«Bella Unión es un pueblo sufrido», dice Sandra Luquez Santana, hermana menor de Miguel Ángel Cuello Santana, quien murió asesinado en 1972. Tenía 10 años cuando vio el cuerpo torturado de su hermano.
«Se llevaron a medio Bella Unión», comenta Roxana Gallo, hija del desaparecido Eduardo Gallo. El terrorismo de Estado tuvo manifestaciones especialmente duras en Bella Unión: hubo seis desapariciones forzadas, cinco homicidios, violación sexual, prisión política y exilio. Sin embargo, también hubo huellas menos visibles, como los efectos en la vida cotidiana y el tejido social. La discriminación y la segregación de familiares, amigos y amigas o vecinos y vecinas continuaron más allá de 1972. Las memorias de la época de los asesinatos circulan por los márgenes: detenciones, razias, allanamientos y helicópteros que sobrevolaban la ciudad. Esos sonidos y el miedo todavía se sienten.
¿Cómo hacer justicia sobre hechos que ocurrieron hace 52 años? El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión recabó una serie de testimonios sobre los asesinatos, las torturas y otras violaciones de los derechos humanos en la comunidad que hicieron posible construir la causa que el 22 de mayo fue formalizada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de esa localidad. Los testimonios de Delcia Machado, Ruben Benítez y Héctor Cardozo permitieron reconstruir la historia y dar base a la causa del asesinato de Miguel Ángel Cuello Santana y las torturas a otras personas en el Regimiento de Caballería 10 en 1972.
Miguel Ángel Cuello no pertenecía a ningún partido, no era del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), tampoco militaba en la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA). En su casa había un club del Partido Colorado. Tenía 21 años y trabajaba en la construcción. Jugaba al fútbol con amigos que conocía de su infancia, algunos de los cuales eran simpatizantes del MLN. Fue detenido el 19 de junio de 1972, en el marco de redadas de la Fuerzas Conjuntas en la zona. Y fue asesinado por la espalda el 29 de junio de ese mismo año.
La denuncia promovida por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión, con la representación del abogado Cley Espinosa, se presentó en 2022. En diciembre de 2023 la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad solicitó la formalización de los represores Abayubá Burlón y Héctor Varela, ambos jerarcas de las Fuerzas Conjuntas en Bella Unión en 1972, vinculados a las torturas y otros delitos cometidos en el Regimiento de Caballería 10.
Después de 52 años de ocurridos los hechos, la jueza Susana Machado formalizó a Héctor Danilo Varela Pereyra por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves contra más de 60 personas secuestradas por las Fuerzas Conjuntas en 1972. La jueza no hizo lugar al pedido de prisión preventiva por 180 días solicitado por la fiscalía y ordenó arresto domiciliario con tobillera electrónica por 150 días. La fiscalía alertó sobre el peligro de fuga del imputado, dado que tiene los medios para hacerlo, y recordó que 15 personas formalizadas por crímenes de lesa humanidad se dieron a la fuga y continúan prófugas. La decisión será apelada y se solicitará el cierre de fronteras y la entrega del pasaporte de Varela Pereyra.
Mientras transcurría la audiencia, los abogados de Varela Pereyra pidieron su suspensión debido a la ausencia del otro denunciado, Burlón, basándose en el artículo 134 del Código del Proceso Penal, que refiere a la presencia de los investigados en el proceso. Las medidas dilatorias que los abogados de los represores suelen usar fue una de las cuestiones que la sentencia del caso Maidanik versus Uruguay (2021) señaló al Estado uruguayo, al que le ordenó sancionar el uso abusivo de recursos y otras acciones claramente dilatorias que buscan evadir la justicia y perpetuar la impunidad.
La audiencia en la calle
Del cielo de Bella Unión caían cenizas por la quema de caña de azúcar. Adentro del juzgado compartían el mismo aire de una sala diminuta operadores jurídicos y denunciantes de la causa.1 Además, estaban dos integrantes de la Asociación de la Prensa Uruguayapara transmitir en video lo que allí ocurría: la audiencia de formalización del exmilitar Héctor Danilo Varela.2
El perímetro de la cuadra estaba cercado por camionetas policiales y vallas que impedían el tránsito. En la vereda de enfrente a la puerta principal del juzgado se reunieron integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión, familiares de las víctimas de la causa y personas allegadas. El escenario de espera se completaba con un pasacalle utilizado en la 30.a Marcha del Silencio, las fotos de las personas desaparecidas en la localidad y varios celulares, a los que se acercaban oídos ansiosos por escuchar el devenir de este hito histórico para la zona.
Las seis horas de audiencia fueron acompañadas por momentos de silencio para descifrar las palabras de la jueza, que, percibidas como un tímido murmullo, eran completadas por los comentarios de quienes intentaban interpretar el significado de los términos jurídicos u opinar acerca de su alcance. En cada subgrupo de personas, cada tanto, se rememoraban anécdotas de la época de la dictadura, sus propias detenciones, su pasaje por la tortura, amigos y amigas con quienes cayeron y hoy ya no están.
Una señora de aproximadamente 70 años evocó su militancia estudiantil y cuando les enseñaban a «los peludos» a escribir sus nombres para completar las fichas que exigía la Policía a quienes participaban en las marchas de los cañeros. Ella cayó con 17 años, junto con una amiga de 14. Después de un tiempo de tormentos físicos y de intentar vislumbrar la luz del sol a través de las vendas con que habían cubierto sus ojos, fue enviada a un centro del Consejo del Niño en Artigas.
Un periodista local se acercó y entrevistó a Jorge Rodas, quien fuera secretario general de la UTAA y del grupo de amigos de Cuello o Cuellito, como le dicen cariñosamente quienes lo conocieron. «Claro que lo recuerdo», respondió con cierto brillo en los ojos, mientras se preguntaba sin consuelo: «¿Por qué lo mataron?, ¿por qué lo mataron?». «Tarda mucho la justicia, pero esperemos que llegue a donde tiene que llegar», dijo al periodista.
Al acercarse el final, ya se sentía el frío. Gracias a un parlante que alguien amablemente acercó, se escuchó en ronda la aceptación de parte de la jueza del pedido de formalización. Aplausos y abrazos. «La justicia llega. Gracias, Charito», le dijo Sandra Luquez Santana a la militante y referente histórica del grupo de trabajo, Luz Estefanell.
La Policía se formó en línea y preparó sus escudos en dirección a la vereda contraria, donde, tras el pasacalle por memoria, verdad y justicia, las personas esperaban de pie la salida del imputado, quien rápidamente subió custodiado a una de las camionetas policiales. El tiempo fue suficiente para gritar unas cuantas veces: «¡Miguel Cuello, presente! ¡Miguel Cuello y todos, presentes!».
Las tres autoras son integrantes de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República y escribieron esta columna desde ese anclaje institucional.
- Los denunciantes firmantes de la causa son Nicolás Colacho Estéves y Hugo Dávila. ↩︎
- La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad también había solicitado la formalización del exmilitar Abayubá Burlón Correa, quien no concurrió a la audiencia y alegó razones de salud, y no fue formalizado. ↩︎