I.
Quizás sea difícil mirar la realidad chilena actual desde este lado de la cordillera. El recorrido de ambos países, golpeados en la década del 70 por la nefasta coordinación represiva del Plan Cóndor, parece bifurcarse tras la transición democrática.
Mientras que en Uruguay el régimen militar se vio deslegitimado por el rechazo popular de 1980 y el acuerdo de los sectores político-partidarios para asumir la derrota revolucionaria y transitar los estrechos caminos de la democracia burguesa, en Chile la democracia fue una clara prolongación legal de la dictadura, prolongación en la que se impuso el modelo económico neoliberal en profundidad. Se trata de una estructura social mercantilizada al servicio del capital privado, que, recordemos, en la última campaña electoral uruguaya fue señalada por algún candidato como ejemplo a seguir.
Pero ese paraíso ficticio estalló en octubre de 2019 como un volcán incontenible que, desbordando rebeldía y subversión, combinó la extrema solidaridad y la autoorganización social frente a la feroz represión del cuerpo de carabineros, que sostiene el legado de Augusto Pinochet. La represión sistemática de la movilización social motivó la formación de la Coordinadora 18 de Octubre, encargada del sostenimiento solidario de los numerosos presos políticos. Negados en las esferas gubernamentales, los presos políticos no han dejado de existir en Chile desde la pasada dictadura, como tampoco ha dejado de existir la oposición revolucionaria de distintos colectivos e individuos, evidenciada en la popular consigna sobre el aumento del boleto que desató la revuelta: «No son 30 pesos, son 30 años» (véase Brecha, 24-X-19).
II.
El 22 de marzo comenzó en Chile una huelga de hambre líquida por tiempo indeterminado, impulsada por nueve presos y presas que exigen que se deroguen las modificaciones hechas en 2019 en el decreto ley 321. Los cambios transformaron la libertad condicional –a la que anteriormente se tenía derecho tras cumplirse la mitad de la pena– en un beneficio muy difícil de acceder, ya que se debe cumplir dos tercios de la condena y se debe contar con la aprobación de un colegiado de gendarmes, lo que elimina del proceso la presencia de jueces y fiscales. Además, las nuevas disposiciones son retroactivas e inciden en el cumplimiento de las penas dictadas con anterioridad a su promulgación.
Esta huelga es una medida inédita, ya que implica la coordinación en cuatro centros penitenciarios entre prisioneros de distintas generaciones y tendencias ideológicas. Se trata de Francisco Solar, Mónica Caballero, Marcelo Villarroel, Joaquín García, Juan Flores, Pablo Bahamondes, José Durán, Tomás González y Gonzalo Farías, junto con Juan Aliste, quien, por problemas de salud, no hace la huelga, pero apoya la medida. Están detenidos en la Cárcel de Alta Seguridad, en la Sección de Máxima Seguridad (ambas integrantes de la Unidad Especial de Alta Seguridad de Santiago), en el penal Santiago I y en la Cárcel de San Miguel. Tres de ellos fueron detenidos en el contexto de la revuelta iniciada en 2019, cuatro son anarquistas acusados de colocar explosivos y a tres más se los acusa de expropiaciones y ataques a las fuerzas represivas. Con largas condenas de prisión por delante y en situación de aislamiento, este conjunto diverso de presos ha mostrado la capacidad de coordinar una acción de lucha que, de ser exitosa, no implicaría necesariamente un beneficio particular, sino uno colectivo para todos los presos chilenos.
III.
El caso más visible de esta huelga es, quizás, el de Villarroel, a quien le afectan directamente las modificaciones del decreto ley 321. De 48 años, fue detenido por primera vez a fines de los años ochenta, cuando participaba de la organización armada marxista-leninista Mapu Lautaro y se convirtió en el primer prisionero político chileno menor de edad, según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja. A principios de los años dos mil se involucró en el colectivo libertario Kamina Libre y, como parte de este, «inauguró» la Sección de Máxima Seguridad de Santiago con varios procesos civiles y militares en su contra.
Actualmente Villaroel está condenado a 14 años de prisión por asaltar una sucursal bancaria. Lleva cumplidos 11, lo cual le habría permitido salir en libertad de no haberse modificado el decreto ley 321. Dada la retroactividad de las nuevas disposiciones legales, también se le suman condenas anteriores, por lo que deberá permanecer unos 20 años más en prisión. Es, además, el único preso político juzgado por fiscalías militares, aunque, teóricamente, ningún civil puede ser juzgado por ellas.
IV.
Mientras hoy en nuestro país el crítico contexto impuesto por la emergencia sanitaria hace cuestionable cada acto de movilización popular, la región chilena nos da –al igual que en 2019– un nuevo ejemplo de lo que la capacidad de lucha hace posible. La sociedad uruguaya –y la del mundo en general o, al menos, esa porción que desea una transformación sociopolítica con justicia social– no debería ser ajena a este suceso. Aunque parezca un hecho lejano a nuestra realidad, debe comprenderse la importancia del apoyo internacional a este tipo de medidas. Es evidente que al gobierno de Sebastián Piñera poco le importan la salud y la situación de los presos y los luchadores sociales en general, lo que ya ha quedado demostrado en la cantidad de muertos, heridos y pérdidas oculares causados por la represión de la revuelta popular (véase «Matar, torturar y mentir», Brecha, 6-XII-19).
En nuestro país los oscuros años de la dictadura se vieron cercados por la continua presión internacional, que limitó el accionar represivo del régimen y salvó numerosas vidas (como las de los 24 militantes del Partido por la Victoria del Pueblo que se encontraban desaparecidos en el centro clandestino Automotores Orletti y fueron presentados como recientemente detenidos en octubre de 1976, para simular ante la opinión pública internacional que los detenidos desaparecidos estaban, en realidad, libres y clandestinos). A su vez, medidas como la huelga de hambre llevada a cabo en el Penal de Libertad y la Cárcel de Mujeres (ambas en noviembre de 1980 y con repercusiones en París, Italia, Londres, Venezuela y Brasil), que en su momento podían parecer actos desesperados, reafirman el valor y la importancia de la lucha, sea en las condiciones que sea, para no regalarle la victoria al tirano.
V.
La cárcel y el aislamiento sistemático pretenden ser el punto final de cualquier poder despótico ante el desafío de la lucha de sus habitantes. El encierro extremo pretende aislar a los individuos para impedir las acciones colectivas y quebrar moral y físicamente a sus opositores.
A más de 15 días de iniciada la huelga, los presos presentan los primeros síntomas de debilitamiento físico, pero nos dan un ejemplo de entereza moral a quienes gozamos de una libertad de acción a veces desaprovechada. La medida demuestra el alcance de la lucha social y evidencia que sus límites nunca han de estar pautados por la represión, sino por la propia voluntad de ser sujetos activos de las transformaciones sociales y no objetos pasivos funcionales al poder. Detrás de los muros de las prisiones de Chile se hace hoy un llamado a la solidaridad internacional para restituir los derechos legales de todas las personas presas y por la dignidad de los seres humanos como luchadores vivos y activos.
