En Perú, desde diciembre de 2022, gobierna una dictadura parlamentaria: la presidenta de nombre es Dina Boluarte, pero quien dirige las bancadas que hacen mayoría en el Congreso es Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular e hija mayor del autócrata Alberto Fujimori. Concentra el poder político en Perú, tiene a su favor el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y está a su disposición el Ejecutivo, que esta semana ha expresado que podría salirse del sistema interamericano de justicia y que no hubo conflicto armado en Perú, posiciones que caracterizan al fujimorismo desde los años noventa. Empoderada, desde el 1 de julio, la excandidata presidencial afronta, con más de 40 coacusados, un juicio oral por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la Justicia debido a aportes ilícitos por más de 18 millones de dólares que recibió de la brasileña Odebrecht y de empresarios de los principales grupos económicos peruanos para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
El fiscal José Domingo Pérez ha pedido a los jueces 30 años y diez meses de prisión para Keiko Fujimori y seis miembros de la cúpula de la organización criminal que tejió en el interior del partido: exasesores políticos, legales y financieros. La procuraduría de lavado de activos ha pedido este martes que entre los acusados paguen al Estado 151 millones de soles de reparación civil, unos 40 millones de dólares.
El Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, que investigó a Fujimori desde 2018, ha sorteado vallas de todo tipo hasta llegar al juicio oral, no solo las tinterilladas que retrasaron el control de acusación. El equipo es objeto de campañas de desinformación y demolición de su imagen en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y, en las calles, el discurso de odio contra los fiscales va por cuenta de una turba de ultraderecha que acude a toda cita fujimorista desde los inicios de la investigación a la hija del dictador, la década pasada. Además, Pérez y el coordinador del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, Rafael Vela, han enfrentado, como parte de las represalias por investigar a los poderes políticos y económicos, quejas de aliados del fujimorismo para que el control interno del Ministerio Público los investigue, los suspenda o los saque de sus cargos (véase recuadro).
El auto de enjuiciamiento contra Fujimori contiene un listado de las pruebas por cada uno de los delitos imputados y los testigos ofrecidos por las partes: 1.031 por la Fiscalía y 91 por la excandidata. El fiscal Pérez ha dicho a los jueces que el líder de uno de los grupos económicos más poderosos, Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, declarará en el juicio que bajó 17 veces a la bóveda de su banco, del Grupo Romero, para entregar dinero en efectivo a la campaña de Keiko Fujimori entre 2010 y 2011. El monto total fue de más de 3,6 millones de dólares. Además, el ejecutivo de la empresa textil Sudamericana de Fibras, del Grupo Rassmuss, confirmará que el exesposo de la candidata, Mark Vito, iba a la fábrica a recoger el efectivo en sobres de manila: más de 7,6 millones de dólares para la campaña de 2016.
LOS MEDIOS Y EL JUICIO
Desde el inicio del juicio oral, en los medios de comunicación de Lima la mayoría de comentaristas y líderes de opinión –algunos de ellos abogados de los acusados– aseguran que los fiscales de Lava Jato no podrán demostrar el delito de lavado de activos: arguyen que no tienen forma de demostrar el origen ilícito del dinero ni que la lideresa de Fuerza Popular conocía tal origen ilícito. Sin embargo, Pérez ha sustentado ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional que el lavado de activos ha ocurrido porque el dinero fue manejado al margen de las normas del sistema financiero, bancario y tributario, y porque los directivos de las empresas destinaron esos montos sin consultar. «No era dinero suyo», ha precisado el fiscal Pérez.
Este lunes, César Hildebrandt, periodista de investigación independiente a quien el régimen de Alberto Fujimori planeó asesinar en los años noventa, comentó en su pódcast semanal: «¡Dionisio Romero le robaba a su propio banco, no hay un acta de directorio que lo aprobara!». El director del semanario Hildebrandt en sus Trece cuestionó el editorial del 2 de julio de El Comercio, diario conservador perteneciente al grupo mediático más importante en Perú que respaldó la versión de un fraude electoral que promovió falsamente el fujimorismo tras su derrota en 2021. La posición de El Comercio al día siguiente del inicio del juicio oral decía: «Los aportes bajo la lupa, como se recuerda, fueron hechos por Odebrecht, una empresa seriamente implicada en operaciones corruptas en nuestro país y muchos otros». «Claro, en “muchos otros” está Dionisio Romero, el pataza [el amigote]», hizo notar Hildebrandt sobre uno de los dueños del Banco de Crédito del Perú, uno de los anunciantes del Grupo El Comercio. El editorial del medio conservador añade: «Pero eso no quiere decir que toda la plata que destinaron a financiar campañas tuviera un origen corrupto, y, aun en la eventualidad de que aquella que entregaron a la organización fujimorista lo tuviera, faltaría demostrar que quienes lo recibieron lo sabían o debían presumirlo. Una tarea que se insinúa cuesta arriba para los representantes del Ministerio Público». Hildebrandt comentó: «Eso lo ha escrito la abogada de Keiko Fujimori, pero sale como editorial de El Comercio. ¿Cómo iba a sospechar la señora Keiko que era dinero irregular, sución, sospechoso, ilegal, clandestino, si lo recibió en sobres de manila, que a veces recogía su marido?», ironizó el veterano periodista.
