La carne en el asador

«El lavado de activos es una amenaza a la seguridad nacional.» Esta frase abre el documento de la nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, presentada este jueves por el Poder Ejecutivo, que define los lineamientos centrales de las políticas de prevención y represión de este delito. Durante la presentación, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que el país «no está teniendo, desde hace un tiempo largo, resultados concretos» en la lucha contra el lavado y que, para cambiar esta situación, debe «generarse una percepción compartida del riesgo, entre todos los operadores públicos y privados», de ser «utilizados como vehículos para el lavado de dinero».

La estrategia se plantea profundizar en medidas preventivas concretas en función del riesgo de algunas actividades. Tiene como base las recomendaciones de la última Evaluación Nacional de Riesgos –encargada al experto Alejandro Montesdeoca y aprobada en julio de 2023– con algunos ajustes impulsados por el actual gobierno. La evaluación estableció, entre otras cosas, la necesidad de «fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel operativo», así como promover un intercambio fluido de información entre los organismos públicos y con el sector privado. «La estrategia está definida, pero se irá revisando a partir de su cumplimiento y de nuevos objetivos o riesgos que puedan surgir», explicó Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), a Brecha. Su seguimiento estará a cargo de la Comisión Coordinadora de Lucha contra el Lavado de Activos.

Si bien la estrategia se presentó ayer jueves, el gobierno ya empezó a dar señales de sus intenciones: dispuso la creación, por decreto, del Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silcon). Además, presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, reduce los montos máximos permitidos para realizar operaciones en efectivo, restituye el delito de asistencia al lavado de activos e incluye el cibercrimen y los delitos ambientales como delitos precedentes al lavado de activos (véase «Cambio de chip», Brecha, 20-VI-25).

En este sentido, Díaz aseguró ante la comisión especial de seguimiento contra el lavado de activos y el crimen organizado –en la que compareció el 29 de julio– que, «si de acá al final del quinquenio hemos elevado sustantivamente el número de sanciones, […] de condenas y […] de bienes decomisados», las políticas habrán tenido éxito.

LÍNEA DE ACCIÓN

La aprobación de la Ley de Urgente Consideración trajo cambios en la política antilavado. La norma aumentó el umbral de las operaciones realizadas en efectivo –hoy fijado en unos 145 mil dólares–, lo que provocó una reducción de los controles de los sujetos obligados y mayores riesgos de operativas de lavado de activos en la economía uruguaya. La nueva estrategia busca desandar ese camino e impulsar una política más activa de prevención y control.

En efecto, el gobierno potenciará el rol de la Senaclaft como articuladora de la política antilavado. Para eso, la titular de este organismo, Sandra Libonatti, con amplia experiencia en investigaciones de lavado de activos tras su paso por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, tendrá como asesores directores a Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa, exsecretarios antilavado y quienes encabezaron la mirada crítica sobre la gestión anterior. Se puso –al decir de un integrante del gobierno– «toda la carne en el asador».

En esta línea, la estrategia intentará atacar la falta de coordinación y cooperación entre los organismos que participan en las tareas de prevención y represión. «Todo el Estado tiene que ponerse las pilas y priorizar el tema del lavado», dijo Espinosa al semanario. «El proyecto de ley que se presentó es importante, pero con la ley no vamos a arreglar la falta de resultados, es un tema de recursos y de actitud, de ponernos a trabajar en la cancha e impulsar un trabajo en coordinación, que es lo que faltó en todo el período anterior», enfatizó.

Para viabilizar el intercambio de información entre los organismos estatales, el gobierno creó el Silcon, que estará integrado por cinco ministerios,¹ la Senaclaft, la DGI, la Dirección Nacional de Aduanas, la UIAF y la Fiscalía General de la Nación, bajo la égida del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. En su reciente comparecencia ante el Parlamento, y frente a las críticas de la oposición por la forma en que se creó el Silcon, Díaz aseguró que este sistema no tendrá competencia operativa, sino que será un espacio de coordinación. Este espacio –dijo– será clave para que todos estos organismos compartan la información de sus bases de datos, que son robustas, pero que están subutilizadas. «Hay un volumen de información almacenada que el Estado tiene, pero que no se está analizando a los efectos de la investigación criminal y […] del lavado de activos o, por lo menos, no se está examinando con el potencial que eso tiene», aseveró.

Una de las ideas que están sobre la mesa es darle un rol más protagónico a la DGI en las investigaciones de lavado de activos, dado que es un organismo con mucha información que permitiría investigar diversos delitos (como la estafa) y que cuenta con un plantel de técnicos con mucha experiencia en materia de investigación. Sin embargo, en los últimos cinco años tuvo una actitud distante en la materia. Díaz puso un ejemplo práctico: la Senaclaft tiene, por ley, amplias potestades para acceder en forma irrestricta a casi todos los bancos de datos nacionales, estatales o privados. Sin embargo, la DGI exigía que los inspectores de esta dependencia fueran hasta su sede y se loguearan con la clave de uno de sus funcionarios para acceder a la información que el organismo estaba obligado a entregar. Esto cambió: la DGI creó un grupo de trabajo para cooperar en las investigaciones y se involucró activamente en el nuevo sistema de coordinación. La idea es que el organismo recaudador aporte información a la UIAF y a la Auditoría Interna de la Nación.

