Los problemas de la ocupación

La corrupción afgana derrota a Estados Unidos

Hoy el enemigo de Estados Unidos en Afganistán no es el talibán ni su santuario en Pakistán, no es la incompetencia de los militares, no es la fuerza policial, sino la corrupción. Se lo dijo hace un año a Barack Obama el jefe saliente de la fuerza multilateral, el general del cuerpo de marines John Allen.

Dado el alto grado de descontrol administrativo y político y de la corrupción alentada por la intervención de Estados Unidos en Afganistán y sus aportes –que en el alto mando de Estados Unidos se diagnostica como inmanejable–, Washington está considerando que en el año 13 de su intervención acelerará el retiro de efectivos, y del máximo de 63.500 que había en 2012 quedarán 5 mil para el año próximo, en parte por la frustración causada por “la cultura política cleptocrática del país”, informa la agencia AP.

Sin desmedro de esto, Obama hizo público su optimismo –ante la reunión de jerarcas de la Otan en Bruselas el 26 de marzo– sobre el éxito del esfuerzo de 120.000 millones de dólares para reconstruir Afganistán, que dejarán “un país estable y seguro al servicio de la prosperidad y la seguridad del pueblo afgano”.

No es lo que decía un mes antes el informe de un grupo de altos oficiales –incluyendo a 11 generales–, que resaltó la amenaza a esa reconstrucción de lo que llamaron la profundamente arraigada cultura de corrupción, que no sólo desafía la intervención occidental sino que ha crecido sustancialmente gracias a ella.

En un informe hecho público el 29 de agosto por el Pentágono, el inspector general asistente de gerenciamiento financiero del Pentágono Lorin T Venable establece que en tres años –entre octubre de 2010 y octubre de 2013– Estados Unidos suministró 3.300 millones de dólares de ayuda sobre los que el gobierno afgano carece de controles básicos que le permitan afirmar que ese dinero fue gastado razonablemente. No sólo eso: la agencia de Estados Unidos encargada de apoyar a las fuerzas de seguridad afganas, la Combined Security Transition Command-Afganistán (Cstc-a) –traducible como “Comando de seguridad combinado con Afganistán para la transición”–, no ha penalizado al gobierno local por mala supervisión o manejo indebido de fondos. A consecuencia de esto, se previene que la nueva partida de 13.000 millones de dólares que según los planes se le entregaría entre los años fiscales 2015 y 2019 “puede ser objeto de abuso y derroche”. Ya se le perdió la pista a 1.500 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos, enviados entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013. También se gastaron 82 millones de dólares en rubros no aprobados, como salarios militares, horas extra y viajes, todo lo cual pasó sin ser sancionado por la autoridad de control, a lo que el Pentágono agrega su preocupación por lo que llama “trabajadores fantasmas”, nóminas salariales con nombres de personas inexistentes o trasladadas.

OH SORPRESA. El Pentágono no puede mostrarse sorprendido por la situación. Hace tres años el inspector general en funciones para la reconstrucción de Afganistán, Herbert Richardson, se quejó de que el ministerio afgano del Interior no podía dar cuenta con precisión de cuánta gente trabajaba para la policía

Es más: en febrero de este año el actual inspector general para la reconstrucción de Afganistán, John Sopko, reiteró esos criterios al general a cargo del Cstc-a y al general a cargo de la subcomandancia de la misión de entrenamiento de la Otan en el país. Sopko fue claro: Washington “puede estar pagando, sin saberlo, los salarios de personal no existente de la policía afgana”, y esos problemas siguen sin estar controlados. Su informe señala que en una provincia afgana la nómina salarial fue de 84.480 dólares por cuatro meses consecutivos –de setiembre a diciembre 2013–, pese a que 66 policías fueron trasladados de la provincia en ese período. En total se estima que por lo menos 4.500 salarios, por 40 millones de dólares, “fueron pagados de manera potencialmente impropia”, pues el Ministerio del Interior no lleva debida cuenta de las altas de personal.

