«Respeta mi voto» es el eslogan esgrimido a nivel nacional por los votantes de Keiko Fujimori. El sábado 12, en Lima, cientos de ellos se movilizaron para pedir la nulidad de las recientes elecciones. Desde un estrado que lucía la frase «Democracia sí, comunismo no», la líder de Fuerza Popular se dirigió a sus seguidores e insistió con la denuncia de un supuesto fraude cometido el 6 de junio. Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, luego del largo recuento que terminó este miércoles, el 6 de junio Pedro Castillo ganó con un 50,13 por ciento de los votos, frente al 49,88 por ciento obtenido por la hija de Alberto Fujimori. Con la totalidad de las actas contabilizadas, la diferencia de votos es de 44.058. Todos los observadores internacionales, incluido el equipo de la Organización de Estados Americanos en el país, han concluido que las elecciones del domingo 6 se desarrollaron con total normalidad y que no se detectaron irregularidades.
ES DEMOCRACIA SI GANA ELLA
La estrategia actual del fujimorismo parece ser la de instalar la idea de un gigantesco fraude en la opinión pública, como mácula que deslegitime el futuro gobierno de Castillo, que deberá enfrentar un Congreso en extremo dividido, en el que no tiene mayoría. «Se tiene que anular este vil proceso», dijo en su cuenta de Twitter, este martes 15, Rafael López Aliaga, líder del ultraderechista Renovación Popular, tercero en la primera vuelta de las elecciones. López Aliaga replicaba así las palabras del empresario Rafael Vanegas, quien, en una columna bajo ese título, acusó a la penetración del «comunismo internacional» de estar detrás de un «fraude hormiga» ejecutado en Perú por el Foro de San Pablo para «vulnerar el derecho ciudadano al libre voto». Algo similar dijeron ese mismo día algunos comunicadores peruanos, como el conductor televisivo Phillip Butters, que llamó en vivo a los seguidores de Fujimori a «tomar el palacio» de gobierno y «sacar en pijamas» a Francisco Sagasti, actual presidente en ejercicio, ya que, de otra manera, los miembros de Perú Libre, el partido de Castillo, «harán cualquier barbaridad, inclusive matar» para consumar su supuesto fraude.
En tanto, el vicealmirante en retiro, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y hoy congresista electo por Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que los organismos electorales deben realizar «una nueva segunda vuelta». Para el exmarino, «hay muchos indicios de que hubo un mal manejo electoral». «Ante esa situación, y la demora de no proclamar los resultados, lo más saludable para no seguir calentando a la población es poner un punto final al tema, [ya que] la legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad», sostuvo en su cuenta de Twitter. «Anular y convocar a nuevas elecciones», insistió, «será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina», dijo, augurando tiempos difíciles para el nuevo gobierno.
El vicealmirante no fue el único de los exuniformados en cuestionar a las autoridades electorales. En un comunicado firmado el lunes 14, 23 generales de Ejército, 22 vicealmirantes de la Marina y 18 tenientes generales de la Fuerza Aérea en condición de retiro cuestionaron la limpieza de las recientes elecciones, atacaron el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y pidieron la salida de su presidente. Uno de los firmantes preocupados por la democracia es el exdictador Francisco Morales Bermúdez, quien presidió Perú entre agosto de 1975 y julio de 1980. Morales Bermúdez está vinculado a numerosas violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor, por cuya causa fue condenado a cadena perpetua en enero de 2017 por un tribunal de Roma.
El comunicado no fue del agrado del Ministerio de Defensa, que salió al cruce de estas opiniones: «Lamentamos el uso político de las Fuerzas Armadas, ya que ello no solo mella su institucionalidad, sino que genera zozobra y división en momentos en los que el país requiere unidad». En el comunicado ministerial también se anuncia que se «tomará acciones legales» por el uso indebido de los emblemas de las instituciones armadas. Hasta ahora los mandos en actividad de las Fuerzas Armadas han mantenido una rigurosa neutralidad, a pesar de los deseos y pedidos de golpe militar que salen de diferentes tiendas políticas.
CARRERA CONTRA EL TIEMPO
La disputa en las urnas también ha dejado lugar, por estos días, a una guerra de abogados. Los de Fujimori alegan que existió un inédito fenómeno de suplantación de electores en las mesas receptoras de votos, y apuntan a presuntas diferencias entre las firmas allí estampadas y las existentes en los DNI de los votantes correspondientes. Varios de los supuestos defraudados, sin embargo, lejos de protestar por haber sido utilizados, han salido en las redes sociales a aclarar que no, que son ellos efectivamente los que votaron, y que sí, que votaron por Pedro Castillo. Sea como fuera, los números no parecen jugar a favor de Fujimori. Este domingo, el portal investigativo Ojo Público reveló que de los más de 900 pedidos de nulidad que los abogados de la candidata derechista habían anunciado que presentarían, ante la Justicia electoral, solo 135 fueron enviados dentro de los plazos legales. De ellos, para el pasado fin de semana, 112 ya habían sido rechazados por las autoridades como improcedentes, tras su estudio en primera instancia.