Además, la estrategia nacional plantea expresamente reforzar con mayores funcionarios el trabajo de la Senaclaft, la UIAF y la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), y que los cargos –sobre todo en la Senaclaft y la JUTEP– sean cubiertos por personal efectivo para potenciar su especialización. También se buscará intensificar el apoyo a la Fiscalía a través de una reactivación de los equipos multidisciplinarios de investigación. La secretaria antilavado, Sandra Libonatti, dijo en el Parlamento que los primeros días de gestión se pusieron en contacto con el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, y otros magistrados, para ponerse a disposición y transmitirles que cuentan con su apoyo para investigar. En estos cinco meses de gestión ya formaron media docena de grupos multidisciplinarios convocados por los fiscales. El gobierno es partidario de eliminar la fiscalía antilavado y que el blanqueo sea investigado junto con su delito precedente, para lo que promoverá programas de capacitación para fiscales de todo el país.

Además, Libonatti afirmó que se quiere potenciar el área de observatorio para hacer investigaciones de oficio a partir de noticias de prensa o pedidos de información que llegan desde la Fiscalía o desde el exterior. «Hemos realizado distintas investigaciones que están en curso. En algunos casos, las conclusiones fueron remitidas a la fiscalía correspondiente, dado que se ha encontrado algún mérito para trasladarlas», apuntó la funcionaria. Espinosa indicó al semanario que esa será la línea durante toda la gestión, ya que Uruguay necesita ser más eficaz en la persecución de estos delitos de cuello blanco.

POCO Y NADA

El número de condenas por lavado de activos en Uruguay en los últimos años es bajo. «Muy bajo», dijo Díaz ante los legisladores. «Es un dato de la realidad. […] Hay pocas investigaciones y dentro de las investigaciones […] hay muy pocos resultados», afirmó. El dato es que, en los últimos dos años, la fiscalía especializada solo logró cuatro condenas por este delito, en dos investigaciones. Entre 2016 y 2019, en tanto, hubo unas 50 condenas por lavado de activo, sostuvo Gil Iribarne ante la comisión. Esta falta de resultados puede terminar con Uruguay en una lista gris.

La estrategia nacional intentará quebrar esta tendencia. Para eso, el gobierno impulsa cambios normativos –que «son una cuestión de prioridad», según Díaz–, en particular, reducir el umbral para el uso de dinero en efectivo. El proyecto de ley fija el límite en 270 mil unidades indexadas (unos 41 mil dólares). En esta línea, Díaz aseguró que se debe ser claro al decir que «el manejo de grandes cifras de dinero en efectivo» es de riesgo para operaciones de lavado, pero que puede debatirse si el límite son 20 mil, 40 mil o 50 mil dólares. «En el caso del Poder Ejecutivo, hubo una discusión intensa; el presidente de la república [Yamandú Orsi] entendió que la cifra es la que está en el proyecto, pero me parece que se puede discutir en el ámbito parlamentario. Si me preguntan a mí, cuanto más bajo, mejor. Pero ese es un tema de apreciación personal», afirmó.

Con la estrategia aprobada, en tanto, se pondrá el foco en los sectores de riesgo, como las zonas francas y las organizaciones sin fines de lucro, que incluyen partidos políticos, entidades religiosas y clubes deportivos –que ya estaban definidos como sectores de riesgo en 2017–. En el caso del fútbol, los controles apuntan a la operativa de las asociaciones civiles y de los clubes que operan bajo el modelo SAD (sociedad anónima deportiva), ya que «todas tienen riesgo». Para las zonas francas habrá una evaluación permanente de las actividades de riesgo para incluir o excluir sectores de actividad.

También se pondrá atención en el uso de activos virtuales (las criptomonedas) y en las empresas dedicadas al trading o triangulación de mercadería. Estas últimas son un área sensible en distintas partes del mundo. Se trata de empresas que facturan millones de dólares con operaciones que se producen en el exterior, con mercadería que nunca pasa por el país, como la de las gigantes cerealeras de Argentina. En Uruguay, estas empresas operan en zona franca y en plaza, con un régimen tributario con amplios beneficios. En filas del gobierno plantean revisar la normativa sobre trading, tras un análisis que defina cuáles son los beneficios y los riesgos para el país de este régimen tributario. A priori, la idea es que los riesgos son mayores que los beneficios.

La atención sobre el mundo cripto viene de la opacidad con que se gestiona. El Banco Central trabaja en la reglamentación de la ley de activos virtuales, aprobada en setiembre de 2024, pero el gobierno intensificará los controles. La preocupación radica en el aumento del cibercrimen y en el uso de las criptomonedas como mecanismos para evadir los controles. Y hacia allí están mutando las transacciones entre grupos de narcotráfico en distintas partes del mundo, incluidos Argentina y Brasil. Y si ya está instalado en los países vecinos, este tipo de operativa ya estaría existiendo en Uruguay.

Ante los legisladores, Díaz fue específico en esa preocupación por el mundo cripto. En respuesta a una intervención del diputado Gustavo Salle, el prosecretario de Presidencia dijo que, «hoy por hoy, el sistema financiero participa en el tema de lavado, sin duda alguna», pero «el bitcoin y los sistemas de moneda electrónica han superado largamente al sistema financiero». «De hecho, cada día más, en los lugares más insospechados del país, aparecen billeteras electrónicas; en lugares donde uno pensaría que ni siquiera hay un televisor, hay billeteras electrónicas, porque hoy los pagos a los narcotraficantes» se hacen por esa vía, afirmó.

1. Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, y de Educación y Cultura. ↩︎