Segregación en los barrios obreros de Madrid

La dignidad del sur

Los vecinos de barrios populares del sur madrileño se enfrentan a la represión policial y denuncian el «confinamiento de clase» implementado por la comunidad de Madrid. Señalan que se trata de una política que, en lugar de reforzar los servicios públicos, agudiza los efectos de la pandemia.

Manifestación en el distrito de Vallecas, en Madrid, por las restricciones impuestas por el gobierno regional en el marco de la pandemia. Afp, Óscar del Pozo

Madrid es, por segunda vez, la ciudad con más casos de coronavirus en Europa. Hace dos semanas, la presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), anunció el confinamiento de 37 áreas sanitarias de la capital española. La medida incluye a los distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde, Ciudad Lineal, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, el sur de la capital española, la zona proletaria con más densidad de población y los índices más altos de pobreza. La medida restringe la movilidad de los habitantes en estos territorios, que no pueden disfrutar del ocio en parques y jardines ni habitar sus calles, salvo para ir a trabajar y estudiar, y para situaciones excepcionales. Para el cumplimiento de estas restricciones el gobierno central puso a disposición a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército.

Ayuso argumentó la medida bajo el criterio de que estas zonas concentran el 24 por ciento de los contagios por covid-19 de la región madrileña. Sin embargo, en las últimas horas, el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, señaló que la situación es preocupante en toda la comunidad de Madrid, con 780 casos cada 100 mil habitantes, tasas de hospitalización y ocupación de alrededor del 40 por ciento en las unidades de cuidados intensivos y de positividad en las pruebas PCR (hisopados) superiores al 20 por ciento. Para el gobierno central estos parámetros fundamentan un aislamiento urgente de toda la comunidad, pero la administración local del PP se negó en los últimos días a un cierre total y mantuvo la postura de segregar por barrios y distritos. Finalmente, al cierre de esta edición, el Ministerio de Sanidad definió obligatoria la restricción de movilidad para diez ciudades madrileñas, entre ellas la capital.

SIN CUIDADO

Desde el inicio de la pandemia una de las frases más escuchadas es que el virus no entiende de clases sociales. Sin embargo, durante la primera ola de contagios y lo que va de la segunda, son los barrios del sur de Madrid los más golpeados. «El paquete que se presentó es exclusivamente de medidas punitivas de confinamiento y control. En ningún momento hubo una medida que sea de cuidado. No hubo refuerzo de la atención sanitaria, de la frecuencia de los metros. Tampoco hubo una realización masiva de PCR», dice a Brecha José Luis de la Flor, integrante del centro social La Villana de Vallekas.

El distrito de Vallecas es el más populoso de Madrid, con más de 320 mil habitantes. Cuenta además con una larga tradición de movimientos vecinales. La Villana de Vallekas forma parte de Somos Tribu, una red de organizaciones que se creó durante la pandemia y que articula una despensa solidaria, entre otras actividades de apoyo a las familias de la zona. En estos meses, los servicios sociales del Comunidad de Madrid están saturados y derivan sus usuarios al tejido popular que funciona en los barrios.

Son colectivos que también atienden otras problemáticas, como el de la vivienda. Según cuenta De la Flor, esta semana buscan detener tres desalojos. «Desahucian en el peor momento de expansión de la pandemia, sin que el Comunidad dé ninguna solución habitacional. En algunos casos son personas mayores de 70 años. Es una pérdida de cualquier tipo de garantías y percepción de derechos.»

La zona sur de Madrid es la más afectada por las políticas privatizadoras implementadas por los gobiernos del PP y el Partido Socialista. Los recortes en el gasto público causaron el desmantelamiento del sistema sanitario. «Si nos remontamos a la primera etapa de la pandemia, los centros de salud estaban desbordados, no había personal suficiente, no había médicos. En los hospitales de Vallecas se tenía que decidir a qué personas se atendía y a cuáles no, en razón de su edad. Incluso si se derivaban o no se derivaban pacientes», señala a Brecha Iker Merino, vecino de Vallecas y militante del partido Izquierda Castellana.

Otro de los servicios públicos afectados por esta crisis es el transporte. Según técnicos de atención primaria, las aglomeraciones en horas pico aumentan el porcentaje de contagios por covid-19. «Es reírse en nuestra cara que se propongan estas medidas de segregación mientras en los transportes públicos la gente tiene que viajar forzosamente pegada una con otra, solamente con la defensa de la mascarilla, sin poder tener una distancia social», afirma Merino. El confinamiento selectivo amplía aun más la brecha entre el sur y el norte, entre los barrios obreros y los barrios ricos. «Nuestra vida está confinada, salvo para generar plusvalía. Podemos ir a trabajar a los barrios del norte a servir copas, pero los niños y las niñas no pueden ir a los parques.»

Por decir fútbol

REPRESIÓN SELECTIVA

Desde que se anunciaron las medidas restrictivas, los vecinos salen a manifestarse bajo los lemas «No es confinamiento, es segregación» y «Ayuso dimisión» y convocan desde las redes sociales con los hashtags #ConfinamientoDeClase y #DignidadDelSur. Las consignas se suman a las movilizaciones que desde hace meses realizan los vecinos frente a los centros de salud, exigiendo el refuerzo de personal y la defensa de la sanidad pública. Aunque se trata de protestas pacíficas, el 24 de setiembre, mientras se hacía una protesta frente a la Asamblea de Madrid y alrededor del centro de salud Angela Uriarte en Vallecas, la Policía antidisturbios cargó sobre los manifestantes.

«No entendemos cómo se llegó a esa situación, porque los vecinos protestaban tranquilamente. Entendemos que quizás hubo alguna orden política para que entraran con esa violencia. Se dieron unas actuaciones muy desproporcionadas», comenta Merino. En la manifestación, la Policía arrestó a tres jóvenes de entre 18 y 19 años y a un cuarto, menor de edad, detenido cuando se acercó a la comisaría a preguntar por sus compañeros. Luego de ser puestos en libertad, los cuatro denunciaron haber sido golpeados y torturados por las fuerzas de seguridad y actualmente se encuentran con cargos a disposición de la Justicia.

Para De la Flor, esta represión es una muestra más de la criminalización que sufre el barrio y en particular sus jóvenes, víctimas del abuso policial. Según él, la Policía no actúa de la misma manera en concentraciones como las que ocurrieron en el barrio de Salamanca –una de las zonas con mayor renta per cápita de España– durante el primer confinamiento, cuando los vecinos exigían «libertad» y la dimisión del gobierno del socialista Pedro Sánchez (véase «Pescar en río revuelto», Brecha, 3-VII-20). «En el imaginario colectivo se vuelve a colocar a Vallecas como un territorio hostil, sobre todo para ciertos intereses. Esa misma construcción no la sufre la gente del barrio de Salamanca. A esa gente no la tocas. Hay una serie de voces que han ido transformando problemas de convivencia en problemas policiales. Eso da mayor facilidad para intervenir sobre personas que se manifiestan de manera no violenta y que en su mayoría son muy jóvenes.»

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