En plena batalla judicial, el abogado de Perú Libre, José Luis Saavedra Barrantes, dijo al diario peruano La República que denunciará a la personera legal del fujimorismo, Milagros Takayama, y a la propia Keiko Fujimori por irregularidades en los trámites de presentación de los recursos de nulidad. Desde el partido del presidente electo sostienen que Fuerza Popular ha llegado a presentar el mismo voucher o constancia de pago necesario para ese trámite en varias impugnaciones en diferentes localidades, lo que se considera un ilícito procesal. Lo cierto es que el fujimorismo ya anunció que apelará lo resuelto en primera instancia por la Justicia electoral, lo que alargará el proceso para la proclamación oficial de un vencedor.
Los jurados electorales tienen tres días para pronunciarse sobre los pedidos de nulidad, y tres días más para responder en caso de apelación. Si se da lugar a esa medida, el JNE deberá expedirse al respecto, lo que, ante la acumulación de «carga procesal», podría llevar hasta tres semanas más, según informaron las autoridades. En la actual etapa, que se viene realizando desde el 14 de junio, resolverán las apelaciones sobre los pronunciamientos referidos a las actas observadas. Posteriormente, se revisarán los pedidos de nulidad. Las sesiones están siendo transmitidas en vivo, y en ellas se expresan los alegatos de las partes reclamantes y la deliberación de los miembros del Pleno del JNE. La decisión final será trasladada a los entes locales para dar los resultados en sus respectivas jurisdicciones, luego el jurado proclamará el resultado de la segunda vuelta y dará la credencial respectiva al presidente electo.
PRESIONES Y AMENAZAS
Decenas de seguidores de Fuerza Popular mantienen una vigilia frente al domicilio del presidente del JNE, Jorge Salas, cuyo comienzo coincidió con el inicio del conteo de votos del balotaje. Según informa Ojo Público, también han convocado a manifestaciones en torno a la casa del fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, quien lidera las investigaciones por corrupción contra Fujimori. Tanto Salas como Pérez han pedido que se les amplíe la protección policial que reciben.
Además, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú denunció este jueves las constantes amenazas y agresiones recibidas en las últimas semanas por Paola Ugaz, corresponsal en Perú del diario español Abc, y por Jacqueline Fowks, corresponsal de Brecha y El País de Madrid. La Federación Internacional de Periodistas señaló, por su parte, que «estas agresiones por la labor periodística de Ugaz y Fowks tienen un origen en común: grupos de seguidores de la candidata del Frente Popular que sostienen la teoría del supuesto fraude electoral y consideran “cómplices” a las trabajadoras de prensa que no informan en ese sentido». «Estas actitudes no han sido desalentadas desde la conducción del fujimorismo, y esa omisión no hace otra cosa que colaborar para que continúen», advierte la organización.
Mientras tanto, el líder de Perú Libre permanece a la espera de su proclamación oficial y, aunque ha evitado arrogarse el triunfo de forma explícita, ha pedido respetar los resultados y se ha mostrado confiado de su futura proclamación. «Un nuevo tiempo se ha iniciado, millones de peruanos se han alzado en defensa de su dignidad y justicia», escribió esta semana en sus redes sociales. «Gracias a los pueblos de todo el Perú que desde su diversidad y fuerza histórica me han brindado su confianza», añadió.
Además, desde el balcón de su local de campaña en Lima afirmó: «No somos chavistas, no somos comunistas, somos trabajadores, somos emprendedores y garantizaremos una economía estable, respetando la propiedad privada, respetando la inversión privada y por encima de todo respetando los derechos fundamentales, como el derecho a la educación y la salud». «No habrá expropiaciones, ni estatizaciones, ni controles de precios», dijo esta semana, por su parte, uno de sus asesores económicos, Pedro Francke, en entrevista con El País de Madrid.
La proclamación del nuevo presidente de Perú podría demorarse hasta la primera semana del próximo mes, aunque la estrategia del fujimorismo busca llegar al 28 de julio, fecha del cambio de mando sin presidente electo. En ese caso, el presidente del Congreso, con una mayoría de fujimoristas y aliados, tomaría las riendas del país. ¿Un posible candidato? El mencionado vicealmirante retirado Jorge Montoya. Mientras tanto, campesinos y ronderos, llegados a Lima desde el interior de Perú, realizarán una masiva manifestación en el corazón de la capital, este sábado, en apoyo a Castillo.
