Los comedores escolares volvieron a instalarse como tema de debate en los últimos días: la comparecencia del Consejo Directivo Central (Codicen) para considerar la rendición de cuentas fue la oportunidad para que la oposición manifestara su preocupación por la prohibición de que los alumnos repitan el plato de almuerzo. La directora de Primaria lo justificó en razón de la prevalencia del sobrepeso infantil. El presidente de Codicen criticó a la oposición por buscar réditos con el tema y, a la vez, se distanció de los dichos de Primaria, remarcando que cada escuela es una realidad particular.
Mientras que algunas maestras y directoras denuncian que los niños llegan con hambre a la escuela, la autoridad se preocupa por la obesidad, un énfasis muy poco empático cuando crecen la pobreza y las ollas populares. La polarización de los discursos captó la atención y la rendición como asunto de fondo se perdió entre actas. Casi no se mencionó la pérdida salarial ni que el Codicen reclama un aumento 900 millones de pesos inferior al de un año atrás. Tampoco se mencionó la propuesta de reorientar el aumento de la recaudación del impuesto de Primaria a los salarios, en lugar de preservarlo para la alimentación. Sí se ubicó la alimentación en la agenda política, cosa no menor cuando la vuelta a la «normalidad» obliga a tomar decisiones de más largo plazo.
UN SERVICIO CON TRADICIÓN Y PRESTIGIO
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) data de 1920, más de un siglo cumpliendo tres funciones fundamentales: la propiamente nutricional, la de integración y socialización, y la de educación alimentaria. El comedor escolar es, además, un lugar privilegiado de interacción con las familias y la comunidad, y una condición necesaria para las diversas propuestas de extensión de la jornada escolar. Este servicio –excepcional en la región por su cobertura (llega a dos tercios de la matrícula), su forma de gestión y su financiamiento– resultó abruptamente interrumpido por la pandemia e interpelado por algunas autoridades. Las alternativas «de emergencia», tales como las viandas y los tickets, evidenciaron inconvenientes insuperables: el costo de las viandas triplica el de un almuerzo tradicional, el costo de los tickets se duplica y es una transferencia que mejora el ingreso del hogar, pero no asegura la ingesta del niño.
El PAE, que en los últimos años recibió frecuentes reconocimientos internacionales y que goza de un merecido prestigio, se vio denostado y puesto bajo sospecha. Las críticas del ministro y su anuncio de auditorías, el señalamiento de la senadora Graciela Bianchi de que no era imprescindible dar de comer para extender la jornada escolar –«Que se lleven viandas», planteó como solución–, la propuesta de la directora de Primaria de «evaluar si el comedor es para todos y en qué condiciones», las objeciones sobre el número de porciones tercerizadas que se enviaba a los centros, la descalificación recurrente a la anterior gestión y la insistencia exagerada en los registros y las inscripciones, además de las escuelas cerradas, redujeron drásticamente la cantidad de usuarios. Mientras, aumentaban la pobreza, los seguros de desempleo y las ollas solidarias. La escuela pública, históricamente el escudo de los débiles, se volvió tacaña e inquisidora. El efecto esperable o esperado fue el ahorro de millones de dólares tras una ejecución de 1.975 millones de pesos, la más baja desde 2015.
La evidente contradicción entre las medidas sugeridas por los organismos internacionales de que el Estado proteja a los más débiles y una administración que ahorra en la comida de los niños fue disimulada con algunos días más de prestación (Semana de Turismo, verano), pero estos se dirigieron a tan pocos alumnos que las economías superaron largamente los 200 millones de pesos. Dicho de otra forma, aun con precios que triplicaban el costo diario por niño y agregando algunos almuerzos en vacaciones, hubo ahorros basados en decenas de miles de estudiantes que no accedieron al comedor en 2020.
REPETIR O NO REPETIR, ¿ESA ES LA CUESTIÓN?
