Tres motines en Colonia Berro en los últimos quince días pusieron al descubierto fuertes luchas de poder en el inau. Un grupo de funcionarios, que dirige el centro desde hace años, resiste las remociones de cargos y el fin del reparto de encargaturas que busca aplicar Víctor Giorgi. La forma de lucha apela al motín para desestabilizar a la institución, lo que abrió un debate político que recién comienza.
Cientos de historias de motines provocados, fugas arregladas, prebendas escandalosas, amenazas impunes y suicidios inexplicables, merodean hace años los pasillos de la Colonia Roberto Berro. El motín del martes 14 en el hogar ser, y los que tuvieron lugar en el hogar Piedras el viernes 17 y el lunes 20 permitieron por primera vez que los pactos de silencio se resquebrajaran, dejando al descubierto nuevos hechos e implicancias. La imagen que devuelve esta lógica subterránea desnuda un mundo sórdido que poco y nada tiene que ver con la rehabilitación de jóvenes a la que debe estar abocado el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (inau).
Todo parece indicar que las formas de funcionamiento internas responden más bien a códigos mafiosos, que algunos funcionarios explotan en beneficio propio. Casi todos los episodios tienen como protagonista al temible grupo de “los 612”, forma en que se conoce a los “educadores” que pasaron a cobrar beneficios económicos especiales al asumir tareas de seguridad a partir de 1995. Todos ellos responden en forma directa a Sergio Migliorata, director del Instituto de Rehabilitación Juvenil (Interj), quien llegó a este cargo luego de un motín y a motín puro lo ha conservado, según diversas fuentes consultadas por BRECHA. Esto y el reparto de encargaturas le permitieron ir armando un estrecho y disciplinado grupo de colaboradores con quienes fundó un férreo feudo personal en la Colonia Berro. “Quien hable con él no puede creer que esté metido en todo eso”, comentó una fuente del establecimiento.
UN POCO DE HISTORIA. Los episodios de corrupción en la Colonia Berro se pueden rastrear, al menos, desde 1990, cuando en los albores del gobierno blanco asumió el directorio presidido por Silvia Ferreira, e integrado por Juan Pablo Robaina y María Elvira de Cantón. Durante este período fue que ingresó la mayoría de los funcionarios que actualmente han sido denunciados por malos tratos (consignados en un informe de la Organización Mundial Contra la Tortura, de marzo de 2004). Por aquellos días se discutía la inauguración de una cárcel de menores hasta que el Establecimiento de Miguelete se volvió “la solución”.
La lógica de los hechos se impuso por sí misma: el 31 de diciembre de 1990 un motín en La Tablada forzó la inauguración de Miguelete, espacio que no estaba preparado para albergar a jóvenes infractores. Tampoco había personal que atendiera a los menores, por lo que pocos días después se instrumentó un concurso muy sui géneris para la provisión de esos cargos: el único requisito era poder liberarse de dos “brazos gordos” (educadores) que custodiaban una puerta, y quien traspasaba el umbral era tomado como funcionario previa constatación de sus vinculaciones políticas. Desde ese momento comenzó a formarse una sólida estructura mafiosa, según diversos testimonios. Y los años posteriores no hicieron más que consolidarla.
En 1994 volvió el tema al tapete, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró a Miguelete como establecimiento inhabilitado para albergar menores privados de libertad, lo que determinó que Jorge Spaulonzi terminara como interventor y luego director de ese establecimiento; Spaulonzi volvería años más tarde como mano derecha de Migliorata.
En 1996, bajo el gobierno colorado, cambió el directorio del Instituto Nacional del Menor (Iname): el nuevo presidente, Alejandro Bonasso (que asumió junto a Julio Saettone y Beatriz Argimón), impuso como asesor del directorio al profesor Migliorata.
