Los problemas de las violencias y los delitos no pueden ser gestionados sin deliberaciones, sin intercambios informados, sin discusiones honestas, sin esfuerzos colectivos y sin hojas de ruta que orienten las decisiones y las evaluaciones. La conciencia sobre los caminos fallidos que hemos transitado hasta ahora y la necesidad de impulsar otras medidas son también puntos a favor de una iniciativa que pretende dejar atrás, según se afirma, el repertorio mágico de las penas y el encierro. Introducir la idea de un plan nacional, además, produce una serie de efectos que no deben desestimarse: contiene posibles desvíos, habilita una discusión orientada por problemas, introduce una cierta racionalidad que obliga a los debates fundamentados, exige a los actores a salir de la rutina autocomplaciente y entorpece las estrategias polarizantes que han marcado la agenda en las últimas dos décadas.
Hace un año, en plena transición, desde esta columna señalamos que el nuevo gobierno generaba una expectativa razonable y que su gran desafío consistía en trascender la centralidad policialista y crear un nuevo diseño institucional de política de seguridad anclado en priorizar la integración social y prevenir la violencia y el delito. A mediados del año pasado, cuando los diálogos sobre seguridad estaban por comenzar, esbozamos algunos escenarios estratégicos para el despliegue de la política, a saber: la integración social como esfuerzo decisivo (incluyendo aquí las políticas de reinserción social); la prevención de la violencia y el delito como eje a construir; las políticas criminales y las cárceles como los asuntos que más obligan a transformaciones radicales; el delito organizado y el lavado de activos que requieren de nuevas medidas de control y de regulación, y las relaciones entre la política y la policía que establezcan un esquema real de conducción civil a la hora de definir fines y medios. Por fin, en agosto, cuando se hicieron públicos algunos diagnósticos sobre la violencia y la criminalidad en el país para alimentar los diálogos que estarían en la base del plan nacional, hicimos algunas observaciones críticas sobre la ausencia de referencias a las desigualdades socioeconómicas como elementos clave para comprender la intensidad y variedad de las violencias, y la carencia de diagnósticos institucionales para evaluar fortalezas y debilidades a la hora de pensar en las respuestas.
La idea de un plan de seguridad fue formulada en los primeros meses de gestión del actual gobierno, y consta de cinco etapas: diagnósticos, diálogo social (insumos), propuesta técnica (líneas de acción), propuesta política y validación social. Hasta el momento se han cumplido las dos primeras y se espera para el primer tramo del 2026 la formulación de la propuesta en concreto. Los tiempos son los lógicos, aunque la dinámica política reclama acciones de inmediato, casi siempre aprovechando las consecuencias de algún hecho de resonancia. La seguridad siempre tiene un encuadre de urgencia, y el manejo de los tiempos es tan decisivo como las propuestas programáticas en sí mismas. El plan debe pensarse también por su capacidad para marcar agenda y condicionar conversaciones relevantes y profundas.
En 2012, el gobierno del Frente Amplio lanzó al ruedo la recordada Estrategia por la Vida y la Convivencia, un documento improvisado para sortear una coyuntura difícil, que hacía pie en la noción de convivencia, pero que encubría un proyecto represivo muy marcado que, sin embargo, habilitó la discusión de la regulación del mercado del cannabis y, con eso, cambió todos los ejes de conversación. En la segunda mitad del 2023, el gobierno de coalición llamó a unos diálogos políticos y técnicos desde el Ministerio del Interior con la intención de dar forma a un enfoque «dual», pero lo hizo sin demasiado soporte y en un momento de extremada debilidad de una gestión plagada de escándalos. Hoy la situación es muy distinta, pues la iniciativa se lanza desde el inicio del periodo y con una proyección de solidez y apertura que nada tiene que ver con experiencias anteriores. Habrá que tener en cuenta los riesgos: en estos asuntos, apelar al diálogo y la deliberación huele a debilidad y a una supuesta falta de capacidad ejecutiva, y estas iniciativas, además, siempre suponen redistribución de poder y notoriedad en el plano político, académico y corporativo.
