El coronel retirado Manuel Cordero fue detenido en Brasil en febrero de 2007 y extraditado a Argentina en enero de 2010 en el marco de la investigación que allí se hace sobre el Plan Cóndor. En mayo de 2016 fue condenado a 25 años de prisión por formar parte de una asociación ilícita responsable de la desaparición forzada de 105 personas.
A principios de 2018 la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó su extradición para que responda en la investigación que se sigue sobre los abusos sexuales y torturas cometidos contra 28 mujeres en centros clandestinos durante la dictadura, así como por el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien, hijos de los desaparecidos Victoria Grisonas y Roger Julien.
Una vez solicitado el arresto preventivo, el país solicitante de la extradición tiene 30 días para presentar la documentación que fundamente su pedido. En el caso de Cordero, como se ha dicho, este ya estaba y sigue estando preso, aunque cumpla la condena en su domicilio. Sin embargo, se cumplieron largamente los 30 días sin que Uruguay formalizara el pedido.
El fiscal Ricardo Perciballe, solicitante de la extradición, explicó a los colegas de Búsqueda que en el medio del trámite está Brasil. Como Cordero fue inicialmente detenido por la policía de Brasil, la justicia de este país debe aprobar su extradición a Uruguay como condición previa a que su par argentina examine la solicitud uruguaya.
La solicitud ante la justicia norteña debe ser realizada por la cancillería, y no está claro en qué medida la demora en la obtención de la autorización brasileña se originó en el Palacio Santos o del otro lado de la frontera.
De todos modos, Perciballe aseguró a Búsqueda que “una vez que esto se solucione, y si Brasil autoriza, se podrá entregar toda la documentación en forma y así iniciar el pedido formal”.
