El traslado de la denuncia por abuso sexual y acoso laboral de Martina Casás a la órbita judicial y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contra Gustavo Olmos no pareció mover demasiado la aguja para el Frente Amplio (FA) en términos de respaldo público a la víctima. Si bien figuras de diversos ámbitos han manifestado su apoyo explícito a la diputada, las caras más visibles de su sector, Marea Frenteamplista –que forma parte de Fuerza Renovadora (FR)–, siguen limitándose a recordar que el tema se dirimirá en el Tribunal de Conducta Política (TCP) de la coalición de izquierda.
Dentro del FA la incertidumbre es general. Según las fuentes consultadas por Brecha, tampoco hay consenso en que el procedimiento interno de denuncia haya sido el correcto. El entorno cercano a Casás ha manifestado malestar por el hecho de que FR haya elevado su denuncia al TCP sin su consentimiento, algo que, según integrantes del sector, no fue así. Mientras algunos entienden que esto apuró a la víctima en su proceso de decisión y asimilación de lo ocurrido, otros cuestionaron que Casás fuera acompañada de su abogado, Juan Raúl Williman, al tribunal y que optara por presentar su declaración en forma escrita en lugar de ofrecerles a sus integrantes una pormenorizada crónica de los hechos. Tanto en ámbitos formales como informales, la diputada debió contar lo ocurrido en varias oportunidades durante el proceso de denuncia intrapartidario.
Ahora, Casás resolvió desistir de las convocatorias parlamentarias en la Cámara Baja en su calidad de suplente de la banca. Aunque Olmos declaró estar de licencia por tiempo indeterminado, en realidad, hasta el momento los días de licencia son puntuales, y solo los pide en casos de instancias de asistencia presencial al Parlamento –como comisiones y plenario–. Mientras tanto, la denunciante debe aguardar a que se la convoque de acuerdo al criterio de licencia que establezca el titular de su banca.
En diálogo con Brecha, la vocera de Casás, Gabriela Pasturino, aseguró que la revictimización y el descreimiento han sido una constante tanto en el ámbito mediático como en el político. En ambos casos, se actúa «opinando cómo debe ser una buena víctima, lo que debería haber hecho, que por qué se denuncia acá y no allá, y por qué no habla, desoyendo los procesos y tiempos de la víctima». Aun así, manifestó que hay un grupo diverso de mujeres y hombres, de distintos sectores del FA, incluso de otros partidos y también de la sociedad civil, que mantiene su respaldo a Casás.
PROTOCOLO
El FA es el único partido político del país que cuenta con un protocolo de actuación sobre la responsabilidad política ante situaciones de este tipo de violencia hacia las mujeres. Además, en junio, aprobó una reforma del estatuto partidario que, entre otras modificaciones, añade el combate a la violencia política en sus principios y valores, e incorpora el protocolo de violencia política a las normas por las que se tiene que regir el TCP a la hora de actuar sobre un caso.
Para la presidenta de la Comisión de Género del FA, Patricia González, estas modificaciones suponen el cambio estatutario más importante de la izquierda desde 1971. En diálogo con Brecha, reconoció que existen dificultades a la hora de recibir denuncias de violencia. «Nos hace falta una estrategia de recepción de casos, porque ahora las compañeras llegan a las personas que llegan, plantean los problemas que pueden, y debería ser un grupo especializado el que se encargue exclusivamente de eso», subrayó.
Si bien prefirió no referirse a los detalles del caso de Casás, aclaró que la comisión no tiene acceso a las denuncias que se presentan al tribunal, ni tampoco interviene en su proceso de tratamiento. No obstante, remarcó que el tribunal se limita a pronunciarse y que luego ese fallo se eleva al Plenario Nacional del FA, que es el que resuelve si se lo ratifica o no y el que, de entenderse necesario, establece las sanciones pertinentes.
Para González, la pregunta de «qué es hacer las cosas bien» en este tipo de situaciones «es difícil de plantear», ya que, si bien «hay un amplio intento de cuidado del tema, eso no implica tener el control de lo que pasa». «Es superdifícil pasar por esto, para las partes, para el sector, las familias; es un momento que es triste. Habría que guiarse más por la perspectiva del cuidado y de la reparación. El objetivo es que las personas se muevan de los lugares de donde están, entiendan lo que hicieron, porque lo que no puede ocurrir es que sean las mujeres las que dejen de hacer política. A veces nos cuesta tener paciencia, cuesta entender por qué las víctimas tienen sus tiempos para hacer los planteos, las denuncias», evaluó. En cuanto a Casás, González consideró que, cuando llegue el momento, le tocará a ella juzgar si fue o no respaldada. «De lo que sí tengo certeza es que no está atravesando esto sola», sostuvo.
SALIR PERDIENDO
«Hacer una denuncia en política nunca favorece a la víctima», aseguró la politóloga especializada en Violencia de Género y activista feminista Soledad González. E insistió en que «ninguna sale fortalecida de un proceso de denuncia, nunca, y los costos que tiene para una mujer son enormes».