Desde el inicio de la gestión de Bonasso se habló de la formación de un instituto encargado de la rehabilitación de los menores, idea que finalmente se plasmó en el Interj. Y a su frente se designó a Victoria Vega, una funcionaria con “fama” de defensora de los derechos humanos. De inmediato se desató una serie de motines, que desembocaron en el relevo de Vega y la asunción de Migliorata como director (luego de superar un concurso al que sólo él se presentó).
A medida que pasó el tiempo Migliorata y Spaulonzi empezaron a trabajar en estrecha colaboración, al punto de elaborar en forma conjunta el proyecto que terminaría en 1998 con el cierre de Miguelete y La Tablada (el otro establecimiento que albergaba menores infractores de alta peligrosidad), que permitió reunir a todos los reclusos en la Colonia Berro. Ese traslado implicaba agrupar todo lo malo de ambos lugares, pero también fortalecer la autoridad de Migliorata, quien a partir de entonces podía aspirar a un lugar en el directorio del Iname gracias a una exitosa gestión en el Interj.
Migliorata repartió cargos entre los ex funcionarios de Miguelete, muchos de los cuales pasaron a cumplir tareas de alta responsabilidad. Así Spaulonzi fue elevado al cargo de director de programa, Alicia Ximénez (prima de Spaulonzi) asumió como directora administrativa del Interj, Pedro Sotelo (esposo de Ximénez) como director del Hogar Agrario, Isabel Ayala (tía de Ximénez) como directora del hogar Oportunidad, Heber Bentancur como coordinador del hogar ser, Jorge Muñoz como coordinador general de la Berro y toda la “pesada” de Miguelete pasó a formar parte de la cuadrilla de educadores de la colonia. Finalmente los dos instrumentos para consolidar esta estructura de poder, según confirmaron a BRECHA diversas fuentes, fueron la provocación de motines para impedir o generar traslados o cambios de muy diferente tipo, y las denominadas encargaturas, que permitieron poner en lugares estratégicos a personas leales a las autoridades del Interj.
La llegada de Víctor Giorgi al frente del inau implicó el primer intento serio de generar una inflexión en esta lógica mafiosa. El mismo día de su asunción (12 de abril último), Giorgi se comprometió por escrito a estudiar las distintas formas contractuales existentes en la institución y a “analizar las encargaturas que fueron asignadas por las anteriores administraciones”, así como “los criterios de percepción de beneficios”.
Giorgi explicó a BRECHA que al ingresar al inau se encontró con aproximadamente 700 encargaturas otorgadas a algunos funcionarios con grados máximos (16) y a otros que se ubicaban en los grados más bajos de la escala. El directorio realizó de inmediato una primera selección entre los encargados de mayor grado (de 12 hacia arriba) y ahora prepara un llamado para proveer muchos de estos cargos. En el concurso se piensa tener en cuenta méritos y antecedentes, y además se exigirá una propuesta de trabajo a cada uno de los candidatos y se aplicará una prueba adecuada al perfil del cargo. “Esto va a permitir otorgar encargaturas con una consistencia, una estabilidad y una autonomía de la discrecionalidad del directorio y de los mandos medios en ejercicio que le dan al funcionario la mayor seguridad.” La medida del directorio aportaba orden a la estructura interna de la institución, pero representaba en los hechos un golpe al poder centralizado de Migliorata en el Interj.
TROPEZONES Y CAÍDAS. Los problemas para Migliorata empezaron el 15 de abril de 2003, a raíz de un violento episodio protagonizado por Heber Bentancor, uno de sus funcionarios, quien luego de la fuga de dos internos capturó a uno de ellos y lo golpeó dentro de una comisaría. Bentancor terminó procesado por la justicia y se le instruyó un sumario con separación del cargo. No fue casual que durante cuatro días seguidos se hayan producido alzamientos en la Berro: los menores reclamaron todas las veces el regreso de Bentancor. El funcionario, pese a la gravedad de sus procedimientos, finalmente fue reintegrado al trabajo (pero fuera del Interj) por decisión del directorio del Iname. Migliorata lo había dejado solo y las consecuencias no tardarían en vislumbrarse.
