Versiones acerca de la vida privada de personas espiadas en democracia –incluyendo sus opciones sexuales, relaciones extramaritales, comportamiento en la tortura– están contenidas en el llamado “Archivo Berruti” que se hizo público en el sitio web de Brecha sin proteger la identidad de las víctimas. Todas aparecen con su nombre completo y en algunos casos con su dirección. El supuesto amante de la esposa de un dirigente político y la supuesta relación lesbiana de la esposa de un ingeniero. El capitán sancionado por homosexual y el soldado visto en un acto de izquierda de quien se dice que fue expulsado del Ejército por “pederasta pasivo”. Etcétera.
Entiendo que para muchos deba primar el bien mayor de publicar las pruebas del espionaje aunque eso implique generar “daños colaterales”. Pero debimos haber expuesto a los victimarios preservando a las víctimas.
Se pudo haber hecho.
Deberíamos haber dividido el archivo entre diez periodistas y haber revisado, cada uno, 1.400 documentos. En veinte días de trabajo podríamos haber tachado los nombres donde se está violando la intimidad de las víctimas. Luego el Consejo de Redacción debió haber revisado esas tachaduras, que no iban a ser más de cien, chequeando que no se hubieran salido de los criterios previamente acordados.
No estamos hablando de censura ni de “erigirnos en dueños de la verdad”. Estamos hablando de proteger a las víctimas. Los periodistas “tachamos” todo el tiempo y todo el tiempo manejamos información reservada de la cual hacemos público sólo aquello que –aplicando criterios profesionales– entendemos que es relevante y que no daña la intimidad de las personas inocentes. En cada artículo decidimos qué publicar y qué no publicar. Para eso nos formamos.
Pensemos en ese documento en que aparece la versión de inteligencia de que la esposa de un ingeniero tiene una amante lesbiana. Imaginemos que sus nombres estén tachados. Quedaría intacto el derecho de la sociedad a conocer la práctica de espionaje en democracia. Pero habríamos protegido a esas mujeres. Nadie tiene que dar cuenta de lo que ocurre en sus alcobas si no desea hacerlo.
Escribió el Consejo de Redacción en la edición del 11 de agosto de 2017: “Lo cierto es que aceptar la decisión de pubicar ‘el archivo crudo’ sin los usuales cuidados periodísticos sobre la información y el contexto, si bien problemática, tiene un sentido y una razón de ser, y está llamada a intervenir directamente sobre una realidad que creemos insostenible, lo que transforma a la acción de liberar el archivo no en un hecho periodístico, sino en un hecho político”.
El problema es que nosotros hacemos periodismo y ninguna de nuestras decisiones, sea del tipo que sea, debería saltarse “los usuales cuidados periodísticos”.
Si el semanario no quiere quedar encerrado en su propia mirada mayoritaria de los hechos, debería convocar un amplio diálogo con colegas de todos los medios para que los periodistas generemos un protocolo sobre cómo difundir archivos de inteligencia. Porque debemos hacer las dos cosas: dar a conocer la verdad y a la vez evitar provocar más daño donde ya hubo tanto dolor.