El Grupo Romero no solo es propietario de uno de los principales bancos en Perú, sino también de Alicorp, que produce bienes de consumo masivo, entre ellos, aceites y golosinas. Según la investigación y la acusación fiscal, la organización criminal que lideró Keiko Fujimori en el interior de su partido desde 2009, cuando era congresista, tenía como fines obtener lucro y poder político, copar las instituciones del Estado, legislar a favor de los apostantes a sus campañas y conseguir impunidad. En el caso del Grupo Romero, la bancada fujimorista fue una de las principales opositoras a las leyes de alimentación saludable y obstaculizó el uso de octógonos en los alimentos con alto contenido en sodio o azúcar.
LEGISLAR A FAVOR DE LA CORRUPCIÓN
El fiscal Pérez ha destacado en su acusación que dicha forma de operar continúa hasta hoy, pues el fujimorismo y sus aliados aprobaron una norma que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos. Casi todos los partidos que llegaron al Congreso en las elecciones de 2021 tienen a sus líderes investigados por causas penales, incluido Perú Libre, el que llevó a Castillo a la presidencia. El Congreso aprobó en mayo una norma que indica que los partidos no pueden ser disueltos como consecuencia de estas investigaciones, sino que las responsabilidades deben ser solo individuales. En junio, el régimen de Boluarte promulgó la ley. Entre los acusados en este juicio están también el partido Fuerza Popular y la empresa inmobiliaria del exesposo de Keiko Fujimori, quien simuló operaciones de corretaje para convertir dinero vivo recibido para las campañas. En el final de su alegato de acusación el martes, el fiscal ha pedido la disolución del partido fujimorista, como anticipó en años anteriores.
A pesar de la aprobación de la ley que blinda a los principales partidos, los jueces no están obligados a aplicarla, pues existe un mecanismo de control difuso: si los magistrados encuentran una norma inconstitucional, pueden dictar sus resoluciones y condenas al margen de ellas.
El empoderamiento de la acusada Fujimori y el sector de extrema derecha al que representa también se han expresado en una decisión reciente del Tribunal Constitucional que falló a favor de la excarcelación de Alberto Fujimori, pese a que no tiene una enfermedad terminal, no ha cumplido su condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción ni ha pagado la reparación civil por delitos cometidos en su gobierno durante la década del 90.
Además, en la primera semana de julio, el Congreso aprobó una ley de amnistía para crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una norma que favorece al padre de Keiko Fujimori, quien actualmente afronta el juicio oral por una matanza a seis campesinos cometida en 1992 por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado para aniquilar a opositores con el pretexto de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso. Un parlamentario fujimorista y un militar en retiro que participó de acciones contrasubversivas entre 1980 y 2000 fueron los promotores de esa ley.
La norma fue aprobada con 15 votos en la Comisión Permanente del Congreso. Días antes de que ello ocurriera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado peruano impedir que la iniciativa progresara, para que no incumpliera con una sentencia referida a las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, cometidas por el Grupo Colina en el gobierno de Fujimori. Pero el primer ministro Gustavo Adrianzén rechazó la advertencia: dijo que Perú defendía su «soberanía» y no descartaba salirse del sistema interamericano.
Hostigamiento a los fiscales
Una jueza que en 2020 suspendió la prisión preventiva de Keiko Fujimori se quejó contra el fiscal Vela porque expresó en la prensa su desacuerdo con la excarcelación. En noviembre de 2023, esa queja revivió. Como parte de una operación coordinada entre la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides, y el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, suspendieron al fiscal por ocho meses. Benavides fue apartada del cargo ese mismo mes y está investigada por corrupción en funciones, debido a que usó su despacho para ayudar a investigados, entre ellos, hermanas y amistades. Vela fue repuesto cuatro meses más tarde por una acción de amparo.
Esta semana, la autoridad de control interno tramitó otra queja de 2020 contra los fiscales Vela y Pérez, y les notificó que no aceptaban las pruebas de descargo que ofrecieron. La queja fue presentada por un entonces miembro del Tribunal Constitucional que falló para que Keiko Fujimori no siguiera en prisión preventiva: años antes, el tribuno había sido vocal de una ONG que asesoraba a candidatos fujimoristas, con fondos donados por empresarios que respaldaban al dictador Fujimori desde los años noventa. El martes, a la salida de la audiencia, ante unos 25 periodistas que lo esperaban, el fiscal Pérez denunció que los querían sacar del juicio. El miércoles, un fiscal de control interno informó a los fiscales que declararon infundada la queja. El extribuno José Luis Sardón es, desde marzo, el representante del régimen de Boluarte ante la Organización de los Estados Americanos.