El violento motín de marzo de 2004 en la Berro buscó marcar la cancha a Fernando Repetto, el nuevo presidente de la institución. Con el correr de los meses, y con un poco de asesoramiento, Repetto decidió crear la figura de director de la colonia, que cumpliría el doble papel de administrar el establecimento y disminuir el poder de Migliorata. Para ello se mencionó el nombre de Nancy Russo, una funcionaria con una larga trayectoria en la institución. De inmediato se puso a funcionar una vez más la estructura: enseguida los menores del hogar Piedras comenzaron a agitarse. La estrategia de amotinar a los jóvenes funcionó, y el nombramiento se pospuso, pero en setiembre último el directorio volvió a intentar designar a alguien en ese cargo. Esta vez el candidato fue Enrique Sasías, procurador administrativo del hogar Piedras. La respuesta no se hizo esperar, pero esta vez implicó a más actores. En una reunión dispuesta por Migliorata con todos los directores de la Berro (Jorge Muñoz, conocido como el “Boca”, su esposa Paula Cores y Mariela Fernández), se cuestionó duramente la figura de Sasías.
El día que Sasías iba a asumir como director se inició una revuelta en el hogar Piedras. Se informó de la situación a Repetto, quien se encontraba en España, y se decidió postergar la designación para que no se consumara el motín. Un nuevo éxito.
NADA QUEDARÁ EN PIE. Las elecciones de octubre de 2004 despertaron una fuerte incertidumbre dentro de la Berro. El cambio de gobierno podía significar que todo aquello que se había cosechado desde principios de la década del 90 se perdiera, y había que actuar. La estrategia elegida fue evitar a toda costa motines y fugas, para aumentar las posibilidadades de que Migliorata alcanzara un cargo en el directorio del inau.
Pero en la primera quincena de enero de este año se produjo un motín que hizo peligrar el plan. Fuentes de la Berro dijeron a BRECHA que los incidentes surgieron por descontentos legítimos de los internos, pero aclararon también que posiblemente Bentancor encontró la oportunidad de vengarse de Migliorata.
Al analizar los alzamientos de estas últimas semanas, Giorgi recordó que las autoridades del inau adoptaron recientemente algunas medidas de ordenamiento institucional que generaron “incomodidad” en algunos sectores, lo cual provocó “nerviosismo. Y eso se trasmite a los muchachos”. Este es uno de los puntos de mayor discrepancia entre el nuevo directorio y el sindicato. Su presidente, José Luis López, dijo a BRECHA que la institución tiene los mecanismos para deshacerse de los funcionarios que hayan incurrido en faltas graves, “y eso es lo que debe dictaminar si realmente todas estas cosas que salen a la opinión pública se concretan”. Consideró, además, “de muy mal gusto que se generalice y se hable de los funcionarios, y no decir quiénes son. Si esto no ha colapsado antes es producto del compromiso que tienen los trabajadores con esta institución”.
En cambio, Giorgi consideró que “llama poderosamente la atención la forma en que se da esta cadena, la forma en que coincide con nuestra presencia en el Parlamento. Nosotros decíamos en la comisión que la historia de los motines muestra que siempre hay una coincidencia entre éstos y determinadas propuestas de cambio en la estructura que generan temores en algún sector. Nosotros tenemos indicios de que esto no es algo totalmente espontáneo. Y eso se está procesando en las investigaciones internas”.
Por lo pronto, para Giorgi hay elementos llamativos que hacían pensar que desde el día domingo 12 se sabía que iba a pasar algo. De hecho, “no les vamos a dejar nada” fue una frase que se escuchó en la Berro pocos días antes del motín que terminó el martes 14 con la destrucción total del hogar ser y un escándalo político.
