alentando las quemas”, añade Requena. “Este daño es irreversible, inconmensurable. No tenemos idea de la dimensión de las consecuencias, pero podemos decir que esperamos que esto sirva, como otras desgracias, para hacer un alto en esta deriva suicida. Necesitamos una visión de desarrollo que valore el bosque en pie porque, además de ser vital para el agua, se puede traducir en una economía que se abra hacia el posextractivismo”, señala.

VARIAS ESPECIES SE EXTINGUIRÁN. La contaminación en aire, agua y suelos, además de la extinción de especies, es una de las principales consecuencias que dejan los incendios. Según los expertos, se necesitarán años de trabajo para “recuperar una parte del bosque que se quemó”. “No entendemos muy bien lo que perdimos, pero sabemos que es enorme. Debido a la enorme biodiversidad, conocemos apenas una parte de su riqueza, pero esta es inabarcable”, lamentó Cecilia Requena. […]

“Los daños ambientales son elevados a la máxima potencia. De las especies de flora y fauna que son afectadas, algunas son de reproducción lenta y si estas mueren en grandes cantidades pueden tardar muchos años en recuperarse”, explicó la bióloga Kathrin Barboza. Agregó que, como se trata de un bosque de características únicas en el mundo, hay especies que pueden extinguirse o pueden catalogarse como amenazadas.

El bosque seco chiquitano es un complejo de biodiversidad endémico donde también está la reserva natural Tucavaca. Allí existen 554 especies distintas de animales, distribuidas en 69 especies de mamíferos, 221 de aves, 54 de reptiles, 50 de anfibios y 160 de peces. En Tucavaca hay, además, 35 especies de fauna y más de 55 plantas endémicas que solamente hay en este lugar en todo el mundo.

De acuerdo con Barboza, todas estas especies, entre plantas y animales, cumplen un rol importante en el equilibrio del bosque, “por ejemplo, con el tema de la polinización, la dispersión y el control natural de plagas e insectos”. Barboza acotó que, una vez que cese el fuego, se necesitará una evaluación del daño ambiental. “Desde cuántas hectáreas de bosque han sido dañadas hasta ver si hay especies que se pueden rescatar”, dijo, y agregó que además se debe hacer un monitoreo para evaluar cuánto tiempo puede tardar en recuperarse el bosque y el fortalecimiento de las plantas.

La ingeniera ambiental Cecilia Tapia asegura que el principal daño fue a los suelos, la biomasa boscosa y la biodiversidad que albergaba. “Habrá que acudir a estudiar y hacer un inventario del área quemada. Pero entre los impactos de consideración tenemos suelos, aire (aumento de gases de efecto invernadero) y contaminación de agua, además de la pérdida del paisaje, que igual es de impacto socioambiental”.

LA REFORESTACIÓN TOMARÁ 200 AÑOS. La reforestación de la zona afectada por los incendios en la Chiquitania demorará unos 200 años, de acuerdo con datos del presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Ever Durán. “El bosque que se ha quemado es duro; en ese sentido, se calcula que necesitará aproximadamente 200 años para restablecerse”, señaló. Durán agregó que es imperativo que el gobierno active el protocolo de declaratoria de desastre nacional por los incendios y recurra a la ayuda internacional no sólo para apagar el fuego, sino también para que se refuercen las tareas de reforestación y mitigación de los efectos de los incendios sobre la zona afectada y la salud de los habitantes.

Representantes de los colegios profesionales de ingenieros agrónomos, ingenieros forestales y veterinarios del departamento de Santa Cruz exigieron [el 21 de agosto] al gobierno que detenga la ampliación de la frontera agrícola en zonas sin esa vocación. “Exigimos e instamos al gobierno a pensar que los recursos naturales no son generación de recursos económicos para unos cuantos, sino generación de calidad de vida para todos los bolivianos y esto sólo se logrará con un marco sostenible de estos recursos”, se lee en el pronunciamiento de los profesionales cruceños. […]

La tragedia no puede ser medida, las pérdidas tampoco. Y, mientras tanto, nadie todavía ha puesto sobre la mesa de debate la suspensión de los permisos para “las quemas controladas”.

1.   Área protegida boliviana que cubre alrededor de 13 mil quilómetros cuadrados en los departamentos de Beni y Cochabamba, en la zona central del país.

(Publicado originalmente en Página Siete y Mongabay Latam. Brecha reproduce fragmentos con autorización. Titulación de Brecha.)

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