El breve discurso de Jair Bolsonaro en la cumbre mundial del clima del jueves pasado –convocada en Washington por el presidente estadounidense, Joe Biden– tuvo un tono pretendidamente diplomático. A diferencia de lo hecho en otras situaciones similares, reconoció la realidad del calentamiento global e hizo algunas promesas, como acabar con la deforestación en Brasil para 2030 y llevar a cero las emisiones de carbono para 2050. Todo esto a cambio, según el presidente y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, de unos 10.000 millones de dólares anuales que Brasil debería recibir de la comunidad internacional. Sus anuncios no generaron muchas expectativas. Para Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red que reúne a más de 60 organizaciones ambientalistas de Brasil, Bolsonaro «sale de la cumbre como entró: desacreditado». No ayuda que varias de las afirmaciones del presidente durante el evento contrasten con la realidad en el país.
DE MADERA
«El ministro torna legítima la acción de los criminales y no la de los agentes públicos», dijo el lunes en la Cámara de Diputados el ahora exsuperintendente de la Policía Federal del estado de Amazonas Alexandre Saraiva. El 14 de abril, aún al frente de ese cuerpo estatal, Saraiva había presentado una denuncia ante el Supremo Tribunal Federal contra el titular de la cartera de Medio Ambiente, Salles, al que acusó de connivencia con madereros ilegales. Saraiva fue destituido al día siguiente. Su acusación está basada en la investigación que llevó a la mayor requisa de madera de la historia, más de 200 mil metros cúbicos retenidos en el río Arapiuns, en Santarém, estado de Pará, en diciembre de 2020. Salles, que ya criticó la operación en varias ocasiones, visitó dos veces la zona y se reunió allí con madereros, con los que llegó a posar sonriente frente a la madera apilada.
En una entrevista a Folha de São Paulo, el ministro afirmó que «la demonización del sector maderero contribuye al aumento de la deforestación». En la región donde se efectuó la requisa vive Auricélia Arapuim, coordinadora del Consejo Indígena Tapajós-Arapiuns (CITA). Desde allí, conversó con Brecha: «Salles no quiere saber nada de nosotros; sus visitas y posicionamientos representan un ataque a nuestra existencia y a nuestra resistencia, que son una misma cosa. Es inmoral venir a abusar de poblaciones tradicionales que, desde hace tantos años, denuncian la extracción ilegal de madera en la región. Con un presidente y un ministro como estos, los invasores tienen todo para legitimarse, para ocupar los territorios y cometer ilegalidades».
Junto con otras organizaciones locales, en noviembre el CITA presentó ante la Justicia una acción civil pública contra la extracción maderera en la Reserva Extractiva Tapajós-Arapiuns, creada en 1998 gracias a la lucha de las comunidades locales frente a los intereses de las forestales. El juez falló finalmente a favor del CITA y suspendió la reunión del consejo deliberativo de la reserva donde se aprobarían los planes de manejo forestal de la zona. El magistrado entendió que no se habían cumplido las consultas «libres, previas e informadas» a las 78 comunidades tradicionales que viven allí. La resolución también contó, en febrero de este año, con el parecer favorable del Ministerio Público Federal. Sin embargo, este lunes el mismo juez dio marcha atrás y la revocó. «No sabemos el motivo, pero cambió su decisión después de que Salles viniera aquí», afirma Arapuim. La comunidad sospecha que parte de la madera requisada fue retirada de la reserva en los últimos meses y teme que un nuevo ropaje legal abra las puertas a la explotación desenfrenada.
La extracción de madera ilegal no es el único ataque que enfrentan los indígenas. Para la región hay planteados varios proyectos de hidroeléctricas, incluido el polémico Complejo Tapajós, que prevé la construcción de cinco grandes usinas y ha generado enorme resistencia entre las comunidades. Sobre la mesa hay también proyectos del agronegocio, portuarios y ferroviarios. Y está además la amenaza que los tiene en vilo: la tentativa de entrada de la minera Alcoa, que pretende extraer bauxita del territorio indígena.
«Los desafíos son enormes y nuestra situación es muy difícil porque estamos rodeados», dice Arapuim. «Siempre la tuvimos muy difícil, siempre tuvimos que luchar mucho, pero ahora estamos frente a un proyecto que no quiere destruir solamente nuestros territorios, sino a nuestros pueblos», agrega. Para la coordinadora del CITA, «ahora los invasores están juntos y organizados y tienen un presidente y un ministro que los ayudan».
DIVISIONES
El gobierno de Bolsonaro ha profundizado una estrategia tradicional de las empresas: dividir a las comunidades. «Lo están consiguiendo», dice Arapuim, que volvió recientemente de Brasilia, a donde fue como parte de una delegación que se oponía a la expansión de los proyectos extractivos en su territorio. Allí se encontró con otra delegación indígena, favorable a la explotación minera en sus tierras. El presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el ente que establece y desarrolla las políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas, recibió a esa comitiva favorable a la minería, pero no a la integrada por Arapuim, según denuncia la referente comunitaria: «Es muy grave, porque están usando las instituciones públicas que deberían pelear por la demarcación del territorio al servicio de la minería y el robo de tierras». Marcelo Xavier, quien encabeza la FUNAI desde 2019, trabajó en la comisión parlamentaria que tres años antes investigó ese órgano a pedido de la bancada ruralista y desde la que se acusó a antropólogos y organizaciones de supuestas irregularidades que no lograron ser probadas en la Justicia.
De acuerdo a Arapuim, «los madereros están entrando en nuestros territorios y generando conflictos dentro de nuestro propio movimiento». Las tentativas de cooptación y división, explica, «tienen graves consecuencias para el movimiento indígena: hacen que nuestra resistencia deba ser no sólo contra el gobierno o los grandes emprendimientos, sino también contra nuestros propios parientes».