Esa noche todo transcurría con normalidad en el hogar ser. Uno de los turnos (en el que había tres mujeres solas a cargo del establecimiento) salió como de costumbre, y entró el siguiente con seis funcionarios masculinos (en total finalmente hubo siete, por lo que el inau investiga por qué había uno que no debía estar allí). En un momento, que algunos señalan como el del reparto de la cena, se capturó a los siete funcionarios presentes de uno en uno y se los tomó como rehenes. Tres de ellos fueron liberados en las primeras horas del incidente. Eran 28 los jóvenes que participaban del motín, mientras los 12 restantes fueron retirados ni bien comenzó, y trasladados en las primeras horas de la noche en una camioneta.
En esa situación, los cuatro funcionarios restantes permanecieron como rehenes durante todo el proceso, pero en condiciones bien diferentes: uno de ellos (el que tenía menos antigüedad en la colonia) en la azotea con un cuchillo en la garganta, con un trato aparentemente duro por lo que se podía ver desde afuera. Los otros tres, bien tratados en una habitación cerrada. Al hacerse de las llaves, los jóvenes pudieron acceder a todas las instalaciones del hogar, entre ellas un lugar que está en obra y donde había herramientas del Ministerio de Transporte que se utilizaron como armas. También accedieron a la cocina, donde obtuvieron los cuchillos además de los cortes que ya tenían. Paralelamente, en un hecho que también es objeto de investigación, hubo dos intentos de fuga del hogar Piedras.
Según el presidente del sindicato, el aviso del motín fue dado por un funcionario que llegó tarde al turno. La alarma a las autoridades del Interj y a la Policía desató un operativo de seguridad que desbarató la idea inicial de los muchachos, que era fugarse. A partir de allí, todo se complicó.
Las primeras negociaciones estuvieron a cargo de Migliorata, pero terminaron “sin ningún éxito. No tenían ninguna reivindicación más que la de irse. El diálogo se cortaba, cuando él llegaba los muchachos se retiraban y no hablaban”, dijo Giorgi.
Una segunda etapa de negociación estuvo a cargo del juez de Canelones Humberto Álvarez, quien intentó dialogar con ellos y darles algunas garantías para que fueran trasladados, pero tampoco tuvo éxito. En un tercer momento el mismo Giorgi intentó un acercamiento junto con Migliorata, y allí se logró entablar un breve diálogo, hasta que uno de los jóvenes interrumpió la charla: “Corten la conversación, les están haciendo la cabeza”, dijo al resto.
Cuando llegó el senador Eduardo Lorier (ep-fa, pcu) comenzó la cuarta etapa de la mediación. Al acercarse junto a Giorgi, Lorier explicó su función pública y aseguró que podía darles garantías para que pudieran salir sin problemas. “Recién ahí se empieza a establecer cierto nivel de diálogo”, sostuvo Giorgi. Una hora más tarde se inició la etapa de negociaciones que terminaría con la liberación de los rehenes. Al llegar la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, los amotinados empezaron a plantear las inhumanas condiciones de vida que tienen. “Allí es donde la ministra, aprovechando una situación del diálogo y sin haber hecho un análisis ni habernos consultado, dice por qué no le muestran dónde y cómo viven. Los muchachos dicen que está todo roto, pero ella insiste”, narró el jerarca.
Las deliberaciones comenzaron de un lado y otro de la reja de entrada. “Nosotros lo hacemos para ver si era sensato lo que se iba a hacer”, explicó Giorgi. En ese momento la ministra insiste en que “por una decisión personal quiere entrar, y se vio que existía un clima de cierto respeto hacia su investidura y entonces entró. El senador la acompaña. Entran, recorren, dialogan con ellos y salen sin ningún momento de violencia”. A partir de ahí, según el relato del presidente del inau, la ministra Arismendi quedó como interlocutora, “y no como ordenadora del operativo. Eso no fue así, en ningún momento dirigió”.