En este sentido, planteó que «no hubo jamás un antecedente como este», en referencia a que esta denuncia involucra a dos integrantes de un mismo sector político con una estrecha cercanía laboral, y aseguró que «no es creíble que pensemos que eso no pasó nunca antes» en este u otros espacios partidarios. «Esto es parte de la ola de denuncias que las mujeres nos estamos animando a hacer en los últimos años», evaluó. Al margen de ello, remarcó que basta con ver el porcentaje, por ejemplo, de mujeres parlamentarias en el país, de poco más del 20 por ciento, o la alta rotatividad de las mujeres en cargos públicos, en comparación con la de los hombres, que pueden hacer una trayectoria de vida en el Parlamento. «Las mujeres se van porque pasa algo. A eso hay que echarle luz, y esa luz es dolorosa», puntualizó.
A su entender, que el FA cuente con un protocolo específico para estos hechos es de suma importancia, porque «sienta las bases» de cómo se debe actuar, pero no deja de ser una vía expresa, y «los casos reales siempre superan los protocolos». En línea con eso, duda de la pertinencia de que, en el caso de la coalición de izquierda, sea el TCP el que se encargue de tratar denuncias de estas características, ya que deberían ser abordadas por especialistas en género y, un aspecto no menor, que no sean pares del o los involucrados. «Podemos analizar paso a paso lo que se hizo, pero la realidad es que nadie sabe cómo actuar cuando te aparece un caso así dentro de tu casa, por decirlo de alguna manera. Nos parece obvio, pero no es obvio, porque hasta ahora nadie lo había hecho», remarcó.
SON MUCHAS MÁS
La violencia política hacia las mujeres o violencia política basada en género es un fenómeno relativamente nuevo para la academia feminista, apunta la doctora en Ciencias Políticas y docente de la Universidad de la República (Udelar) Niki Johnson. En diálogo con Brecha, señala como uno de los hitos en torno al tema la aprobación de la Ley Modelo Interamericana para erradicar este tipo de violencia, de la Organización de los Estados Americanos, en 2017, que desembocó en la adopción de legislación en varios países de la región.
En Uruguay, la única mención a nivel legislativo se encuentra en la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, en la que la violencia política es identificada como una de las tantas formas de violencia que pueden sufrir las mujeres por razones de género. Allí, se la define como «todo acto de presión, persecución, hostigamiento o cualquier tipo de agresión a una mujer o a su familia, en su condición de candidata, electa o en ejercicio de la representación política, para impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad». Sin embargo, la falta de reglamentación sobre este punto dificulta su tratamiento, y tampoco está claro cuál debería ser la institución de contralor para actuar sobre estos casos.
Para Johnson, si bien el espacio político es también un espacio laboral, las organizaciones políticas tienen lógicas de funcionamiento distintas a las de otros ámbitos de trabajo. «Más allá de la integridad física y psicológica de la persona, de la víctima, aquí también se está atentando contra sus derechos políticos, a ejercer su cargo y a seguir una carrera política, en un ambiente como la interna partidaria, donde hay muy poca regulación», analiza la politóloga. Consultada en concreto sobre la denuncia de Casás, considera que la situación se complejiza aún más por el vínculo de subordinación que existe entre las partes, en cuanto que el denunciado es titular de la banca que ella ocupa.
Junto con la también doctora en Ciencias Políticas Verónica Pérez, Johnson elaboró el estudio Claves para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres en Uruguay, publicado en 2021 en el marco de un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar. De las más de 200 mujeres políticas en cargos electos consultadas, más de un tercio declaró haber presenciado o sido víctima de amenazas, y arriba del 40 por ciento, de acoso sexual. Más alto aún es el número de las que entienden que «se las califica por su apariencia», a quienes se las refiere con «adjetivos despreciativos o inadecuados»; se las excluye de «reuniones donde se toman decisiones importantes»; se les «oculta información»; se las «difama» y que «son interrumpidas» o «no se les presta atención» cuando hacen uso de la palabra.
Aun así, considera que en los últimos años ha habido avances en la identificación del fenómeno como tal, lo que se ve plasmado en cómo ha ido cambiando el lenguaje que se usa para hablar sobre estas situaciones. «Un primer paso es el reconocimiento. Antes era señalado como “sí, siempre nos hacen eso”. Ahora ya no es una broma, no es un piropo, es acoso, y a eso se lo nombra. Cuando se las silencia, cuando no las escuchan al hablar, y se levantan y se van, cuando se les oculta información. Porque no les apuntan con un arma en la cabeza: son formas psicológicas de silenciamiento, invisibilización, desacreditación, y hay mucho en juego, porque en muchos casos las personas a las que estás denunciando son los líderes del sector, los que controlan la fuerza política, y eso puede ser como firmar tu propia despedida», analiza.