Otro aspecto de esta orgía de descontrol y corrupción es que Estados Unidos no puede hacer el debido seguimiento del armamento liviano (rifles, pistolas, ametralladoras, lanza granadas y escopetas) que manda a Afganistán. Hay tres sistemas de contralor pero no están en conexión, señala una investigación periodística de James Arkin. Se trata de cientos de miles de armas enviadas en la década pasada, parte de las cuales pueden haber sido entregadas a manos equivocadas. Un reciente informe del inspector especial para la reconstrucción de Afganistán admite que el sistema “lamentablemente falló”.

Falló hasta tal punto que ni siquiera es posible determinar cuántas armas faltan. Así, en un depósito de Kabul, el central del ejército afgano, los auditores encontraron en los libros que debía haber 4.338 armas almacenadas, pero sólo 3.837 pudieron ser localizadas; un faltante del 11,5 por ciento.

CONTROLES INCONTROLADOS. Los dos primeros sistemas de contralor son un listado de Defensa de Estados Unidos de todas las armas embarcadas, y otro un listado de ese mismo ministerio respecto de las armas recibidas, y ambos dependen fundamentalmente del número de serie grabado en las armas. Pero esos números son registrados en forma manual, y por razones desconocidas los dos sistemas no están interconectados. El resultado de esta incomunicación entre computadoras es la desaparición de 203.888 armas, ya sea por ausencia o duplicación del número serial, afirma Sopko. La revisión se hizo dos y tres veces, hace constar. Estas armas habrían desaparecido antes de pasar a manos afganas, se infiere.

El tercer sistema de contralor es una base de datos de las fuerzas de seguridad afganas, que Sopko describe como “comercial; un inventario de lo que está y no está en las estanterías”, que no fue diseñado para mantener un registro de armas ya que no toma nota de los números de serie y se basa en anotaciones manuales y excepcionalmente en planillas Excel. Este sistema “tiene el potencial real de que estas armas hayan ido a parar a manos de los insurgentes”.

A consecuencia de esto, 13 años después de iniciada la intervención de Estados Unidos y ya cuando sus tropas se estarían retirando, se fijó un plazo de seis meses para unir las dos primeras bases de datos (ambas del Departamento de Defensa), y se reconoce que Washington es incapaz de lograr que los afganos hagan un inventario real. Sin alegar razones, el subsecretario de Defensa para Afganistán, Pakistán y Asia Central, Michael Dumont, afirma en su plan de trabajo para encarar la situación que un inventario general hecho de una sola vez no solucionaría el problema, pero que en un futuro las armas pequeñas serían objeto de un inventario cabal.

El informe ya citado sobre la situación global hecho por un grupo de altos oficiales –incluyendo a 11 generales– y presentado en febrero (en el que se resalta la amenaza a la reconstrucción de Afganistán por lo que llamaron la profundamente arraigada cultura de corrupción que no sólo desafía la intervención occidental sino que ha crecido sustancialmente gracias a ella) aporta algunas conclusiones ilustrativas de las enseñanzas recogidas al precio de vidas humanas y costos políticos y económicos de la intervención.

• Las fuerzas militares de Estados Unidos no estaban preparadas para tratar con un país en el que la ganancia privada domina la conducción política pública.

• Las primeras alianzas estadounidenses con señores de la guerra afganos ayudaron a consolidar un estilo de conducción corrupta y un clima de impunidad para su accionar.

• Washington agravó el problema al inundar Afganistán con más dinero en efectivo del que podía absorber a través de canales legítimos para efectuar realmente las reformas planteadas.

• Los militares y civiles estadounidenses que han participado en la ayuda al desarrollo no estaban preparados para gerenciar contratistas afganos, lo que resultó en “el gasto de millones de dólares sin casi supervisión o contraste de información con otros esfuerzos de Estados Unidos”.

La conclusión final es elocuente. Una intervención militar mayor puede ser saboteada hasta el desastre por un factor dominante y no militar: una economía nacional ilícita, a cuya construcción Estados Unidos aportó durante 13 años.

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