La guerra de Ucrania «es una situación única y no puede ser comparada con ninguna otra guerra o conflicto en el mundo», explica a la revista Time el Comité Olímpico Internacional (COI) para justificar la exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos de París.
La invasión rusa a Ucrania es un hecho deplorable que debe ser condenado sin vueltas. Pero ¿de dónde saca el COI que es una guerra única, sin precedentes? Sin duda, de la galera de la mentalidad colonialista que aún domina en Occidente, que está detrás de decisiones institucionales y de la propaganda de los grandes medios de comunicación que ya no informan, sino que bajan línea.
Lo cierto es que, en plena transición del mundo unipolar centrado en el Norte global (Estados Unidos, parte de la Unión Europea [UE] y sus aliados) hacia un mundo multipolar con varias potencias y regiones que se relacionan en pie de igualdad, sin que ninguna pueda ordenar el mundo según sus intereses, todo análisis sensato se desvanece en los vientos coloniales, que vuelven a soplar con inusitada intensidad.
El nuevo orden que nacerá, probablemente, luego de una seguidilla de guerras locales y tal vez mundiales, estará anclado en varios países y regiones del Sur global y va cobrando forma en los últimos años en ancas de las guerras en Ucrania y en Gaza. Recordemos que la mayoría del Sur global (85 por ciento de la población mundial) no acompañó las sanciones a Rusia impuestas por el Norte global (15 por ciento de la población mundial) y, salvo excepciones, reconoce el Estado palestino, sensatez que lentamente va «contaminando» a casi la mitad de los países de la UE.
La contradicción Norte global versus Sur global ordena y subordina todas las demás. El conflicto trabajadores-patrones (burgueses y proletarios en el lenguaje marxista) ya no juega un papel importante en ningún escenario, aunque no ha desaparecido, en tanto el significado de la familia, el trabajo y el ahorro se evaporaron como valores defendibles desde una sensibilidad progresista e incluso conservadora.
Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Vladímir Putin pueden mentar la familia y la patria con la misma vehemencia que Jair Bolsonaro o Javier Milei, con lo que cualquier mapeo político-ideológico se vuelve tan imposible como innecesario. En el otro lado, el de las «democracias liberales», sucede algo similar. Defienden las libertades democráticas y las elecciones limpias allí donde desean avanzar en el control de reservas energéticas o donde no quieren perderlas. Más confusión y doble discurso.
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Creo que en Venezuela hubo fraude en las recientes elecciones por razones que me parece ocioso discutir, ya que las evidencias hablan por sí solas, aunque he leído a intelectuales a los que aprecio sostener lo contrario. En suma, en Venezuela existe un régimen autoritario y dictatorial, corrupto y represivo.
Sin embargo, creo que el problema mayor no es el fraude, que es muy grave por la degradación que enseña, sino la violencia sistemática contra los sectores populares. Me apoyo en los informes anuales de Provea (siglas del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) y en particular en el último, sobre la situación de los derechos humanos en 2023. Provea es un organismo creado en 1988 que jugó un papel importante en la denuncia de los crímenes de Estado durante el Caracazo de 1989, cuando gobernaba la «socialdemocracia» de Carlos Andrés Pérez, gran amigo de Felipe González y de Estados Unidos.
El informe de 2023 comienza denunciando que el autoritarismo se ha convertido en una política habitual en buena parte del mundo: Hungría, Turquía, El Salvador, Polonia, Filipinas, India, Nicaragua y Venezuela, entre otros, varios de ellos aceptados como «democracias» plenas. En lo que respecta a nuestra región, sostiene además que se producen «graves violaciones de derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua, Perú, El Salvador, Venezuela, Guatemala y hasta en Canadá y Estados Unidos».
En Venezuela, solo en 2023, se cometieron 620 asesinatos por las fuerzas estatales: «La Policía Nacional Bolivariana (PNB) es el organismo con mayor cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Fueron asesinadas bajo su actuación 185 personas, es decir, la PNB es responsable de 30 por ciento de estas muertes. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsable de 99 muertes, lo que representa 16 por ciento», dice el informe.
El dato mayor es escalofriante: «Desde que empezó a gobernar Nicolás Maduro se han registrado 9.995 violaciones del derecho a la vida», o sea, 10 mil asesinados por el Estado en una década. En paralelo, Provea denuncia al gobierno por «altos niveles de abuso contra la población; un uso deliberado y arbitrario de la letalidad policial, y por haber convertido a los jóvenes de zonas populares en objetivos. Esas políticas han sido lideradas desde el Ministerio del Interior y Justicia, donde la mayoría de los ministros han sido militares, situación que viene produciendo una mayor participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad, lo cual, por mandato constitucional, corresponde a los cuerpos policiales».
¿Por qué la comunidad internacional se muestra tan preocupada por el «asesinato» de las actas electorales y deja en la penumbra los asesinatos masivos contra jóvenes pobres en las periferias urbanas de Venezuela? Aquí también aparece un doble rasero.
Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo convencional del planeta. Arabia Saudita, la segunda. Venezuela es caracterizada como dictadura y sus procesos electorales son monitoreados. En Arabia Saudita no hay elecciones y los informes sobre la violación de derechos humanos harían palidecer al más duro opositor de Maduro. Human Rights Watch ha denunciado que «guardias fronterizos saudíes han matado al menos a cientos de migrantes y solicitantes de asilo etíopes que intentaron cruzar la frontera entre Yemen y Arabia Saudita entre marzo de 2022 y junio de 2023». Sin embargo, los grandes medios dicen dictadura cuando hablan de Venezuela y monarquía cuando se refieren al régimen de Riad. Los lectores pueden leer los titulares de Clarín, Infobae o La Nación para corroborar la manipulación propagandística.
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Entre 2013 y julio de 2024, la Policía de Estados Unidos asesinó a 13.091 personas, según el proyecto Mapping Police Violence. Una cifra absoluta algo superior a la de Venezuela, aunque Estados Unidos tiene una población diez veces mayor. Pero la dictadura de Maduro y la democracia de Washington comparten algo más: la mayoría de los muertos son negros y jóvenes.
El banco de datos Fatal Force, de The Washington Post, dice que «más de la mitad de las personas asesinadas a tiros por la Policía tienen entre 20 y 40 años». «Los afroestadounidenses constituyen aproximadamente el 12 por ciento de la población, pero entre 2015 y 2019 sumaron el 26,4 por ciento de todas esas muertes», sintetiza con base en ese banco de datos la BBC (3-VI-20).
«En comparación con otros países, la Policía de Estados Unidos ha matado a personas a un ritmo tres veces superior al de la Policía de Canadá y 60 veces superior al de la Policía de Inglaterra», dice el informe de Mapping Police Violence. Nuevo México tiene la tasa más alta de mortalidad policial. El lector no familiarizado con los mapas debe saber que se trata de un estado fronterizo con México.
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La geopolítica, disciplina maldita, está organizando las relaciones internacionales. Nadie en Uruguay se atrevería a sancionar o a romper relaciones con China, aunque, evidentemente, no es una democracia. ¿Será porque es el principal mercado de nuestras exportaciones?
Navegamos aguas turbulentas en las que el interés y la ventaja son los valores dominantes. Decir la verdad suena risible para no pocos, a ambos lados de la tranquera. Decir que Maduro es un dictador, pero también lo es Xi Jinping, no es algo que los parlamentarios y los gobernantes estén dispuestos a pronunciar, cuidando cada quien sus negocios.
