Con Facundo Merlán, integrante de la CORREPI: La brutalidad como arma política - Semanario Brecha
Con Facundo Merlán, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina

La brutalidad como arma política

Durante la aprobación por el Senado de la ley bases de Milei, el gobierno argentino decidió lanzar una intensa represión contra los miles de personas que se manifestaban frente al Congreso. La campaña para liberar a todos los detenidos continúa, mientras las organizaciones de derechos humanos denuncian una estrategia de detenciones indiscriminadas y la violación de las garantías constitucionales.

Represión fuera del Congreso argentino, en Buenos Aires, el 12 de junio. AFP, TOMÁS CUESTA

«Nunca más» es una exigencia que, desde el fin de las dictaduras del Cono Sur, se postuló como estándar mínimo de democracia. Pero ¿a qué se le niega repetirse en esa consigna? En Argentina varias de las acciones que caracterizan a los regímenes autoritarios del pasado volvieron con renovada violencia. Detenciones arbitrarias, disciplinamiento social, persecución ideológica, ostentación de la violencia estatal y confabulación entre los poderes político, armado y judicial; todo esto en medio de una situación económica y social que lleva a la población a manifestarse de forma creciente en las calles.

—Treinta y tres personas fueron detenidas durante las manifestaciones en contra de la ley bases y cinco de ellas siguen aún detenidas. ¿En qué contexto se dieron estas detenciones?

—Se dieron en el contexto de una movilización masiva que se convocó para el 12 de junio en las inmediaciones del Congreso, en el momento en que se discutía en Senadores la aprobación de la llamada ley de bases. Esta ley es una modificación del primer proyecto que envió el gobierno a cargo de Javier Milei: la ley ómnibus. Ese proyecto, en combinación con el decreto de necesidad y urgencia 70 [Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina], la hacía ser casi una reforma constitucional. En enero, el gobierno no pudo aprobar la ley ómnibus por el rechazo de distintos bloques legislativos. En ese momento la discusión se dio con movilizaciones fuera del Congreso y una fuerte represión. Pero el 12 vimos una escalada mayor. El gobierno decidió involucrar a distintas fuerzas de seguridad, tanto nacionales como locales de la Ciudad de Buenos Aires, en un dispositivo para reprimir y contener la movilización popular. De hecho, se intentó evitar que mucha gente llegara a la plaza [del Congreso] para que la movilización sea menos masiva de lo que se pensaba. La represión se empezó a dar desde temprano con hechos puntuales cerca del Congreso. Entre las 4 y las 5 de la tarde, no casualmente en el horario en que la mayoría de la gente sale de trabajar y, probablemente, muchas personas se proponían acercarse a la plaza –porque iba a ser una jornada que duraría hasta la noche–, hubo una decisión del gobierno de avanzar en un desalojo de la plaza con una represión brutal. Lo que sucedió en una zona del Congreso y en las inmediaciones fue lo que nosotros llamamos una cacería, las fuerzas de seguridad salieron a detener gente al voleo. Gente que andaba por la zona, que estaba o no en la marcha, y que fue detenida con una serie de figuras legales sumamente graves. Hasta ahora, en contextos de estas características, generalmente asociados a gobiernos de derecha, usaban la represión como un mecanismo habitual. En este caso eso se repite, ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la misma que ocupó esa cartera en el gobierno de Mauricio Macri. Lo que se puede ver ahora es una escalada también en el sentido legal porque en ese momento se usaban las figuras de «atentado» y de «resistencia a la autoridad» [para las detenciones] y hoy en día vemos que, además de eso, se intenta crear alrededor de toda esta situación un relato de «golpe de Estado» y «asociaciones terroristas» que se traduce en las figuras legales que les pusieron a todas las personas que fueron detenidas.

—¿Hay respaldo a estos actos represivos por parte de la población?