LA CIUDAD
Capital del estado de Amazonas y uno de los epicentros de la actual pandemia de covid-19, en Manaos y sus alrededores viven cerca de 20 mil indígenas de 47 pueblos diferentes. Hablan 16 lenguas y se organizan en más de 100 agrupaciones. Una de ellas es la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Manaos y su Entorno (Copime), de la que es referente Marcivana Paiva, de la etnia sateré mauwé. En diálogo con Brecha, después de una intensa jornada de reuniones para tratar de garantizar vacunas para las comunidades de la zona, Paiva dice que en la metrópolis amazónica la situación de los indígenas es «extremadamente vulnerable». La alimentación, por ejemplo, es muy diferente a la de las comunidades de la selva, y la caza, la pesca y la recolección son sustituidas por grandes cadenas de supermercados. En un momento de crisis económica como el actual, la seguridad alimentaria se vuelve precaria; enfatiza: «La pandemia trajo la enfermedad, pero también trajo el hambre».
Excluidos de los grupos prioritarios de vacunación –que incluyen a los indígenas de las aldeas y de las tierras regularizadas–, hay más de 300 mil indígenas en las ciudades que están relegados de la campaña sanitaria, según los cálculos del Copime y los datos del último censo oficial. El reconocimiento de esa población, que se ha hecho urgente por la crisis sanitaria, está directamente relacionado con un proceso de recuperación de la memoria: «Es necesaria una deconstrucción de aquello que es enseñado en las escuelas y en los libros de historia hasta el día de hoy: la figura del indígena distante y salvaje. Hoy estamos suficientemente maduros para decir que Manaos es nuestro territorio. No fueron las aldeas las que vinieron a la ciudad: nuestras aldeas fueron convertidas en ciudades y gran parte de la ciudad se encuentra en territorio indígena».
En la ciudad, estos procesos de toma de conciencia son muy difíciles, reconoce Paiva, pero sin ellos, sostiene, los indígenas estarían negando su propia identidad: «Yo vengo de la región del bajo Amazonas, pero mi hija nació en Manaos; si yo no cambio mi forma de pensar, le estoy negando a mi hija el derecho al territorio». «Territorio e identidad son dos cosas muy relacionadas, no dejamos de ser indígenas por vivir en la ciudad», señala.
EL MAÑANA
«Vivimos un momento de ataque a la madre naturaleza y a nuestros pueblos. Sabemos que históricamente para la Amazonia los planes siempre han sido de desarrollo extractivo de nuestros elementos sagrados, el agua y la tierra. Pero ese proceso se ha intensificado en los últimos tiempos, incluso antes de este gobierno», sostiene Paiva. Los efectos del discurso y el accionar del gobierno actual amplían, sin embargo, el problema: «Vemos comunidades donde llegan las vacunas y nuestros parientes las rechazan, donde nuestros hermanos repiten que el covid-19 es una gripecita». Para la coordinadora del Copime, «Brasil debería reconocer que fue territorio de nuestros ancestros, que lo gestionaron por muchos años sin tener problemas en el equilibrio ambiental, siempre en armonía con la naturaleza. Este tiempo que hoy vivimos, de ocupación e invasión, es de un desequilibrio gestionado por hombres blancos». Y reflexiona: «Vemos mucha pobreza, concentración de riqueza en las manos de pocos y una explotación como si no hubiera mañana. Eso nos preocupa y contra eso luchamos, para que nuestros hijos y las próximas generaciones puedan crecer con una mejor calidad de vida».
El otro desmonte
«He determinado que se fortalezcan los órganos ambientales y que se dupliquen los recursos destinados a las acciones de fiscalización», dijo Bolsonaro durante la reciente cumbre mundial del clima. Al día siguiente, recortó 240 millones de reales (45 millones de dólares) del presupuesto general del Ministerio de Medio Ambiente. Según un oficio enviado por la Dirección de Planificación, Administración y Logística de la cartera al Instituto Chico Mendes para la Biodiversidad (ICMBIO), a partir de mayo, el presidente del ente tendrá que suspender los servicios de aeronaves y las brigadas de combate destinados a hacer frente a los incendios forestales. Es en esta época del año, precisamente, cuando empieza la estación seca en gran parte del país. Ya antes de este recorte, durante el diseño del presupuesto para este año, la dirección del ICMBIO había avisado que los recursos previstos «no serían capaces de cubrir los gastos mínimos necesarios para mantener las actividades básicas».
Por otro lado, el 14 de abril, Salles y los presidentes del ICMBIO y del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) publicaron una norma que altera los procesos de fiscalización de las infracciones en materia ambiental existentes hasta ahora. Exige que las instituciones en el terreno elaboren, antes de multar a los infractores, un informe que deberá ser aprobado por un superior en un plazo indeterminado. El 19, más de 400 funcionarios de los institutos implicados enviaron una carta al presidente del IBAMA en la que afirman que la medida genera «inseguridad jurídica y administrativa para todos los servidores involucrados» y que «todo el proceso de fiscalización e investigación de crímenes ambientales se encuentra comprometido y paralizado» desde la publicación de la norma. Señalan en la nota que «el resultado inmediato e inevitable será una mayor sensación de impunidad –una de las principales causas del aumento de los delitos ambientales en Brasil– y una mayor destrucción de la Amazonia y el Pantanal, así como de otros biomas brasileños. El continuo desmantelamiento de las políticas públicas y el debilitamiento de las agencias ambientales en todo el territorio brasileño hacen imposible el logro efectivo de objetivos globales, como la deforestación ilegal cero para 2030».