Semanas atrás, se hizo público un documento de síntesis sobre los encuentros llevados a cabo. Una suerte de relatoría que se despliega en un doble registro. En primer lugar, se reseñan las opiniones vertidas por los distintos actores (políticos, sociales, económicos, académicos) en las «mesas sectoriales» para tratar de identificar consensos, diseños, opiniones críticas y mapeos de recursos y capacidades a la hora de diagnosticar los problemas de seguridad y las posibles soluciones. El documento destaca una «narrativa común» asentada en la fragmentación de las respuestas estatales, la crisis del sistema carcelario y la necesidad de adaptar medidas a las exigencias de los nuevos escenarios (como los del cibercrimen), al tiempo que ordena los disensos en torno al rol de la seguridad privada, los alcances reales de las políticas de transparencia y disponibilidad de datos, y las tensiones entre las miradas punitivas y los enfoques sociales. Llama la atención que la discusión sobre los roles, las funciones y los modelos organizativos de la policía se hayan discutido en espacios aparte (solo con presencia de funcionarios policiales y otros expertos), por fuera de una mirada ciudadana sobre los desafíos y los problemas (que, por cierto, no son pocos) que presenta el trabajo policial.
El segundo registro introdujo mesas temáticas especializadas, que se ordenaron en torno a siete ejes: homicidios; violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes; armas de fuego y municiones; narcotráfico; ciberdelitos y fraudes informáticos; sistema de justicia criminal, y sistema de prevención del delito y las violencias. Se trata de balances provisorios de los que emerge un conjunto heterogéneo de propuestas que pueden habilitar un trabajo futuro de priorización. El listado de iniciativas solo tendrá sentido si se despliega dentro de un marco conceptual que le dé sustento. Del mismo modo, el mapeo de capacidades y recursos se construye a partir de la mirada específica de algunos actores, pero no debe sustituir un trabajo de diagnósticos institucionales sobre el rendimiento real de las instituciones y los actores de la seguridad. De nuevo: la ausencia de lecturas exigentes sobre el trabajo policial es el indicador más elocuente de lo que queremos decir.
Por otra parte, en un contexto como el actual, plagado de tentaciones autoritarias y de defensas suicidas de vías autocráticas, este documento recoge una cierta jerga de algunos organismos internacionales y la devuelve al centro de la discusión sobre las políticas de seguridad. Que se hable de los principios de «legalidad», «debido proceso» y «derechos humanos» ha de servir tanto para recordar cómo estos no se cumplen en nuestro propio país como para poner dique a la seducción perversa de modelos al estilo Bukele. Que la política de seguridad se deje transversalizar por discursos de no discriminación, por la perspectiva de género y por la protección de las poblaciones vulnerables debería complementarse con un énfasis mayor en torno a la centralidad de las desigualdades socioeconómicas y a un reconocimiento más expreso de las desigualdades raciales que atraviesan también las experiencias de victimización. La conducción civil de las políticas de seguridad y la necesidad de promover la «integridad» en el accionar de la fuerza pública no debería inhibir una estrategia más profunda en materia de políticas de policía y una revisión del papel real de las Fuerzas Armadas y de la seguridad privada en materia de abordaje del delito y las violencias. Por fin, la necesidad de la «corresponsabilidad» (de los diseños interinstitucio-
nales, de la transparencia y control ciudadano y de una articulación equilibrada entre la prevención, el control y la sanción) demanda un auténtico marco conceptual en clave sistémica.
El camino elegido por el gobierno es ineludible, y hay margen todavía para un esfuerzo político promisorio. El paso decisivo será el próximo, cuando la propuesta de líneas de acción tome forma y adquiera vida propia. Si evitamos un documento meramente transaccional, que reparta medidas para todos los gustos, que se apoye solo en los consensos y eluda los desacuerdos, y si asumimos una propuesta que movilice nuevas racionalidades y obligue al reposicionamiento de los actores –es decir, que obligue a hacer política en el sentido más hondo–, el plan nacional marcará un antes y un después y ayudará en serio a revertir tanto sufrimiento acumulado.