—Hay sectores de la sociedad que avalan este tipo de accionar. Pero la combinación entre la situación social y económica que se vive y los hechos que pudimos ver el otro día ha generado cierta empatía con muchas de las personas detenidas. Más allá de que manifestarse es un derecho consagrado en nuestro país y muchas de esas personas lo estaban ejerciendo, el hecho de que sean personas que integran grupos sociales diversos –docentes, trabajadores, estudiantes, personas que estaban vendiendo comida en la movilización, jubilados y demás– produjo un cimbronazo. Principalmente acerca de esta idea en la que Milei montó su campaña electoral, y que dio frutos, que es la de la casta. Se empieza a desmoronar ese relato porque, como vemos, no solamente las medidas que se están tomando son perjudiciales para quienes no somos casta, sino que la represión también recayó con una brutalidad inusitada sobre personas que no tienen nada que ver con lo que podríamos considerar casta. Más allá del apoyo popular que todavía conserva el gobierno, se está dando una discusión abierta respecto de esta situación represiva.

—¿Cómo avanzan las causas de las 33 personas detenidas durante la movilización?

—Inicialmente, 11 de las 33 personas fueron detenidas en el marco de la Justicia federal y 22 bajo la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez detenidas hubo un pedido de un fiscal muy cuestionado –[Carlos] Stornelli, que tiene causas en su contra bastante graves y por las que nunca ha sido juzgado– de que todas las causas contra las personas detenidas fueran parte de la Justicia federal. El juez de la Ciudad de Buenos Aires se declaró incompetente, por lo que efectivamente pasaron las 33 a la Justicia federal. Después de tomarles declaración a todas las personas detenidas, [estas] fueron trasladadas a unidades penitenciarias del servicio federal, donde las condiciones de detención son distintas. No es lo mismo una comisaría o una alcaldía que el servicio penitenciario. El viernes por la noche, a partir de las primeras resoluciones de la jueza [federal María Servini] producto de los pedidos de excarcelación que hicimos las organizaciones de derechos humanos, se les brindó la excarcelación a 17 personas y se decidió mantener presas a otras 16. Esto se extendió durante el fin de semana, pero antes de que se resolviera sobre las otras excarcelaciones, la jueza actuó sobre el pedido que había hecho el fiscal de prisión preventiva y cambio de carátulas. Ahí fue cuando se modificaron las causas de «atentado» y de «resistencia a la autoridad» por «atentado contra el orden público», «incitación a la violencia», «atentado y daños a la fuerza de seguridad» y más, que implican penas mucho mayores. Ante esto la jueza decretó falta de mérito para las 17 personas que ya habían salido en libertad y para 11 de las 16 que seguían detenidas, lo que los liberó. En este mismo acto decidió mantener en prisión preventiva y procesar a cinco de ellos. Actualmente tenemos a 28 personas en libertad con las causas abiertas en la figura de «falta de mérito», que quiere decir que la Justicia todavía no tiene elementos para condenarlos, pero tampoco para sobreseerlos, y cinco que sí fueron procesados porque la Justicia considera que sí tiene elementos para que continúen en prisión preventiva.

—¿Cómo interactúan las fuerzas de seguridad y la Justicia en este proceso posterior a la represión?

—Reviste un alto grado de arbitrariedad porque se está tomando como verdad la versión policial. Eso representa un problema, porque la versión policial tiene una orientación política en función del contexto en que se produjeron las detenciones. De hecho, este miércoles al mediodía, junto con diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas y organismos de derechos humanos, acercamos al juzgado un petitorio firmado por dirigentes y personalidades del ámbito nacional e internacional. Le planteamos al secretario de la jueza la preocupación que nos causaba que se tome como versión probatoria la de la Policía, cuando debería estar acompañada de otras pruebas. Hay una red conformada por familiares de las personas detenidas, y periodistas y fotógrafos que cubrieron la manifestación para aportar pruebas que demuestren que efectivamente la situación de la que se los acusa no tiene nada que ver con la realidad. Ante esta especie de connivencia entre la Justicia y las fuerzas de seguridad, intentamos aportar de nuestro lado todo el material que podamos para probar lo contrario al relato que se está instalando.

—¿Evalúan la posibilidad de presentar algún tipo de denuncia por la represión policial?

—Evaluamos que ahora el foco tiene que estar en la libertad de las cinco personas que aún continúan detenidas y en cerrar las causas de las 33. Llegado el caso en que hagamos una evaluación que nos permita determinar que una denuncia de ese tipo sería un paso realmente conducente, entonces, avanzaremos en una instancia de esas características.

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