El 20,2 por ciento de los niños y los adolescentes de entre 3 y 12 años son pobres: 35 mil más que en 2019. Si nos concentramos en el 85 por ciento de la matrícula que asiste a la escuela pública, de cada cuatro alumnos uno es pobre: unos 85 mil niños. En este contexto se cumplieron largos meses sin los comedores abiertos, excepto en las escuelas rurales. De poco más de 60 mil usuarios en abril y mayo de 2020, en diciembre se llegó a 277 mil prestaciones diarias para 150 mil alumnos.
El 2021 trajo una muy pregonada extensión de los días cubiertos por la alimentación en verano y una escasa difusión de la cantidad de comensales. En todo caso, la ampliación de la cobertura fuera del tiempo lectivo es un antecedente que condiciona futuras decisiones. En los hechos, los días agregados, el número creciente de alumnos y los sobrecostos de viandas y tickets en relación con el comedor tradicional impusieron otras restricciones: un control estricto de los comensales, la exclusión de los liceales de cuarto año (desconociendo la circular 39/19) y la prohibición de las repeticiones.
La repetición es un hecho eventual, no planificado. Obedece a un desfasaje entre la cantidad de alumnos previstos y los que realmente asisten al comedor. Qué hacer con algunos platos de comida de más es un asunto de sentido común para respetar el esfuerzo de los contribuyentes y la imagen de una institución que debe ser ejemplo de buena administración, sobriedad y sensibilidad para reconocer las necesidades, identificar los rostros que vienen sin desayunar, los ojos que en silencio piden otro plato. Discusión alejada del quehacer diario en la escuela, donde los directores y los docentes, y los auxiliares y las comisiones de fomento resuelven con tino estas situaciones en tanto se respeten los grados ínfimos de autonomía.
BUSCANDO EL RUMBO
Parece no haber consenso entre las autoridades sobre el rumbo de la alimentación escolar. Se propone desde las variadas posturas anotadas antes hasta separarla de las clases y dirigirla a los más vulnerables, desde fortalecer los comedores hasta recurrir a transferencias como un alivio para el funcionamiento diario de las escuelas, desde evitar las repeticiones hasta ampliar las ingestas en el tiempo completo. La salida de la emergencia y el tratamiento de la rendición de cuentas obligan a la Administración Nacional de Educación Pública a definir rumbos y evitar más restricciones, como acotar el financiamiento proveniente del impuesto de Primaria.
La primera definición es el sentido del comedor escolar. Si es un espacio donde quienes comparten la mesa aprenden a reconocerse como iguales haciendo uso de un mismo derecho, es decir, el lugar de la integración social, es deseable que asistan todos. Si está reservado para los que más necesitan, se sacrifica la inclusión y se mejora la focalización del gasto.
La segunda es la articulación con los contenidos curriculares, el programa escolar, la educación para la salud y la normativa vigente. Privilegiar el sentido educativo sobre el asistencial exige propuestas universales, la implicancia de los colectivos docentes y proyectos relevantes para la comunidad, donde hay valiosos antecedentes (como las escuelas granja y las huertas escolares).
La tercera es la forma de gestión: difícilmente se pueda avanzar en el punto anterior si la comida es elaborada fuera de la escuela, si la ajenidad con los insumos y la cocina invisibiliza el esfuerzo. El comedor y el cocinar en la escuela instalan un clima doméstico y de pertenencia que en muchos niños compensa las ausencias en los hogares. Sin embargo, también es una gestión compleja para las direcciones donde pueda necesitarse personal de apoyo.
La cuarta es el financiamiento: alcanzada una cobertura similar a la de 2019, mantener la política seguida hasta entonces y, eventualmente, ampliar el calendario de días, manteniendo la atención a algunos miles de estudiantes de media, requiere abatir costos de tercerizaciones y un importante esfuerzo financiero priorizando con este fin la recaudación del impuesto y previendo refuerzos a mediano plazo. Quizás no sea exagerado para un país productor de alimentos dar seguridad nutricional e integración social a unos 350 mil alumnos de la educación pública duplicando el gasto actual, viéndolo como inversión y como un derecho que construye ciudadanía e igualdad.