Como producto de todos estos movimientos, Arismendi acordó la posibilidad de que salieran bajo ciertas condiciones; se hicieron dos listas para trasladarlos a diferentes lugares: unos a otro emplazamiento dentro de la colonia y otros a un local del inau en Montevideo. “Cuando vamos a hacer el traslado ingresó la camioneta, lo cual complicó las cosas”, dijo Giorgi. Los jóvenes salieron con el rehén amenazado con un cuchillo y se subieron a la camioneta. En ese momento quienes negociaban con los amotinados consideraron que no era conveniente que un funcionario condujera el vehículo, porque no había condiciones de seguridad para hacerlo. “El senador se ofrece, los muchachos dicen ‘que maneje él’. Nosotros tratamos de disuadirlo, incluso retengo la llave durante un rato para ver si se puede buscar otra solución a ese trance, pero ellos empiezan a ponerse un tanto nerviosos. Finalmente no vimos otra opción en ese momento.”
Luego de un breve trayecto (con una camioneta del grupo geo detrás) los jóvenes “empiezan a hablar en jerga carcelaria”, y le piden al legislador que detenga el vehículo, amenzándolo con un cuchillo. Seis internos se bajaron del vehículo inmediatamente para fugarse, y los restantes siete se quedaron discutiendo qué iban a hacer. De inmediato, el móvil del grupo geo que los perseguía decidió actuar y pudo recapturar a los jóvenes que se habían quedado con el legislador.
Tras la compleja resolución del asunto, las cosas se mantuvieron tensas, por lo que las autoridades decidieron el lunes 20 el traslado de 31 jóvenes al módulo F del penal de Libertad. La disposición es violatoria del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, y de las normas internacionales que el país suscribió en cuanto a la privación de libertad para los niños y adolescentes, recordaron a BRECHA integrantes de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario Juvenil Uruguayo. Pero la medida también afecta el sentido común, porque el funcionario del inau escogido para supervisar a esos muchachos fue Edgar Rivero, el director del hogar Piedras, removido de su cargo pero finalmente confirmado en él luego del motín en la noche del viernes 17.
ESTALLA PIEDRAS. Las autoridades del instituto habían decidido remover a Rivero, uno de los principales hombres de Migliorata en la Berro. Así se decidió efectuar una requisa, que comenzó a las 5 de la tarde aproximadamente de ese viernes, en compañía de representantes de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario Juvenil, el director de la Defensoría de Oficio, Arturo Caumont, y la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Nirta Gaudín. Todo funcionó como estaba previsto, incluyendo la asunción del nuevo director, Enrique Sasías, hasta que las autoridades abandonaron el lugar. Cuando eso ocurrió, el director saliente, Rivero, le comentó a uno de los menores internados que había sido despedido. “Me echaron”, le dijo a M C, un menor considerado por sus pares como “infiltrado” (por las prebendas que logra con los funcionarios debido a “regalos” que su familia lleva al lugar). Éste fue quien comenzó a incitar a sus compañeros a amotinarse debido a la remoción de Rivero y el nombramiento de Sasías, quien rápidamente comenzó a ser acusado de “traidor”.
En ese contexto Sasías (hasta ese momento procurador jurídico de Piedras) decidió no asumir el cargo, y se resolvió imponer nuevamente a Rivero, quien en el momento de irse se había parado en las puertas del hogar con los brazos abiertos y hacia arriba, en señal de agradecimiento a los jóvenes que coreaban su nombre. En condiciones normales, esta actitud hubiera significado una investigación administrativa por la incitación al motín, pero lejos de ocurrir esto Rivero recuperó su puesto y luego fue designado por el director del Interj como el responsable de custodiar a los jóvenes que serían trasladados al penal de Libertad.
Según varias interpretaciones recogidas por BRECHA entre distintos actores del sistema, el primer round de esta batalla por el control de la Berro fue ganado por la estructura de poder consolidada en torno a Migliorata.
Es que el factor político ha jugado un papel central desde el Parlamento y los medios. En ese marco, las autoridades deberán decidir si aprovechan la coyuntura para pisar el acelerador y cambiar las cosas definitivamente, o recurrir a una paz que garantice tranquilidad por un tiempo. Aunque ese remedio puede resultar mucho peor que la enfermedad que pretende curar.
