La joya de la corona - Semanario Brecha
Gobierno pretende liberalizar el mercado de internet, después de una recaudación récord de Antel en 2020

La joya de la corona

Un informe elaborado por el director frenteamplista de Antel señala perjuicios millonarios para el ente en caso de que el gobierno mantenga su estrategia en materia de telecomunicaciones, que impacta en todas las líneas de negocios de la empresa, incluida el servicio de banda ancha. El Ejecutivo sigue con sus intenciones, a pesar de que en 2020 la telefónica estatal logró un nuevo récord en la recaudación por servicios de banda ancha: 410 millones de dólares, de acuerdo a información pública obtenida por Brecha.

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Los ingresos por banda ancha fija al hogar alcanzaron en 2020 un nuevo récord histórico: 17.232 millones de pesos (unos 410 millones de dólares). Esto representó un incremento de 36 por ciento en comparación con 2018, cuando los ingresos fueron de 12.688 millones de pesos. En el segundo semestre del año pasado, la cifra fue de 9.274 millones de pesos, según la respuesta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (ursec) a un pedido de Brecha1 de acceso a la información pública.

Actualmente, cinco empresas –Antel, Dedicado, Movistar, Claro y Kalil– venden servicios de internet en Uruguay, pero la empresa estatal posee el 99 por ciento de participación en el mercado. De esta forma, los ingresos por banda ancha fija se consolidaron como una de las principales líneas de negocio de la empresa estatal, con una ganancia neta de unos 160 millones de dólares al año.

Los datos del primer semestre de 2021 parecen consolidar la relevancia de este negocio: Antel facturó 9.084 millones de pesos en los primeros seis meses del año. De hecho, este fue el único rubro en que el ente registró un crecimiento de ingresos en comparación con 2020, en virtud del aumento de los clientes –por mayor acceso a la fibra óptica– y el ajuste al alza de las tarifas.

Una serie de medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo, empero, puede afectar en forma sustantiva los ingresos de la telefónica estatal. Los proyectos de la Ley de Urgente Consideración y la Ley de Medios (en su artículo 48) proponían eliminar el monopolio de Antel en la venta de datos fijos al hogar y habilitar a los propietarios de servicios de televisión por cable –los cableoperadores– a brindar servicios de internet. Además, se obligaba a Antel a arrendarle su infraestructura de fibra óptica a la competencia. Las dos disposiciones quedaron relegadas por diferencias en la coalición de gobierno.

Sin embargo, Cabildo Abierto (CA) solicitó que el tema sea incorporado en la Rendición de Cuentas. La propuesta cabildante apunta a que los cableoperadores del interior obtengan la licencia para brindar servicio de internet mediante el tendido de redes propias o arrendando las redes de terceros. Con esto, podrían brindar el doble play (televisión por cable e internet). Según un informe del director frenteamplista de Antel, Daniel Larrosa, habilitar la participación de privados en este negocio implicará un perjuicio de entre 50 y 76 millones de dólares por año para Antel; es decir, un tercio de sus ganancias.

En diálogo con Brecha, Larrosa explicó que la única alternativa viable para los cableoperadores sería contratar la fibra óptica de Antel, ya que el tendido de redes propias (fibra óptica) requeriría una inversión millonaria y el uso de las redes actuales (cable coaxial) supondría una baja calidad del servicio de internet. Larrosa recordó que en los últimos diez años, Antel invirtió unos 800 millones de dólares en el servicio de fibra óptica, con lo que logró una cobertura del 86 por ciento de hogares y empresas, y está en proceso de recuperar esa inversión.

Con esta propuesta, dijo, la telefónica pública pasaría a operar como vendedor mayorista, lo que incrementaría la ganancia de los cableoperadores a expensas del ente, que hoy vende el servicio en forma directa. «Es una privatización sin contrapartidas del sector de mayor crecimiento de Antel; se privatiza por cero peso», apuntó el director. Además, alertó que otorgar estas licencias abre la puerta para que los cableoperadores incorporen también la venta de telefonía móvil, mediante acuerdos directos con Claro o Movistar, competidoras directas de Antel en este segmento, con lo cual podrían ofrecer el codiciado paquete del triple play (contenido audiovisual, internet y telefonía).

Asimismo, la apertura del mercado de internet supone la «entrega indirecta» del mercado de servicios digitales, en el que está el futuro del sistema de las telecomunicaciones: «Se abre la puerta a la parte más importante del negocio, todo lo que hay detrás del servicio de internet; se entrega una mina de oro». De acuerdo al informe, resignar este mercado podría significar pérdidas de entre 77 y 197 millones de dólares al año. A esto se le sumarían entre 30 y 86 millones de dólares de pérdidas por la decisión de Antel de retirarse del mercado de contenido multimedia (con el desmantelamiento de Vera TV y la decisión de no comprar los derechos de transmisión de los últimos Juegos Olímpicos), un sector en expansión en el mundo que, entre otras cosas, permite la fidelización de los clientes de la telefonía móvil.

La estimación efectuada en el informe de Larrosa –que será presentado este viernes en el Directorio– es que Antel podría perder entre el 18 por ciento y el 35 por ciento de los ingresos esperados para los próximos 20 años, lo que en números fríos significa entre 1.884 millones de dólares y 4.554 millones de dólares. Esta cifra incluye eventuales pérdidas por la resignación del liderazgo en los avances de la tecnología 5G, los costos de la portabilidad numérica y el descenso en el precio de terminación en telefonía fija y móvil (el que se paga cuando un usuario llama a un telefóno de otras compañías telefónicas).

1. El dato sobre ingresos de banda ancha fija al hogar en el segundo semestre de 2020 no está incluido en el Informe de Evolución del Mercado de Telecomunicaciones, ya que «existía un desfasaje entre la fecha de presentación de la información de los ingresos, fecha de cierre de los balances contables, con la fecha de publicación del informe de mercado», informó la ursec a Brecha.

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