“Es una demanda civil por daños y perjuicios contra el fumigador, el médico Máximo Castilla, y al mismo tiempo contra el Ministerio de Ganadería (Mgap) por omisión de los deberes de control. Consideramos que esta gente ya golpeó todas las puertas, fue por todas las vías administrativas posibles, pidió inspecciones, hizo denuncias ante varios organismos y la situación no cambió sustancialmente, por lo que entendemos que el Mgap también es responsable por el daño que les está causando”, explicó a Brecha Alberto Gómez Barreiro, el abogado de los vecinos de Picón. Reclaman una indemnización de casi 16 millones de pesos a Castilla, y otros 12 millones de pesos que –al ser una demanda solidaria hacia las dos partes– pueden ser afrontados tanto por el ministerio como por el médico.
Los cuatro vecinos denunciantes –la maestra Adriana Pascual siempre apuntalando al grupo, Jesús Pedreira, Ariel Gulpio y su mujer, Mabel– llegaron a Montevideo con el frío de la mañana del miércoles. A la audiencia de conciliación debían presentarse las otras dos partes demandadas, pero Castilla no asistió (por vivir en el Interior, estaba exonerado de la citación) y el que sí estuvo fue el abogado en representación del Mgap. No hubo conciliación y bastó una firma para que los vecinos ya pudieran regresarse a Canelones.
Según explicó Gómez, la demanda incluye entre otras cosas afectaciones a la salud física, a los cultivos, la mortandad de animales de compañía (perros, gatos) y de granja (gallinas y aves de corral), también afectaciones a la libertad ambulatoria (cuando Castilla fumiga tienen que encerrarse en sus casas) y las amenazas e incluso golpes a los vecinos. “Lo que hay de fondo es una afectación moral, extrapatrimonial, que tiene que ver con la calidad de vida de estas personas que están expuestos a un riesgo ambiental mucho más alto que el del resto de la sociedad.” Y “existe desde el Estado una política de no querer ver cuáles son las afectaciones”, continuó explicando Gómez, respecto de esta demanda que está sentando un precedente legal histórico en el tema fumigaciones en Uruguay.1
De fondo hay una falla estructural del sistema, “ya que el Mgap, que es directo interesado en la producción rural e incluso fomenta la agricultura intensiva como modelo productivo, no puede ser al mismo tiempo el que controle”. En cambio, se debería “pasar el control de las fumigaciones al Ministerio de Medio Ambiente, para evitar esa patología de ‘controlador controlado’”, dice el abogado.
“Los médicos se ríen de nosotros. Nos dicen que estamos locos”, cuenta el veterano Ariel Gulpio, al tiempo que su señora, Mabel, agrega: “‘La única solución es mudarse de lugar’, nos dicen los médicos, pero ¿a dónde nos vamos a ir si esta es nuestra casa?”.
“Yo tengo fibromialgia, dolor en las piernas, inflamaciones, mareos, vértigo, me cuesta dormir…”, dice Mabel. “Tiene que dormir sentada, eso es lo que más me prende fuego. Lo que tenemos nosotros es una exposición crónica al veneno, que nos fue entrando de a poquito todos estos años”, relata Gulpio. “Y por eso es que los médicos no encuentran nada”, acota Mabel. “Yo siempre digo que estamos condenados a morir de enfermedades que nunca vamos a saber bien qué son. Estamos cansados”, remata el vecino. Como buen matrimonio de años, entre los dos se completan la frase.
Con su hijo solían vender alimentos orgánicos, pero les retiraron la certificación hace años. “Cobramos una jubilación de 10 mil pesos cada uno y es nuestro hijo el que nos banca. Por ahora vamos bien, habrá que ver el día que se case”, bromea, preocupado. Justo en la tarde del martes vieron pasar a Castilla con su pulverizadora prendida al tractor, raudo hacia su campo y listo para fumigar.
“Nos para en la carretera donde no hay testigos, te espera, va a la puerta de tu casa a insultarte”, relata Adriana Pascual. Y Jesús acota que Castilla se estaciona con la camioneta y se queda mirando hacia su casa. Luego de unos minutos arranca su cuatro por cuatro y se va.
Los vecinos son conscientes de que esta demanda les implicará un gran esfuerzo y que puede ir para largo. Pero no hay peor lucha que la que no se inicia, coinciden en ronda en la puerta del juzgado.
- La institución estadounidense Environmental Defender Law Center ha colaborado con algunos gastos de la demanda. “Los vecinos afectados no pueden dedicar muchos recursos a esto”, explicó Gómez, quien trabaja “casi honorariamente” en el caso junto al abogado Martín Fernández, de Ielsur.
